Miles de brasileños volvieron a protestar este sábado en las calles para exigir la destitución del presidente Jair Bolsonaro, con la novedad de la apertura de la investigación que ordenó ayer la Corte Suprema de Justicia por el delito de prevaricato con el que se acusa al mandatario de haber estado al tanto de un caso de corrupción en la compra de vacunas Covaxin y no haberlo denunciado a las autoridades.
Es la tercera jornada de manifestaciones en las últimas semanas contra el Gobierno, que enfrenta una presión creciente por una investigación parlamentaria sobre presuntas omisiones la gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de medio millón de muertos en Brasil.
Para la médica Patricia de Lima Mendes, de 47 años, que participaba de un acto en el centro de Rio de Janeiro, el Ejecutivo es el principal responsable por el alto número de muertes. "Son más de 500 mil vidas asesinadas por este Gobierno, por decisiones espurias, 'fake news', mentiras, y ahora ese escándalo absurdo de corrupción en relación a las vacunas", indicó.
Otras capitales estatales como Belem (Pará), Recife (Pernambuco) y Maceió (Alagoas) también registraron manifestaciones con pancartas que rezaban "Bolsonaro genocida", "Impeachment ya" y "Sí a las vacunas".
En los dos primeros meses de audiencias, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada por el Senado se centró sobre todo en la demora para sellar acuerdos con las farmacéuticas para adquirir vacunas, mientras Bolsonaro impulsaba el uso de medicamentos ineficaces contra la Covid-19 como la hidroxicloroqiuna y criticaba las medidas de distanciamiento social.
La semana pasada el testimonio de un funcionario del Ministerio de Salud cambió el foco de las investigaciones al declarar que en marzo pasado sufrió una "presión atípica" para concretar una compra de tres millones de dosis de la vacuna india Covaxin que, a su entender, presentaba indicios de irregularidades, entre ellas un precio mucho mayor al pagado por Brasil por cualquier otro inmunizante.
El funcionario Ricardo Miranda, hermano del diputado bolsonarista Luis Miranda afirmó haber trasladado personalmente las sospechas a Bolsonaro, quien se habría comprometido a llevar el caso a la Policía Federal, algo que aparentemente no hizo. Esto motivó la apertura el viernes de una investigación de la Fiscalía General contra el presidente. Se trata de averiguar si Bolsonaro cometió o no el delito de prevaricato, al supuestamente no denunciar las sospechas de irregularidades.
El Supremo Tribunal Federal avaló la decisión que ordena a la Policía Federal que se encargue de interrogar al presidente por ese contrato que fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo, y tres meses después de la reunión en Casa de Gobierno en la que Miranda le comentó a Bolsonaro sobre las irregularidades.
El escándalo sobre Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense Davati, dedicada a insumos médicos, denunció a un director de logística del Ministerio de Salud por pedirle un dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no llegó a cumplirse.
La apertura de la investigación se suma al "superpedido" de impeachement por 123 violaciones a la Constitución que presentaron diputados opositores, de derecha e izquierda, ante el Congreso.
