En otra asombrosa maniobra judicial, un juez de instrucción porteño mandó a la policía a pedir seis documentos de la Procuración General de la Nación relacionados con el alquiler de un edificio en la avenida Corrientes al 1.600. La ofensiva, armada en combo por el fiscal José María Campagnoli, el diario Clarín y el juez Rodolfo Cresceri, apunta a la procuradora Alejandra Gils Carbó y fue presentada ayer como un allanamiento a la Procuración, cuando en realidad era un pedido de documentación. Cresceri, que ni siquiera es titular de su juzgado, integra el fuero de instrucción criminal de la Ciudad de Buenos Aires, es decir que es claramente incompetente ya que Gils Carbó es una funcionaria federal y corresponde que actúe la justicia federal. El propio Cresceri actuó de forma distinta ante otra denuncia de Campagnoli: en esa oportunidad se declaró incompetente.
La ofensiva de ayer exhibió una mecánica simple y elemental:
- El diario Clarín publicó una nota el 25 de abril señalando que la Procuración alquiló un edificio en la avenida Corrientes que no se usó. En total se destinaron seis millones de pesos a pagar siete meses de alquiler.
- La nota la tomó el fiscal de Nuñez y Saavedra, José María Campagnoli –una de las puntas de lanza contra los funcionarios que ejercieron sus cargos durante el kirchnerismo– y la convirtió en una denuncia judicial.
- El siguiente paso corrió por cuenta del juez Rodolfo Cresceri, que es subrogante desde hace diez años y nunca concursó. Cresceri debió señalar que Gils Carbó es una funcionaria federal y por lo tanto el expediente lo tendría que haber derivado a la justicia federal. Sin embargo, no tuvo problemas en mandarle una nota a la Policía Federal ordenándole que vaya a la Procuración y pida los expedientes relacionados con el alquiler del edificio de la avenida Corrientes.
- Con la tradicional cobertura mediática, los efectivos de la Federal llegaron a un edificio de la Procuración, en la avenida de Mayo, a pedir lo solicitado por Cresceri. Por supuesto que cuando llegaron estaban las cámaras de televisión y se presentó el hecho, con bombos y platillos, como un allanamiento.
Tras aquella nota de Clarín, la Procuración explicó los motivos del alquiler del edificio de Corrientes 1615. A mediados de 2015 el Congreso fijó que se pondría en marcha un nuevo Código Procesal Penal (CPP). La fecha de arranque sería el 1° de marzo de 2016. El nuevo CPP significaba poner la instrucción de las causas en manos de los fiscales, en lo que se llama el sistema acusatorio, vigente en la mayoría de los países y en casi todas las provincias. En la actualidad la instrucción de buena parte de las causas la comanda el juez y el fiscal trabaja en paralelo. De acuerdo al nuevo código, el fiscal instruye, la defensa contesta a las acusaciones y el juez está por encima de ambos, controlando la legalidad del proceso y tomando las decisiones más delicadas, como detenciones o allanamientos. El nuevo papel de los fiscales implicaba muchísima más carga, más investigación, más trabajo pericial, balística, análisis de la escena y otros elementos de la instrucción. El alquiler del edificio de la avenida Corrientes apuntaba a esas nuevas responsabilidades: allí se instalarían cámaras Gesell, fiscalías especializadas como la de Violencia de Género, salas de audiencias, áreas periciales y buena parte del aparato operativo que debía dar respuesta a las nuevas funciones.
Sin embargo, a poco de asumir el presidente Mauricio Macri, el 29 de diciembre de 2015, el mandatario resolvió que no se ponga en marcha el sistema acusatorio. Es evidente que no quería darle más poder a los fiscales y a Gils Carbó. Por esa razón, la Procuración devolvió el edificio a su dueño, el presidente de Racing, Víctor Blanco.
Aun así, Campagnoli tomó la nota de Clarín y la convirtió en una denuncia contra la procuradora. Es público y notorio que el gobierno de Macri intenta desplazar a la funcionaria para poner en su lugar a algún fiscal adicto, Guillermo Marijuán, Germán Moldes o el propio Campagnoli. Este último venía de capa caída porque en el marco de una interna en Cambiemos se jugó a detener al jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, y todo indica que se tiró a esa pileta sin demasiadas pruebas. En la interna, Campagnoli juega con Elisa Carrió y del otro lado aparecen Daniel Angelici y el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo. Encima, Campagnoli quedó un poco atrás porque sus competidores por el puesto de procurador han hecho méritos en los últimos días.
Moldes no acompañó la apelación contra Gustavo Arribas por las transferencias desde Brasil, vía Hong Kong, a sus cuentas en Suiza. Se sospechó que era dinero de coimas de la empresa Odebrecht, pero Moldes declinó seguir con la acusación impulsada por Federico Delgado. Marijuán tampoco apeló el sobreseimiento dictado a la vicepresidenta Gabriela Michetti a raíz del robo en su casa de dineros supuestamente destinados a la fundación SUMA. Fueron fondos entregados en efectivo y sin recibo, algo prohibido por la legislación.
Campagnoli logró el acompañamiento de Cresceri, quien ordenó el pedido de documentos a la Procuración, en lugar de declararse incompetente dado que el expediente involucra a una funcionaria federal. El juez hizo lo que correspondía en 2013 cuando Campagnoli se presentó con la grabación del programa de Jorge Lanata en el que hablaron Leonardo Fariña y Federico Elaskar. En esa oportunidad, Cresceri se declaró incompetente. Esta vez se plegó a la ofensiva contra Gils Carbó.
En las feroces jugadas del gobierno de Cambiemos de copar aún más el aparato judicial entran las movidas para designar jueces sin concurso, mover magistrados de un distrito a otro, robar un cargo en el Consejo de la Magistratura, apuntar a los jueces que no fallan de acuerdo a lo que quiere el Ejecutivo, intentar la designación de dos miembros de la Corte por decreto, sostener a una jueza aunque corresponda la jubilación y, sobre todo, intentar el desplazamiento de la procuradora. El equipo gobierno-jueces-fiscales-medios lo hizo ayer otra vez.
