Los problemas de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón no se reducen al plano judicial. En el político, su permanencia como representante del Parlamento del Mercosur (Parlasur) está jaqueada. Este martes, dos representantes argentinos ante este cuerpo regional formalizaron la acusación por falta de decoro y reclamaron la expulsión del exasesor de Mauricio Macri, quien fue declarado en rebeldía por la jueza María Servini, después de que pidiera asilo en Uruguay para no presentarse a indagatoria por el hostigamiento a los dueños del Grupo Indalo.

Los representantes Cecilia Britto, del Frente para la Victoria, y Jorge Vanossi, de Unidos para una Nueva Alternativa, presentaron en la comisión de Presupuesto y Asuntos Internos el pedido para que “Pepín” pierda su mandato como integrante del cuerpo. Lo acusan de falta de decoro y de inhabilidad moral para representar al país.

“Si está cumpliendo el rol de representar a la República Argentina, no presentarse a dar las explicaciones ante la justicia de su país --y en una causa tan importante en la que está imputado, nada más y nada menos, que el propio Macri-- lo vuelve inhábil para desempeñarse en el Parlasur”, dijo Britto a Página/12 después de la reunión de la comisión que preside el uruguayo Conrado Rodríguez, del Partido Colorado.

Durante el encuentro, Britto y Vanossi caracterizaron a “Pepín” como uno de los principales asesores de Macri en materia judicial y remarcaron que ellos no se encuentran anticipando opinión sobre lo que pueda suceder en la causa que tramita ante Servini, sino que creen que una persona declarada rebelde no puede tener un cargo representativo. “Rodríguez Simón quiere alimentar dolosamente la idea de que en Argentina no hay estado de derecho, que a él y a otros lo persiguen”, se quejó Britto, que señaló que no hay ningún funcionario del macrismo detenido.

“Pepín” salió del país el 8 de diciembre pasado, cuando se encontraba en pleno trámite la investigación sobre los aprietes a Cristóbal López y Fabián de Sousa, los dueños del Grupo Indalo que terminaron presos durante el gobierno de Macri. El 18 de marzo, Servini decidió que tenía elementos suficientes para llamarlo a indagatoria y, a los once días, le dictó la prohibición de salir del país. Para entonces, “Pepín” ya llevaba más de cuatro meses en Montevideo, donde se dedica a asesorar a inversores y trabaja en un proyecto comercial en Maldonado y en un emprendimiento inmobiliario-turístico en Rocha, según le informó quien era su abogado a la jueza.

Rodríguez Simón debía volver al país el 15 de mayo. Sin embargo, el 17 de mayo, a través de una carta y de una entrevista en el canal LN+, informó que había pedido refugio en Uruguay porque se sentía perseguido por la Justicia argentina, algo que descartó de plano la jueza Servini dos días después cuando lo declaró en rebeldía y ordenó su captura nacional e internacional. El 8 de junio, Interpol emitió la alerta roja para encontrar y detener a “Pepín”.

El exasesor de Macri continuará en Uruguay hasta que se resuelva su situación. La jueza que entiende en el pedido de extradición que formuló Servini, Adriana Chamsarián, deberá esperar que la Comisión de Refugiados (CORE) emita su opinión para poder pronunciarse. El trámite no es rápido, y “Pepín” cuenta con esa demora a su favor.

En Comodoro Py, “Pepín” está también siendo investigado en la causa de la llamada “mesa judicial” del macrismo. Allí fue mencionado por el fiscal Gabriel De Vedia, quien declaró haberse entrevistado con él para pedirle que cesara el asedio sobre la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y que “Pepín” le respondió que si la jefa de los fiscales no renunciaba irían presas ella y sus dos hijas. Gils Carbó declaró el mes pasado ante el fiscal Franco Picardi, que instruye la causa, y recordó cómo el macrismo la convirtió en un blanco aún antes de que Macri llegara a la Casa Rosada.