Desde Santa Fe

La Asamblea Legislativa destituyó ayer al fiscal de Reconquista Rodrigo González por “mal desempeño en sus funciones”, le prohibió el acceso a las dependencias del Ministerio Público y lo inhabilitó por 10 años para ocupar cualquier otro cargo en la justicia. La decisión fue adoptada por unanimidad: 52 a 0. González es el tercer fiscal que cae en la provincia desde que comenzó el destape del juego clandestino: en agosto de 2020, el fiscal regional de Rosario Patricio Serjal presentó su renuncia -pero el gobernador Omar Perotti lo destituyó- y dos meses después, en octubre de 2020, fue removido su mano derecha Gustavo Ponce Asahad. Los dos siguen detenidos. González está imputado en una causa que investiga el fiscal de Venado Tuerto, Matías Merlo, quien en marzo lo acusó por supuesta “asociación ilícita” y “encubrimiento” de una “organización criminal” dedicada a la explotación de casinos clandestinos que lidera el empresario Leonardo Peiti.

La expulsión de González no demandó más que unos minutos: el tiempo de lectura del dictamen de la comisión de Acuerdos firmado por sus doce integrantes y su aprobación a mano alzada, también por unanimidad. En el pleno participaron 12 senadores y 40 diputados por lo que el resultado fue 52 a 0.

El despacho proponía remover a González por “la causal de mal desempeño de sus funciones”, prohibirle “el ingreso a cualquier dependencia del Ministerio Público” e inhabiliarlo “por 10 años para volver a ocupar otro cargo” en la justicia. Y eso fue lo que se aprobó sin disidencias. La Asamblea notificó de inmediato la resolución al fiscal general Jorge Baclini, a la auditora general del MPA María Cecilia Vranicich y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco.

González ya había sido suspendido por la Legislatura el 18 de marzo y una semana después el fiscal Merlo lo imputó por supuesto “partícipe de asociación ilícita como encubridor de la organización criminal dedicada a la explotación de casinos clandetinos” que lidera Peiti.

En el sustento probatorio, Merlo mencionó al menos 40 llamadas telefónicas entre Gonzalez y un colabodor de Peiti, Fernándo Pérez, a cargo de casinos clandestinos de la organización en Reconquista, Avellaneda, Vera y Malabrigo. Esas comunicaciones comunicaciones ocurrieron entre agosto y octubre de 2017, y la hipótesis de la pesquisa asume que el fiscal le brindaba a la organización del juego ilegal alguna cobertura o preaviso en cuanto a investigaciones afines o allanamientos que pudieran afectarla.

Merlo también acusó a González por supuesta “sustracción y ocultamiento” de unos 703 legajos de causas penales que debía investigar. Aquí la acusación se vale del testimonio de una pasante de la Fiscalía, quien a su vez había denunciado a González por amenazas coactivas y violencia laboral. Esta joven declaró en detalle la forma en la que algunos expedientes desaparecían en el despacho fiscal destituido.