El padre del adolescente Santiago Cancinos que fue hallado sin vida el pasado 3 de junio luego de cuatro años de búsqueda, fue propuesto por el bloque de mayoría de Diputados para reemplazar en la Auditoría General de la Provincia (AGP), al ex integrante por el Partido Renovador, Ramón José Muratore, al que se le venció su mandato en mayo.

La noticia sorprendió por la cercanía de los hechos sucedidos a principios de mes, cuando se anunció el descubrimiento del cuerpo sin vida del adolescente trans que era buscado por sus padres desde su desaparición. Sin embargo, los siete legisladores que integran la comisión de Auditoría aprobaron por unanimidad su postulación y aclararon que Javier Cancinos está calificado para el puesto por haberse capacitado al respecto y que realiza desde hace tiempo la función de auditor en el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), lo que le suma experiencia.

La propuesta, realizada por los dos bloques saencistas que representan a la mayoría, llegó en primer lugar porque había un cargo vacante desde mayo, y si bien la banca le pertenece a uno de los bloques minoritarios, según quien hasta ayer fuera presidente de la comisión, el oficialista Germán Rallé, “la oposición se encuentra muy disgregada en monobloques o bloques de dos miembros”, lo que dificultaría la selección.

Añadió que Cancinos fue elegido justamente “porque no tiene filiación política, por lo que representa el pensamiento independiente y eso le brinda un equilibrio a la institución”. Cinco de los siete diputados de esta comisión responden al oficialismo.

Quien sucedió en la presidencia de la comisión de Auditoría a Rallé, Patricia Hucena, también defendió la postulación de Cancinos debido a que, más allá de no tener ninguna filiación partidaria, tiene idoneidad para el puesto: “con un vasto currículum, que lo hemos analizado, no solo por sus estudios, sino porque tiene experiencia desde la USI 10 del Ente Regulador”.

“Hemos buscado designar a una persona independiente y que responda principalmente a los criterios técnicos que son necesarios para la Auditoría”, añadió la legisladora, quien consideró que su postulación no tuvo que ver con lo sucedido con su hijo. “Más allá de las desgracia que han tenido que sufrir como familia, esta es una cuestión netamente técnico profesional de una persona capaz y preparada para asumir el cargo”, aseguró Hucena.

En estos casos, solo alcanza el dictamen favorable de la comisión pertinente para que el pliego con la postulación de Cancinos pase al Senado y allí sí sea tratado primero por la comisión de Justicia, Acuerdo y Designaciones y luego en sesión especial sea votada por la mayoría.

Justamente, uno de los integrantes de esa comisión en la Cámara alta, el representante por Rosario de la Frontera, Javier Mónico, adelantó a este medio que se opone a ese tipo de propuestas, entendiendo que “la función de control que ejerce un ente autárquico como la Auditoría se desnaturaliza si el poder que tiene que ser controlado es quien a través de sus legisladores propone a los integrantes”.

Y agregó que de esa manera “seguiremos con una Auditoría que solo se ocupa de municipios no afines al gobierno de turno”, haciendo entre otras cosas, mención a la denuncia que recibió por parte de la AGP el intendente de Rosario de La Frontera, Gustavo Solís.

Mónico aclaró que no tiene nada contra el propuesto Javier Cancinos ni pone en dudas su idoneidad, pero subrayó como un dato a tener en cuenta que Salta “es la provincia con mayor cantidad de contrataciones directas”, y hacia allí debería poner el foco esa institución.

Según un estudio de la Consultora Gómez Nieto, en base a datos de obra pública, Salta es la provincia que menos llamados a licitación tuvo durante 2020, incluso por debajo de la media nacional.

Javier Cancinos es contador y licenciado en Administración de Empresas, con una maestría en Auditoría Gubernamental otorgada por la Universidad de San Martín, y está a cargo actualmente de una de las Unidades de Sindicatura Interna del ENRESP, lugar al que accedió luego de haber sido tesorero y gerente administrativo.

Los cinco miembros de la Auditoría General de la Provincia tienen un mandato de 5 años y pueden ser reelegidos. Gozan de las mismas inmunidades que los jueces, y son removidos de sus cargos por las mismas causas que éstos mediante juicio político.

En mayo, el Senado renovó los cargos de Gustavo Ferraris, actual presidente de la Auditoría, y Omar Esper. El exjuez de la Corte de Justicia de Salta asumió como auditor en 2016. Mientras que el exsenador Esper es auditor desde diciembre de 2010, por lo que está cumpliendo su tercer mandato.

Ese mismo mes venció también el acuerdo para el auditor Ramón Muratore, pero en ese momento la comisión de Diputados no evaluó una nueva selección, que llegó ahora a propuesta de los bloques saencistas.

En diciembre finalizarán los mandatos del representante del Partido de la Victoria, Marcos Segura Alzogaray, y del representante del Partido Justicialista, Mariano San Millán.

La Auditoría General de la Provincia es el órgano rector de control externo del sector público provincial, cuenta con rango constitucional y tiene a su cargo el control técnico de la hacienda pública provincial y municipal, incluyendo sus organismos centralizados y descentralizados, cualquiera fuese su modalidad de organización, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de los servicios públicos, y cualquier otro ente público.