La Cámara Federal de Casación absolvió a los hermanos Emilio y Julio Méndez que prestaron la quinta de Tandil donde estuvo secuestrado y fue ejecutado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno en 1977. Los civiles habían sido condenados en 2012 pero en diciembre del año pasado, tras ocho años, la Corte convalidó las condenas a los militares que participaron del secuestro de Moreno, pero mandó a revisar la de los civiles.

“Es imposible que los Méndez hayan desconocido para qué se usó su quinta”, evaluó Matías Moreno, uno de los hijos del abogado laboralista y actual subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. “Los jueces, con fallos como éste, están aplicando un estándar distinto para los civiles en crímenes de lesa humanidad y con este estándar dispar nos terminan obturando la posibilidad de debatir la herencia de la última dictadura y la participación civil”, agregó en diálogo con Página/12 tras conocer la sentencia.

La decisión de absolver a los hermanos Méndez fue de los camaristas Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Eduardo Riggi, que dejaron en claro que estaban siguiendo el estándar que fijó la Corte para evaluar el caso. Según los camaristas los elementos que fueron evaluados por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata a la hora de condenar a los Méndez no fueron suficientes.

Moreno era el abogado de los trabajadores de Loma Negra. Se había vuelto una personalidad incómoda en Olavarría, el centro de influencia de la cementera. Era la noche del 29 de abril de 1977 y Moreno volvía del Instituto Nacional de Comercio Álvaro Barros donde su esposa daba clases. Había ido a llevar un certificado médico porque ella estaba embarazada, esperando a su segundo hijo. Hubo frenadas, gritos, armas y un auto anaranjado que se llevó al abogado. La familia empezó la búsqueda.

A los cuatro días, Moreno llegó a la casita en la que vivía Valentín Bulfoni en Tandil. Estaba lastimado. Traía los zapatos en la mano. Pedía agua y que lo ayudaran porque hacía días que estaba secuestrado. Alcanzó a decir que era el abogado Moreno de Olavarría. Tras él llegó el cabo del ejército José Luis Ojeda, que lo subió a un vehículo después de golpearlo fuertemente con una pala. A Moreno lo asesinaron. Siempre quedó claro que había estado en la quinta que pertenecía a los Méndez en las afueras de Tandil, tanto que a los pocos días se hizo una inspección ocular en el lugar en la que se encontraron las gasas y las manchas de sangre.

Los Méndez, que estaban vinculados al poder local y tenían contacto con los militares de la zona, alegaron ajenidad. Dijeron que no prestaron la quinta y que, en 1977, la propiedad estaba abandonada. El TOF de Mar del Plata coincidió con el fiscal Daniel Adler al entender que los Méndez habían cooperado con las fuerzas y que no podían desconocer para qué se usaba la finca que era vox populi que estaba ocupada por los militares. “No permite afirmar en términos de certeza que fehacientemente conocían la finalidad para la cual se utilizaba la propiedad”, resaltó en sentido contrario Ledesma en el voto al que adhirieron Carbajo y Riggi.

Pese a que terminaron absolviendo a los Méndez, los casadores no aceptaron los argumentos cuasi-negacionistas que ensayó su defensa. El defensor de los civiles, Andrés Arla, sostuvo que no se había logrado probar que Moreno hubiera sido torturado en esa finca ni que su muerte se hubiera producido allí. También sostuvo que era inverosímil que el Ejército montara un centro clandestino por tres o cuatro días. Los jueces dieron por probado que el abogado laboralista estuvo en la quinta de los Méndez y calificaron como gravísimos delitos de lesa humanidad los que sufrió Moreno.

El abogado querellante César Sivo, que representa a la familia de Moreno, describió la sentencia como un “gravísimo retroceso”. “Siempre hay que evaluar el contexto en el que estos delitos se cometen”, agregó, en comunicación con este diario. Matías Moreno, por su parte, anticipó que irán nuevamente a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario en el que plantearán la gravedad institucional que trae dejar impune un caso como éste. “¿Los jueces pretenden que les llevemos el contrato de cesión de los Méndez?”, se preguntó el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense.

Julio y Emilio Méndez siguen en prisión preventiva porque se espera que en los próximos meses afronten su segundo juicio por delitos de lesa humanidad. Deberán dar explicaciones por otras cuatro personas que denunciaron haber pasado por la quinta mientras estuvieron secuestradas. El precedente en el caso Moreno envalentona a los hermanos y preocupa a quienes esperan justicia después de más de 40 años.