Carlos Stornelli quedó finalmente fuera de juego como fiscal de la causa de espionaje que se instruyó en Lomas de Zamora y pasó en las últimas semanas a Comodoro Py. El juez Marcelo Martínez de Giorgi aceptó la excusación de Stornelli,que buscó una salida elegante para lo que era una misión imposible: que un fiscal procesado en una causa de espionaje terminara investigando una trama semejante que involucra a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y al Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el macrismo.

“El tribunal concluye que existen elementos suficientes que permiten inferir un temor de parcialidad de parte de Carlos E. Stornelli”, escribió Martínez de Giorgi y envió el expediente al fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, para que defina qué representante del Ministerio Público deberá llevar la causa que estuvo en manos hasta el mes pasado de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, junto con el juez Juan Pablo Augé.

En febrero, mientras la Cámara Federal de Casación estaba debatiendo si la investigación de espionaje debía continuar en Lomas de Zamora o pasar a Comodoro Py --como finalmente resolvieron Mariano Borinsky y Javier Carbajo--, Stornelli se presentó para excusarse de intervenir únicamente en un legajo de la causa: el nueve, dedicado al espionaje penitenciario. Dijo que, como él era querellante en la causa conocida como el Operativo Puf, no podría intervenir. Esa causa se usó para torpedear la investigación del D’Alessiogate, en la que terminó procesado el propio Stornelli por sus andanzas junto con Marcelo Sebastián D’Alessio.

Después del pase a los tribunales de Retiro, el expediente quedó inicialmente en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, que se excusó diciendo que ella misma había sido espiada por la AFI de Gustavo Arribas, según surgía de otra causa en la que se examina cómo se usaron las bases de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para vigilar a jueces, fiscales y políticos.

Martínez de Giorgi aceptó la excusación de Capuchetti y se hizo con el expediente. El juez le corrió vista al fiscal para que respondiera por su excusación y por una recusación que habían presentado los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort. Ellos habían señalado que la causa de Lomas tenía incorporado otro expediente en el que estaba denunciado concretamente Stornelli. Era difícil que se investigara a sí mismo.

Como Stornelli tuvo que ser internado por Covid, lo reemplazó la fiscalía de Carlos Rívolo, que respondió que su colega ya había manifestado la voluntad de excusarse en la causa. Con esa contestación, evitó analizar el planteo de Rúa y Peñafort que ponían de resalto la vinculación de Stornelli con las escuchas a los presos kirchneristas en el penal de Ezeiza.

Cuando Agüero Iturbe defina qué fiscal se hará cargo del expediente, la investigación volverá a ponerse en marcha. La causa tiene 39 procesados, entre los que se cuentan las cúpulas de la AFI, del SPF y los espías conocidos como los Súper Mario Bros. También está procesada la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo y fue apelada la falta de mérito que dictó el juez Augé en el caso de Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri y el verdadero artífice del pase de la causa a los tribunales de Retiro.

Al momento de la mudanza a Comodoro Py, los fiscales Incardona y Eyherabide tenían una línea de investigación abierta: analizar el rol de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ), que comandaba el abogado Juan Sebastián de Stefano, y fue responsable de las escuchas a los presos kirchneristas en Ezeiza, que se filtraban a medios afines al macrismo o llegaban a manos de Stornelli o de Elisa Carrió.  Además, la fiscalía había retomado la investigación sobre Nieto, que había estado inicialmente acusado de recibir información ilegal de los Súper Mario Bros a través de Martinengo.