Milagros tiene 31 años y tres hijas de entre 11 y 1 años de edad. Desde hace un año ocupó uno de los terrenos del denominado Portal Norte II, parcelas saneadas y entregadas a bajo costo por la Municipalidad de la capital de Catamarca para la construcción de viviendas. A ese lugar llegó luego de realizar más de una docena de denuncias contra su ex pareja y que la Justicia no actuara. La orden de desalojo ya fue emitida y ella asegura que no tiene a dónde ir.

La abogada que la ayuda, Silvia Barrientos, contó la precaria situación que vive la joven, quien con el dinero de la Asignación Universal por Hijo compró bloques y ella misma levantó cuatro paredes e improvisó un techo con nylon y palos para poder resguardarse.

“Desde que supo que iban a desalojarla comenzó ella misma un recorrido por la Justicia para poder saber en qué Fiscalía estaban las denuncias que realizó desde el año 2016 contra su ex pareja para poder presentar en Catastro y evitar que la saquen de donde ésta”, contó la letrada.

Milagros había iniciado desde el principio un trato con la dueña del terreno para que se lo dé o se lo venda, es por esto que comenzó la construcción. Sin embargo, Barrientos dijo que le llegaron comentarios de que luego intervino "la Unidad Judicial ocho" y al parecer se frustró la posibilidad de una cuerdo con la propietaria.

Si bien la joven comprende que estar en un terreno que no es de ella constituye un delito, también conoce que le asisten derechos a ella y sus hijas menores de edad. "Hasta el momento, sólo puede pensar en que si la sacan del lugar donde vive podrían quitarle también a las criaturas", sostuvo la abogada. 

“Milagros, en una de sus denuncias cuenta que hasta fue víctima de intento de homicidio. Además, relata que su ex golpeaba a sus hijas y ella decidió irse porque la Justicia no sólo la abandonó, sino que temía que él mate a las nenas por cómo las trataba”, dijo Barrientos.

En una de las denuncias a la que tuvo acceso Catamarca/12, la mujer relata: “Después de pegarme tomó a la bebé que lloraba muy fuerte. Accionó la llave del agua y la puso debajo del chorro varios minutos lo que ocasionó que ella se ahogara. Después de eso la sacó del chorro y le pasó la mano fuertemente por su rostro mientras yo pensaba que podía matarla. Cuando logré sacarle a la beba de sus manos con mi hija de tres años corrimos al baño y nos encerramos ahí hasta que se fue”.

La casa en donde vivía era de su expareja, y ella permanecía en el lugar porque no tenía trabajo para mantener a sus hijas ni lugar a dónde vivir.

“Tomar la decisión que tomó de vivir en un rancho precario, sin baño, sin techo ni ninguna comodidad, lo hizo por un estado de necesidad y eso no es delito”, resaltó la abogada, quien además explicó que no sólo se opondrá al desalojo, sino que presentará un recurso de amparo, ya que “El Estado antes de actuar debe fijarse si ella tiene a dónde ir y saber si antes actuó. Hasta donde sé, en este largo derrotero de denuncias, ella estuvo en el hogar para víctimas de violencia un tiempo, después le dieron desde Desarrollo Social mil pesos para que alquile, una suma que lógicamente no le alcanzó y ella después pensó en desenvolverse sola porque necesitaba un lugar en donde estar y cuidar a sus hijas”, dijo la abogada.

El estado de necesidad justificante está previsto en el artículo 34 del Código Penal, tiene lugar cuando el mal evitado es mayor que el producido. “En este caso, la ausencia de antijuricidad proviene de la necesidad de evitar un riesgo cuya concreción no puede ser evitada sino mediante el sacrificio de un bien jurídico”, explica el instrumento legal.