El juez federal Sebastián Casanello llamó a indagatoria al represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Jorge Radice y a su hermana Norma Berta Radice por haberse apropiado de bienes de personas que estuvieron secuestradas en ese centro clandestino y por haber generado un entramado societario --con ramificaciones en paraísos fiscales-- para que se perdiera el rastro de su origen. Como el lunes vence la subrogancia de Casanello en el juzgado a cargo de la megacausa ESMA, será su colega Ariel Lijo quien deba fijar las fechas en las que deberán comparecer el marino y su hermana.

“Mi tarea consistía en una doble función operativa y administrativa, tal cual lo refiere la doctrina en vigencia de la Armada”, dijo Radice cuando declaró por los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977. Allí volvió a repetir, como había relatado en el Juicio a las Juntas, que participaba en operativos y que, en esas acciones, accionaba las armas largas. Contó que en el centro clandestino lo conocían como “Ruger” o “Gabriel'' y que, en 1980, había seguido al excomandante de la Armada Emilio Eduardo Massera a las oficinas en la calle Cerrito, donde montó su centro de operaciones tras retirarse de la Armada. Lo que no recordó Radice fue que también era conocido como “Juan Héctor Ríos''.

Con ese nombre, Radice, que está detenido, se ocupaba de los “negocios” del grupo de tareas. Tenía una característica especial que lo favorecía para llevar adelante esa tarea: era contador. Lo mismo que su hermana Norma Berta. La evolución patrimonial que tuvieron los hermanos Radice en democracia sólo puede explicarse por las ganancias ilícitas que él obtuvo como integrante del centro clandestino, sostuvo el fiscal Eduardo Taiano, quien pidió a Casanello la indagatoria de los hermanos después de recibir la documentación analizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público.

Radice ya estaba procesado por el robo de bienes a detenidos-desaparecidos en la ESMA, una causa que se inició en 2007. Por ese tramo esperan ser llevados a juicio tanto Ricardo Cavallo como Jorge “Tigre” Acosta como parte de una asociación ilícita dedicada a apropiarse de las pertenencias de las víctimas con el objetivo de obtener un beneficio económico.

El despojo de los bienes de los secuestrados en la ESMA fue total. Desde las vestimentas o los electrodomésticos que se apilaban en la zona conocida como el “pañol” hasta mecanismos más selectos pergeñados por el grupo de tareas de la Armada que incluían la mano de obra esclava de los detenidos-desaparecidos, la falsificación de documentación e identidades y la realización de negocios inmobiliarios con las propiedades que lograban sustraer. Incluso se obligaba a los secuestrados a hacer las refacciones en las viviendas que después el grupo de tareas ponía a la venta en tres inmobiliarias en las que también tallaba la familia Radice. En esta oportunidad, el fiscal tiene por acreditado que Radice realizó actos para obligar a Marcelo Camilo Hernández, integrante del área de finanzas de Montoneros, secuestrado en la ESMA, a otorgarle un poder general de administración para desapoderarlo de cuantiosos bienes.

En 2014, la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en la causa, detectó que Radice, su hermana Norma y Miguel Ángel Egea habían creado un entramado societario de alcance transnacional para lavar dinero. Egea, que era el principal socio de Radice, falleció en marzo de 2016. Esa relación tripartita involucraba, al menos, catorce personas jurídicas en cuatro jurisdicciones distintas. El eje inicial fue la constitución de dos sociedades: Martiel SA y London Clubs SA, a la que se sumó la adquisición en el extranjero de otras empresas para que sean accionistas de las locales. El uso de las offshore --que quedó especialmente claro después de la revelación de los Panama Papers-- se hizo especialmente frecuente después de que se registraran avances en la investigación sobre el robo de bienes.

En marzo, Casanello ordenó una serie de allanamientos y embargos a más de una docena de propiedades --algunas en Estados Unidos, donde residía Egea--, a una docena de vehículos e incluso a tres embarcaciones. Aún resta que se termine de analizar una computadora secuestrada a Norma Radice, que encendió todas las alarmas de su abogado defensor, Santiago Viola. El letrado es un viejo conocido de Casanello: nada más y nada menos que el abogado que estuvo detrás de la operación que hablaba de reuniones en la quinta de Olivos para correrlo de la causa sobre la llamada “ruta del dinero” y al que recientemente benefició la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Toda una serie de casualidades.