Después de tapas y tapas de los grandes diarios, tras una denuncia grotesca de la diputada Graciela Ocaña y transcurridos seis años de procesamientos y embargos dictados por el ya fallecido juez Claudio Bonadio, el Tribunal Oral Federal 1 dispuso el sobreseimiento de todos los imputados por el llamado Plan Qunita, la compra de un kit destinado a evitar muertes de bebés. La clave fue el dictamen de la fiscal Gabriela Baigún, quien en un extenso análisis, en base a dos peritajes que debieron hacerse al principio del expediente, estableció que no hubo sobreprecios ni se direccionó la licitación, por lo que no hubo perjuicio para el Estado ni se cometió delito alguno. Los magistrados consideraron, por unanimidad, que no habiendo acusación fiscal en base a un dictamen sólido y fundamentado, no hay condena posible. Entre los sobreseídos están Aníbal Fernández, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y su viceministro, Nicolás Kreplak.
La causa Qunita ejemplifica lo que fue la persecución mediática-política-judicial antes y durante el gobierno de Mauricio Macri. Los pasos fueron casi siempre los mismos:
* Denuncia de una dirigente del PRO o afines, en este caso, Graciela Ocaña.
* Inmediato apoyo mediático, con tapas de diarios, repercusión en radio y televisión.
* Extraños sorteos en Comodoro Py en los que resultaban adjudicadas las causas a Bonadio o Julián Ercolini.
* Omisión de los peritajes más elementales o, aún peor, armado de peritajes truchos, como en el caso Qunita. Bonadio ordenó un estudio, pero como veía que se demostraba que no había irregularidad, lo anuló. Y, en cambio, basó el expediente en un kit aportado por Ocaña en el que faltaban buena parte de los elementos y hasta se incluyó una cuna peligrosa para la vida de los bebés.
* Sin peritaje o con uno trucho, en todas las causas Bonadio dictaba el procesamiento de los imputados y el embargo de sus bienes (ver más adelante).
* El expediente luego se cajoneaba e iba y venía de apelaciones en que jugaban las cámaras Federal y de Casación, alineadas con el macrismo y en sintonía con los grandes medios.
El TOF 1 integrado por Adrián Grünberg, Ricardo Basílico y José Michilini y a pedido de Baigún ordenó lo que se debió hacer desde el principio: la realización de dos peritajes. Uno técnico, orientado a la calidad del kit y sus materiales (moisés, ropita, chupetes, pomadas, talcos, libros instructivos y hasta preservativos). El otro peritaje fue contable, centrado en costos, precios y ganancias.
La abogada María Valeria Onetto, en representación de los seis empresarios que ganaron la licitación, hizo un demoledor análisis de los dos peritajes demostrando que no hubo sobreprecios y detallando que en el kit aportado por Ocaña en lugar de un moisés se presentó una cuna entre cuyos barrotes se podía caer el bebé y, además faltaban bolsas, cajas, logística, bolsillos claves, gorro, saco de dormir, babero, escarpines, transportes, pallets de acopio, almacenamiento, armado de los kits, planchado y empaquetado. Tampoco se tomaba en cuenta el pago de impuestos y la logística.
Por su parte, la fiscal Baigún destinó 70 páginas a analizar cada punto de la acusación, además de los materiales, los precios, cuestiones como los impuestos y las ganancias de las empresas. En su dictamen desmenuzó todos los elementos de acusación formulados por el fiscal de instrucción Eduardo Taiano --otra pieza del macrismo en Comodoro Py-- y el juez Bonadio. Como conclusión, Baigún consideró que ambos estudios constituían nueva prueba y por lo tanto utilizó los peritajes técnico y contable para dictaminar la inexistencia de delito.
* No hubo sobreprecios porque la base aportada por Ocaña no tenía sustento alguno.
* El precio al que se hicieron las adjudicaciones no fue muy distinto al sugerido por la Sindicatura General de la Nación.
* La ganancia de los que se quedaron con la licitación fue del 15 o 18 por ciento.
* No hubo direccionamiento, porque compitieron nueve empresas y la convocatoria fue abierta.
* No se puede hablar de direccionamiento cuando el propio Bonadio sobreseyó a Juan Manzur, exministro de Salud y responsable de la licitación.
* Baigún en su momento sostuvo que la mayor pérdida para el Estado fueron las demoras en distribuir los kits retenidos por Bonadio y los gastos de almacenamiento.
El primer voto y el que lideró el fallo del TOF 1 fue el de Grünberg, que sostuvo que pedir el sobreseimiento era adecuado ante la aparición de los peritajes. “Se trata de nueva prueba no valorada en instancias anteriores. Y eso habilita al tribunal para poner fin a la persecución penal”. Pero el punto en el que los tres magistrados estuvieron de acuerdo fue resumido así por Grünberg: “No puede haber proceso sin acusación. Y ésta debe ser formulada por una persona ajena al tribunal sentenciador. De modo que, si el fiscal no acusa, los jueces no pueden promover el proceso por iniciativa propia y menos aún dictar sentencia condenatoria sin afectar las garantías de la defensa en juicio y la imparcialidad”. La única excepción podría ser que el dictamen fiscal carezca de fundamento, pero los tres jueces le reconocieron a Baigún “la solidez de sus fundamentos basados en derecho y elementos probatorios”.
El objetivo del Plan Qunita era evitar la mortalidad en hogares sin recursos, donde el recién nacido suele dormir con los padres y correr el riesgo de ahogarse. La persecución política frenó esa iniciativa --diseñada por el joven, ya fallecido, Tiago Ares-- y la convirtió en una causa penal. Seguramente tuvo su costo en vidas de bebés.
El peso del embargo
El fallo del TOF 1 puede pasar como un intrascendente gesto burocrático, pero basta tomar el ejemplo de lo que vivió Nicolás Kreplak para tomar dimensión de lo que significó la falsa denuncia de Ocaña.
A Kreplak, como a todos los demás imputados, Claudio Bonadio le dictó un embargo por 440 millones de pesos, una cifra descabellada que por supuesto el ahora viceministro no tenía ni remotamente.
Eso llevó no sólo a que le embargaron su departamento de 50 metros cuadrados y su auto de 2014, sino incluso lo que cobró por sus clases en la UBA o lo que le pagaron por atender pacientes de una obra social. La orden de Bonadio era que debía embargarse todo lo que no fueran sueldos, y en la retribución por las clases o la atención a pacientes no decía la palabra "sueldo". Pero, además, al momento del embargo, él tenía ahorrado un dinero proveniente de sus ingresos y como estaban en una cuenta se los bloquearon también.
En los seis años que lleva la causa, la familia Kreplak se agrandó con dos bebés y además hoy el viceministro trabaja en La Plata. El embargo traba cualquier movimiento o garantía para un alquiler.
Y, por supuesto, el mayor peso es el moral. Seis años en que familiares, amigos, vecinos y conocidos escucharon o leyeron las acusaciones en radio, TV y diarios, seguramente produciendo días de impotencia y a veces de lágrimas.
