La Dirección General de Aduanas (DGA), que depende de la AFIP, se constituyó este jueves como querellante en la causa que investiga el posible contrabando agravado en el envío de armamento y material represivo a Bolivia, dispuesto en el 2019 por el Gobierno de Mauricio Macri durante los días en los que se concretó un golpe de Estado en ese país contra el expresidente Evo Morales.

La Aduana, que encabeza Silvia Traverso, entregó en soporte papel la documentación contenida en formato virtual requerida por el magistrado Javier López Bizcayart, a cargo de la investigación y quien habilitó la feria judicial para el tratamiento de este expediente.

La presentación como querellante de la Aduana en la causa se enmarca en la decisión del Gobierno nacional de ampliar la denuncia por contrabando agravado de material bélico, presuntamente cometido por las máximas autoridades de la gestión de Cambiemos.

La idea es lograr la reconstrucción del camino de las municiones argentinas encontradas en un galpón de la policía boliviana, apoyada en pruebas documentales, que darían cuenta que se alteró el manifiesto de carga del avión Hércules que llevó a los gendarmes en 2019 para ocultar el envío del material anti tumulto.

En este contexto, la DGA explicó que sumará la "expertise del servicio aduanero al trabajo que realizan el juzgado y la fiscalía", a partir de la denuncia presentada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el ministro de Justicia, Martín Soria; y la directora de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

A partir de las imágenes distribuidas por el Gobierno de Bolivia con relación a las municiones argentinas, los denunciantes pudieron constatar que el número de lote de las municiones coincide con el de las compradas en 2018 y 2019 por la Gendarmería Nacional a Fabricaciones Militares.

El otro elemento de la presentación será el manifiesto de carga del avión Hércules C-130 que llegó a Bolivia en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 con un grupo comando Alacrán, de la Gendarmería Nacional, sus pertrechos y la carga que se investiga bajo la figura del contrabando.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, sostuvo que “el contrabando es claro" ya que  "el arsenal se sacó de manera burda y torpe y se usó en la represión en Bolivia" y que "días después que salió el armamento, hubo dos masacres. Enviaron armas y municiones para garantizar una asonada en un país hermano”.