Un grupo de vecinos de la ciudad de Totoras inició una demanda de acción de amparo ambiental contra la empresa Bertotti Plásticos S.A.S y contra el propio municipio por contaminación ambiental y por omisión al cumplimiento de sus funciones en materia ambiental, respectivamente. Organizados y representados legalmente por la Asociación Civil Sentido Ambiental, denuncian que la empresa nunca presentó el estudio de impacto ambiental requerido legalmente para instalar la fábrica de plásticos reforzados que funciona a metros de sus viviendas y que los efectos de la contaminación están provocando graves afecciones a la salud.
De acuerdo a lo que se detalla en la demanda a la que pudo acceder este diario, Bertotti Plásticos es una empresa unipersonal que nació en el 2004 dedicada a la fabricación del plástico reforzado. Al año siguiente, compró un predio en la calle Suipacha 1600 de la ciudad de Totoras, donde se instaló la nueva fábrica y se anexó la fabricación de piletas de fibras de vidrio. Según se explica en la presentación judicial, la industria se encuentra dentro del suelo urbano de la ciudad, a escasos metros de las viviendas pertenecientes a los vecinos demandantes, quienes comenzaron a habitar el barrio en el año 2015 a partir de una adjudicación de lotes por parte de la Municipalidad de Totoras.
“Desde que los adjudicatarios comenzaron a habitar en el vecindario, padecen numerosos problemas a raíz de las distintas actividades llevadas a cabo por la fábrica, amén del efecto contaminante: ruidos molestos, emanaciones que configuran graves perjuicios para los habitantes, desde la imposibilidad de disfrutar del jardín de sus hogares, irritaciones en la vista, dolores de cabeza, hasta graves afectaciones a la salud”, se menciona en el texto legal. Desde mediados del año 2017, los vecinos de este barrio ubicado a escasos metros de la Ruta Nacional N° 34 comenzaron sus reclamos ante la Municipalidad de Totoras y ante la falta de soluciones contundentes que resolviera sus afectaciones, decidieron judicializar el caso e iniciaron la demanda tanto contra la empresa como contra el municipio.
Bárbara Ausili, una de las abogadas de la Asociación Civil Sentido Ambiental que lleva adelante la demanda, explicó a Rosario/12 que según pudieron constatar la empresa no tiene un estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe: “Presentamos una nota ante el Ministerio el año pasado y la respondieron en octubre diciendo que no existe ninguna empresa que estuviese registrado con ese nombre. Una fábrica de estas características no puede desarrollar su actividad comercial sin un certificado de aptitud ambiental emitido por el Ministerio”, sentenció la letrada.
Al mismo tiempo, mencionó que el objetivo de la demanda es “el cese de la contaminación ambiental y la recomposición del daño a través del medio más idóneo”, aclarando que no buscan el cierre definitivo de la empresa demandada o la imposibilidad de generar puestos de trabajo sino “el cumplimiento de los requisitos dispuestos por las normas ambientales y la recomposición de los daños”. A su vez, consideró que la Municipalidad de Totoras es objetivamente responsable por los daños perseguidos en la demanda ya que, los mismos no se producirían de no ser por la clara conducta omisiva desplegada por el municipio totorense.
Actualmente, la causa se encuentra en manos de la jueza Julieta Gentile, a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la Primera Nominación de la ciudad de Cañada de Gómez, teniendo en cuenta que en Totoras sólo hay juez de paz o de pequeñas causas, por lo que la jurisdicción que toca en la causa corresponde a esa localidad vecina, donde sí hay juzgado de primera instancia.
