Desde Santa Fe

“El culebrón”, como lo llamó el diputado peronista Leandro Busatto tuvo un nuevo capítulo en la Legislatura. La comisión de Acuerdos le abrió ayer otro expediente al director provincial del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, al admitir una denuncia del senador de la UCR Lisandro Enrico, quien acusó al funcionario de “estar jugando a la política” y ofreció como supuesta prueba algunos posteos en Twitter. La investigación se resolvió por mayoría (11 a 2) y quedó a cargo del propio Enrico, quien asumió así el doble rol de denunciante y acusador. Uno de los que impulsó el operativo fue otro radical, el diputado Maximiliano Pullaro, a quien Sain señaló esta semana entre los que “embarran la cancha” en Santa Fe. Su colega de bloque, Fabián Bastía, preside la bicameral. Ya en marzo, Sain –cuando era ministro de Seguridad- reveló la “estrecha protección” de Enrico y Pullaro al ex jefe de Drogas Peligrosas de la Zona Sur, Alejandro Druetta, que luego fue condenado a 10 años de prisión por narcotráfico.

La comisión de Acuerdos no sólo admitió la denuncia de Enrico contra Sain, sino que también designó al propio denunciante para que instruya la causa como acusador de su denunciado. La apertura del legajo se decidió por 11 a 2. Además de los tres radicales que votaron a favor –Enrico, Pullaro y Bastía-, formaron entre los 11, el diputado macrista Gabriel Chumpitaz, y los senadores Joaquín Gramajo y Rubén Pirola, del bloque de Armando Traferri. En esta campaña electoral, Pullaro y Chumpitaz integran una fórmula de precandidatos a senadores nacionales que compite en la alianza que responde a Mauricio Macri.

Los otros tres legisladores que votaron para que se investigue la denuncia de Enrico fueron la diputada socialista Lionela Cattalini y sus colegas Gabriel Real (PDP) y Nicolás Mayoraz, del bloque Somos Vida y Familia. Mientras que el jefe del bloque de diputados del PJ Leandro Busatto y el senador Alcides Calvo –que lidera el bloque cercano a la Casa Gris- se opusieron. La socialista Clara García no asistió al plenario.

Uno de los legisladores propuso que la comisión de Acuerdos convoque a Sain para que haga su descargo ante la denuncia de Enrico. “Habrá que citarlo cuando corresponda hacerlo”, planteó. Más allá de la naturaleza del proceso, es como si hubiera escuchado lo que el propio Sain dijo esta semana. “Si yo soy el reprochado, a mi gustaría ser convocado” a esta Legislatura “controlada por la oposición”. Hasta ahora, “nunca me llamaron, ni como ministro ni como funcionario del MPA. Todo el mundo habla de mí, pero nunca aceptaron que vaya. Una vez querían convocarme, pero en un cuarto a puertas cerradas. Yo puse como condición que me interpelaran de manera pública y ante la prensa. Y no aceptaron. ¿Por qué no quieren que vaya a la Legislatura a exponer?”, se preguntó.

-Eso, ¿por qué? –le planteó un colega.

-Porque tienen miedo de que yo de cuenta del compromiso que algunos sectores políticos tienen con todo esto –contestó Sain. “Todo esto”, es lo que antes había llamado el “bloque de poder histórico que no se siente cómodo con que vayamos a fondos con investigaciones que inevitablemente terminan en estructuras de poder”.

En marzo, en el tramo final del juicio a Druetta ante el Tribunal Oral Federan Nº 3 de Rosario, Sain reveló en Firmat que el ex jefe de Drogas Peligrosas de la zona sur “era el nene mimado de Enrico y Pullaro” y citó como fuente varias escuchas judiciales que se ventilaron en las audiencias y eran parte de la prueba que ofreció el Ministerio Público. Un archivo de conversaciones telefónicas que el propio jefe policial grababa y guardaba en su computadora y llegó a manos del fiscal federal Federico Reynares Solari cuando le allanaron la casa y le incautan la PC. Druetta documentaba todos sus diálogos con distintas personas -entre ellas Enrico y Pullaro-. El 11 de marzo, el Tribunal lo condenó a 10 años de prisión como “partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, doblemente agravado por haberse cometido mediante la concurrencia de tres o más personas en forma organizada y por su condición de funcionario público”.