Desde Santa Fe

Los 16 niños y niñas que fueron víctimas del terrorismo de estado en 1980 tendrán reparación y justicia. El fiscal Martín Suárez Faisal anunció que iniciará una segunda causa para “investigar a fondo los hechos aberrantes” que sufrieron las familias de Catalino Paez, -el último referente político del PRT- y las de sus hermanos Miguel y Maria Ceferina Paez, perseguidos por el D2, el servicio de inteligencia de la Policía de provincia, que integraban los seis represores condenados esta semana por el Tribunal Oral de Santa Fe a penas de 16 a 5 años, por secuestros y torturas. El juicio reveló que el grupo de tareas no sólo se ensañó con los Páez y sus parejas, sino también con sus hijos, que eran 16 niños y niñas que tenían entre dos y quince años y recién pudieron declarar ante un tribunal 41 años después de los hechos. Mario Páez, hijo de Catalino, de 14, estuvo secuestrado dos meses en el D2, en San Martín y Obispo Gelabert, en pleno centro de Santa Fe, una de sus primas fue abusada en Esperanza, y cuatro primos, hijos de Miguel permanecieron como rehenes más de un mes en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), un centro clandestino que operaba el Ejército. Los otros chicos quedaron abandonados o bajo vigilancia del aparato represivo.

En el alegato, Suárez Faisal enfatizó “el daño colateral que sufrieron estas familias que fueron totalmente desmembradas”. “Todos los niños y niñas eran menores de 14 años”, dijo. “Para saber el daño que padecieron sólo tenemos que recordar cuando vinieron a testimoniar ante el tribunal. Hoy son adultos, pero en ese momento eran chicos” que fueron víctimas y testigos de la represión a sus padres, entre febrero y abril de 1980. Y a pesar de que ya transcurrieron 41 años, “no podían contener el llanto cuando recordaban” los suplicios. “No podía contener la emoción al recordar ese pasado de sufrimiento”, dijo el fiscal.

“Esto que fue tan triste y tan duro para las víctimas no podemos permitir que vuelva a suceder. Esa es nuestra función como magistrados del Estado, como miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público y como ciudadanos”.

Suárez Faisal dijo que “los hechos que hemos conocido a través del debate ya se vislumbraban en la etapa de instrucción de la causa, pero por cuestiones de estrategia procesal no pudieron llegar al juicio” que finalizó esta semana con las seis condenas. Así que anunció que promoverá “una investigación a fondo de hechos aberrantes” que sufrieron los 16 niños y niñas. En el debate sólo se trató el secuestro de Mario Páez en el D2, pero no el ataque a los otros 15 chicos, “cuya calidad de víctima quedó demostrado en el juicio”.

El fiscal solicitó al tribunal que remita las “constancias” del juicio a la Unidad Fiscal de Derechos Humanos –que está a su cargo- “para ponernos a investigar a fondo estos hechos”, como también lo solicitaron los abogados de la querella, Federico Pagliero y Anabella Marconi, del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario (APDH).

Catalino Paez tenía siete hijos, el mayor era Mario y el más chico Ceferino, que no había cumplido los dos años. Su esposa Juana estaba embarazada de una niña, María Deolinda Itatí, que declaró en el juicio. Miguel Paez tenía cuatro hijos que estuvieron cautivos con su mamá Elba, alrededor de un mes en la GIR. La mayor era Graciela de 15 y el menor Rodolfo de 5. Y María Ceferina Paez tenía cinco hijos: Ramona la mayor de 14 y Miguel el menor, de 7.

Pagliero dijo que después de la feria judicial, la querella solicitará nuevas indagatorias en esta segunda investigación. “Los testimonios fueron muy contundentes. Y con la materialidad de los hechos probados” en el debate, “ya tenemos acreditada la participación”. “Solo queda que el tribunal haga lugar, para que podamos tener un segundo juicio”.

Marconi remarcó que “en el momento de los hechos” en 1980, las víctimas eran “niños y niñas. Es muy importante remarcarlo porque fue la misma patota que estaba integrada por Eduardo Riuli –uno de los condenados- la que secuestró a los tres Paez: a Catalino, a sus hermanos y a sus parejas. “Los hijos de María Ceferina quedaron abandonados en Esperanza. Los de Miguel cautivos un mes en la GIR. Y seis hijos Catalino en la orfandad en una fábrica de ladrillos en Lima, provincia de Buenos Aires, donde vivían”.

“Fueron 16 niños y niñas víctimas de la dictadura que brindaron su testimonio con mucha valentía. Este es un caso muy particular de infancias devastadas por el terrorismo de estado que deben tener reparación y justicia. Por eso vamos a seguir”, prometió Marconi.