En el marco del juicio de lesa humanidad por los crímenes de los pozos de Quilmes, Banfield y El Infierno, el Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 de La Plata rechazó el pedido de Enrique Barre, uno de los pocos acusados que transita el debate sin condena para que le quitaran la tobillera electrónica que le colocaron hace 10 días, tras años de gozar el beneficio de cumplir prisión preventiva en su casa sin monitoreo. 

"Hágase saber a la defensa del imputado Barre que no existen elementos para modificar lo oportunamente dispuesto respecto de la colocación del dispositivo electrónico de control", resolvió el tribunal platense en relación al pedido que había realizado la defensa de Barre inmediatamente después de que el policía retirado se quejara de que la tobillera electrónica le agravaba la salud.  

Barre es comisario retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Durante algunos años del terrorismo de Estado fue jefe de la División Delitos contra la Propiedad de esa fuerza, que funcionaba en la Brigada de Investigaciones de Banfield, donde funcionó uno de los tres centros clandestinos bajo análisis en el juicio que se desarrolla desde octubre pasado. Es uno de los pocos acusados en el juicio que llega sin condena previa por su participación en el plan sistemático de tortura y exterminio que fuerzas de seguridad y civiles desplegaron durante la última dictadura cívico eclesiástica militar. 

Bajo prisión perventiva de cumplimiento domiciliario desde 2015, Barre recibió el dispositivo de monitoreo del encierro de ese beneficio recién hace 10 días. Fue entonces cuando requirió al TOF 1 que se la quitaran argumentando que agravaba su situación de salud. El tribunal ordenó una verificación médica de la denuncia del acusado y convocó al Cuerpo Medico Forense.  

El monitoreo satelital sobre Barre fue colocado el 21 de julio pasado, según un informe remitido al tribunal por Gonzalo Javier Vilches, de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica. Del examen médico al que fue sometido el acusado de secuestrar y torturar a personas durante la última dictadura, de 82 años, tiene "antecedentes de cardiopatía hipertensiva, enfermedad valvular aórtica, reemplazo de cadera izquierda, artrosis, gota, melanoma". 

Pero tras la evaluación, el médico forense Alberto Ferreres concluyó que "la colocación y uso de una pulsera electrónica no implica, a priori, afectación de la salud del nombrado". estaba con preventiva desde hacía tiempo