La fiscala María García Pisacic pidió más policías al ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro ante la denuncia del encargado de la empresa de capitales extranjeros, La Moraleja, por las tomas de tierras en su propiedad en Las Lajitas. Por otro lado, la funcionaria informó que pidió una mediación que se suspendió el viernes porque la mediadora Viviana Sosa fue internada y afirmó que no solicitará el desalojo. Además en Gaona se produjo otra toma de tierras este fin de semana.

La fiscala dispuso el viernes que se notifique al intendente de Las Lajitas, Fernando Alabi, y al encargado de la finca La Moraleja, Jorge Galeano, quien realizó la denuncia por usurpación, y a un representante de las personas apostadas. El Ministerio Público Fiscal informó a Salta/12 que es posible que la audiencia de mediación se realice este lunes. 

García Pisacic informó a Pulleiro sobre el asentamiento que comenzó el 26 de mayo en la finca La Moraleja. Dijo que cuando se constató el ingreso de las personas a las tierras requirió a la jueza Patricia Rahmer la medida cautelar de no innovar para que se prohiba el ingreso de la gente. Sin embargo, le expuso al ministro que los vecinos seguían entrando al predio el 27 de mayo "no pudiendo contener la situación". Dijo que no se pudo cumplir con la cautelar y que ésta tenía como fin prevenir "el daño irreparable" a "las personas y las cosas". La fiscala detalló que en la primera intervención policial un efectivo resultó lesionado. Ocupantes del predio contaron a Salta/12 que fueron reprimidos con gas lacrimógeno, que la policía efectuó disparos y que hubo personas golpeadas. 

La fiscala detalló que había entre 700 y 1000 personas en la toma. La solicitud a Pulleiro es para que provee mayores "recursos humanos y materiales" a la dependencia policial de Las Lajitas para la "contención" de la situación. En tanto, en el asentamiente temen una represión policial, aunque manifestaron que seguirán allí hasta obtener respuestas y dijeron que la entrega de terrenos fue una promesa del intendente Fernando Alabi en campaña electoral. 

El senador Marcelo "Teno" García y el diputado Marcelo Paz fueron señalados como "instigadores de la toma" por un medio de comunicación. El Ministerio Público informó que está investigando este tema. El senador García dijo a Salta/12 que acudió al lugar por pedido de la gente que está en el asentamiento y negó haberlo instigado. "Explicamos la forma en que el Estado pueda ayudar", sostuvo. 

El legislador dijo que una de las opciones sería la compra directa del gobierno provincial y municipal de esas tierras a la empresa si es que hay un acuerdo para se las vendan. "Si coinciden en precio y condiciones de pago es una alternativa", valoró. Por otro lado dijo que si la empresa se niega a vender, la otra opción es la expropiación, aunque consideró que ésta sería "la última alternativa". "Si hay voluntad de las partes esto se soluciona fácil", aseguró y dijo que se comunicará hoy con el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas del gobierno provincial, Pablo Outes, para gestionar alternativas de solución. 

García sostuvo asimismo que el crecimiento demográfico de la población y el déficit habitacional es una problemática "de larga data" en Anta y en el resto de la provincia. Dijo que los cinco municipios del departamento Anta tienen tierras tomadas en estos momentos. 

Ante el pedido de más policías que realizó la fiscala al ministro Pulleiro, el senador García dijo que hay familias completas asentadas con niñxs y personas mayores, "no me parece lo mas aconsejable un desalojo". Por otro lado dijo que ve como atinada la decisión de la fiscala de llamar a las partes al diálogo en un proceso de mediación.  

Otro asentamiento en Gaona

En el pueblo de Gaona, también en el sur provincial, se produjo otra toma este fin de semana. El senador García señaló que son alrededor de 100 familias asentadas en 5 o 6 hectáreas.  

El  legislador detalló que la empresa ganadera denominada del Valle de Anta donó 5 hectáreas al municipio de El Quebrachal, del que depende el pueblo de Gaona. Esas tierras fueron transferidas por la intendencia a la provincia para que se incorporen al Plan Mi Lote. Sin embargo, aunque las personas se inscribieron, hasta la fecha no hay un sorteo y distribución de esos lotes.

García dijo que la gente se inscribió masivamente en Mi Lote pero "no tenía fecha ese programa", "no se hizo ninguna entrega" y "el problema no es solo en Anta", enfatizó. Consideró que el gobierno provincial tiene que avanzar con expropiación o compra de terrenos. "La gente sale a la calle por real necesidad, hay dos o tres familias en una casa. Esto se resuelve con plata", afirmó.