Mientras avanza la investigación judicial sobre el envío de armamento por parte del gobierno de Mauricio Macri para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, un funcionario del Ejecutivo nacional salió a desmentir una noticia del diario La Nación que indicaba que el Gobierno de Alberto Fernández había firmado dos veces una autorización para el envío de municiones. El jefe de Gabinete de Cancillería, Guillermo Justo Chaves aseguró que se trata de una "fake news" y aclaró que "las municiones las envió Macri por única vez en forma clandestina y para asistir la represión del golpe de Estado".
En el mediodía del martes, La Nación publicó un artículo titulado "El gobierno de Alberto Fernández extendió dos veces la autorización temporaria de las 70 mil municiones en Bolivia", en el cual se afirma que la actual administración generó una prolongación de la medida tomada por el Gobierno de Cambiemos. Según la publicación, "el dato se desprende de la propia documentación presentada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)" y afirma que las autorizaciones se realizaron "en enero y mayo de 2020" para "proteger la Embajada argentina en el país vecino".
Tras la difusión de esa información, el Jefe de Gabinete de la Cancillería Argentina, Guillermo Justo Chaves, salió a aclarar que la información publicada por aquel diario "es falsa". "Otra fake news. Las municiones las envió Macri por única vez en forma clandestina y para asistir la represión del golpe de Estado", explicó el funcionario. Además, aseguró que "en 2020, los gendarmes se mantuvieron para proteger bienes y personal de Argentina amenazados por el gobierno de facto".
En las últimas horas, el fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, sumó como imputado en la causa por contrabando agravado a Bolivia durante la gestión de Cambiemos al comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, considerado como quien coordinó con la policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019.
En este expediente ya se encuentran imputados, desde el pasado 16 de julio, el expresidente de la Nación Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
La semana pasada, Macri designó como abogado defensor para este caso al exfiscal Pablo Lanusse, Bullrich al abogado Julián Curi y, según informaron fuentes judiciales, Caliba compartirá abogado con Otero y otros imputados de la Gendarmería Nacional.
El fiscal Navas Rial presentó este lunes la ampliación de la acusación ante el juez Javier López Biscayart, que le había corrido vista de los nuevos elementos aportados al expediente por los ministros Martín Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y por la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont la semana pasada.
El fiscal entendió que la última documentación aportada al expediente por los denunciantes permite "robustecer la hipótesis del caso originalmente trazada" al impulsar la acción penal por el posible contrabando agravado de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de noviembre de 2019.
A partir de los nuevos elementos incorporados al expediente, el fiscal Navas Rial acusó a Caliba "en razón del rol que éste habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado".
Caliba fue el encargado de coordinar con la Policía de Bolivia todos los movimientos previos y posteriores a la llegada del vuelo: se ocupó de dirigir a una comitiva argentina, escoltada, hasta el aeropuerto y supervisó la carga y descarga del avión que nunca apagó su motor en la madrugada del 13 de noviembre de 2019; según surge de un informe elaborado por el Ministerio de Defensa que ya está incorporado a la causa.
