La Subsecretaría de la Mujer de la ciudad de Salta, brindó un informe detallado de lo que viene realizando el Programa de Protección a víctimas de violencia familiar. Uno de los datos más relevantes fue que de las asistencias brindadas, se evidenció que 7 de cada 10 víctimas de violencia por motivos de género, incluían una situación de alto riesgo, es decir, implicaba un riesgo de vida. 

La presentación se realizó en el marco de una mesa de trabajo encabezada por su intendenta Bettina Romero, donde se buscó abordar de forma conjunta propuestas que permitan erradicar las situaciones de violencia de género mediante para la creación de políticas públicas. 

La representante de la Subsecretaría de la Mujer, Gabriela Gaspar, detalló que la rigurosidad en los datos recolectados se debió en primer lugar a la descentralización de las oficinas del Programa de Protección a víctimas. Esto llevó a que la atención se trasladara a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de los barrios Unión, Solidaridad, Constitución, Limache y Asunción. A ellos se sumaron las oficinas del Nido del Bicentenario y el propio Centro Cívico Municipal (CCM). 

Durante el primer semestre de este año, se atendieron a 1800 personas. De ese número, el 48% de las denuncias recibidas implicaban un riesgo de vida para las víctimas. Gaspar señaló que ese porcentaje se pudo deducir del propio relato de las mujeres víctimas de violencia, que en la mayoría de los casos, los contaban como actos naturalizados. 

Se constató que el 26% restante tenía un riesgo medio, mientras que el 7%, era de riesgo bajo, y un 19% de las denuncias se constituían como "sin riesgo" para la vida. La Subsecretaría subrayó que el abordaje se realiza sobre la víctima directas, y también sobre sus familiares, hijas e hijos. 

Del total de asistencias, sólo un 11 % de las mismas corresponden a víctimas de violencia Intrafamiliar, como ser, de hijos hacia la madre, de nietos a abuelos, entre hermanos, o primos convivientes. En esas situaciones se empleaba el uso de la fuerza física, el hostigamiento, el acoso, o la intimidación, en el seno del hogar.

Además, señalaron que este tipo de maltrato aumentó considerablemente en el contexto de encierro por pandemia, y se vio potenciado por el consumo de distintas sustancias. Se detectó también que en esos casos las víctimas eran el único sostén económico, por el cuál eran violentadas para que les dieran dinero a sus agresores.

No fue menor entonces que desde el organismo municipal se incluya el análisis en torno a la estructura familiar de las mujeres víctimas de violencias. De allí se supo que el 56% de los casos, representaban a hogares monoparentales; el 36%, tenía una familia nuclear (padres e hijos) y el 8%, representaba a una estructura de familia extendida, es decir, conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones.

De esta primera mesa estuvieron representantes del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, de la Cámara de Diputados de Salta, Concejo Deliberante de Salta, del Poder Judicial provincial, del Observatorio de Violencias contra las Mujeres (OVcM), del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal, periodistas y de distintas organizaciones de mujeres. Acordaron reunirse dentro de 15 días. 


La zona sudeste en rojo 

La descentralización también permitió saber que la mayor atención a las víctimas se produjo en el CIC de Solidaridad, con un 35%. Le siguió el CCM, con un 29%. Tanto en el CIC de Constitución como por medio del teletrabajo se recepcionó un 9% de las denuncias en cada lugar. 

Por su parte, en el CIC de Unión fue del 7% y en el Nido del Bicentenario fue del 6%. Mientras que en los CICs de Limache y Asunción, se constataron el 4% de los casos. El 1% restante se produjo en los domicilios. 

Desde el área se informó que las personas se presentan ante los equipos de trabajos derivados por diferentes entidades nacionales y provinciales, como el Polo Integral de las Mujeres, el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIF). También lo hacen de manera espontánea, por recomendación o referencia de contactos directos o indirectos.

En ese sentido, se evidenció que el 26% de las denuncias, reciben la asistencia, asesoramiento y orientación jurídica que brinda la Subsecretaría de la Mujer. Algunas de las consultas se relacionan con la guarda de adopción, mediación conjunta, violencia familiar, intento de suicidio, régimen de alimentos y comunicación, etc. 

El agresor cercano 

De las 1800 personas que se acercaron a los centros de atención, 483 recibieron asistencia legal; 207, fue asistencia social; y 1160, recibó atención psicológica. El 92% corresponde a asistencias a mujeres, mientras que el porcentaje restante a hombres. 

Según el informe, los  grupos de mujeres más afectados son jóvenes y adultas de entre 19 y 39 años, abarcando un 46 %; le sigue el rango de 36 a 50 años con un 35 %, y niñxs y adolescentes en un 7 %.

Además, un 79 % de los agresores son la ex pareja de la víctima, causando daño físico, sexual, psicológico, económico. Mientras que la pareja conviviente sólo representa el 4% de los casos. En tanto, un 3% de los denunciados son los hijos de las mujeres. En los porcentajes que restan también están como agresores otros familiares como abuelos, hermanos, padre, padrastro o madre. 

Se detalló que el alcohol, estupefacientes y/o sustancias se encuentran presentes en un 35 % de los casos atendidos. También, respecto a la situación laboral de los que ejercen violencia, se encontró que un 40 % son albañiles o tienen trabajos informales relacionados a la construcción. Les siguen con un 15 % aquellos que se declaran independientes, ya sea por oficio o por realizar changas de manera inestable.

Se supo también que el 64 % de mujeres que son asistidas tienen hijos, un promedio de 2, la mayoría es beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y/o Tarjeta Alimentar, y las que no, desde el Área se les facilita la información para que puedan tramitar el alta.

Hasta el momento, son 42 los menores de edad que están recibiendo asistencia psicológica del equipo de la Subsecretaría de la Mujer. Las edades van desde los 4 hasta los 18 años, y corresponden a hijos y/o testigos presenciales de la violencia ejercida en su entorno.

Próximas medidas

La intendenta Romero contó que en los próximos días se abordarán nuevas políticas vinculadas a la prevención y asistencia de casos de violencia de género. Uno de ellos, refiere a que la distribución de la pauta oficial tendrá como requisito la capacitación en género a través de la Ley Micaela. 

Aseguró que habrá nuevas pautas en dicho otorgamiento porque la "pauta oficial no pueden invertirse, fomentar y acompañar a medios o programas que en definitiva están dando mensajes de odio o tienen nula perspectiva de género", dijo la jefa municipal. 

Además, anunció que el jueves 29 se dará a conocer el Programa de Microcréditos para Mujeres, destinado principalmente a mujeres a cargo hogares monoparentales. La medida tendrá una primera partida de $5 millones y estará a cargo del Ente de Desarrollo Económico, Formación y Capacitación para la Promoción del Empleo. 

Otro de los anuncios fue que se asistirá a los hijos e hijas de víctimas de femicidios. Las integrantes del OVcM, señalaron que en Capital se condensa por cuestiones demográficas el mayor numero de denuncias por violencia de género, al igual que femicidios donde 3 de los 6 relevados en 2021 fueron en Capital. 

Tanto Graciela Flores (1/1) como Jesica Solís (20/5), fueron asesinadas por su ex parejas con un arma blanca y con hijos en común. La tercer vícitma es Macarena Blanco Domínguez, muerta el 7 de enero.