Producción: Javier Lewkowicz
Carencia de ideas
Por Héctor Palomino *
El objetivo de disminuir el “costo salarial” para el empleador integra una serie de iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo actual en diversos ámbitos, entre los que se destaca la reformulación de convenios laborales (entre otros el de los petroleros, y actualmente el del sector lácteo). El sentido principal del decreto 304 de 2017 es extender a dos años el incentivo a los empleadores de contabilizar como parte de la remuneración a sus trabajadores lo que éstos perciben actualmente como ayuda económica mensual en el marco de diversos programas del Estado.
Se trata de un mecanismo ya incluido en el Programa de Inserción Laboral (PIL) del Ministerio de Trabajo, creado en 2006. El “trabajo” al que aquí se alude se realiza bajo una relación de dependencia. El nuevo decreto posibilita transferir al PIL a los beneficiarios de algunos programas del Ministerio de Desarrollo Social, tales como el “Argentina Trabaja” y el “Ellas Hacen”. El “trabajo” al que se alude en estos programas es el que se realiza bajo una forma asociativa, cooperativa, autogestionada. Este es el sentido de empalmar “planes sociales” con “empleo en relación de dependencia”. Tras 500 días de gobierno y ante una situación crítica de incremento de la desocupación y disminución de la actividad económica, buena parte de la sociedad argentina espera medidas mucho más concretas para impulsar el crecimiento del empleo que la pura sustitución simbólica del trabajo asociativo por el trabajo subordinado.
Quienes cuestionan la eficacia de reducir el costo salarial para impulsar el crecimiento del empleo cuentan con un argumento decisivo: hace 11 años que existe este incentivo para los empleadores, entonces ¿por qué creer que la pura extensión por algunos meses de la reducción del costo salarial incrementará la ocupación? Además este fue el objetivo central de un conjunto de políticas aplicadas durante los ‘90, cuando por primera vez nuestro país registró tasas de desocupación abierta de más de dos dígitos. Si este enfoque ya se reveló como ineficaz entonces ¿por qué insistir con un planteo fracasado?
El desaliento frente a este rumbo de la política social y laboral del gobierno se extiende a vastos grupos sociales afectados por la crítica situación ocupacional. Posiblemente este desaliento sea mayor entre los dirigentes de movimientos sociales que impulsan la economía social, un conjunto de iniciativas de producción alternativas cuyo rasgo común es el de orientar una dimensión colectiva del trabajo. Un contraste agudo con la individualización de la relación laboral que promueve este “empalme”. Una constatación devastadora para quienes llegaron a creer que el régimen actual podría ofrecerles un ámbito de actuación social y política relevante.
En la mayoría de los sindicatos –con excepción de los pocos que acompañaron el anuncio presidencial el 1° de Mayo– cunde la preocupación sobre una medida de este tipo, que incentive a empleadores oportunistas para sustituir parte de su plantel actual de trabajadores incorporando nuevos trabajadores más “baratos”. No se trata aquí sólo de empleadores del sector privado, sino también del sector público estatal que contrata diversos servicios (limpieza y mantenimiento, por ejemplo) a empresas cuyos trabajadores están expuestos a una intensa rotación. Sin ir más lejos, en el propio Ministerio de Trabajo se padece hoy una situación de este tipo.
La carencia gubernamental de ideas y políticas para afrontar la crítica situación ocupacional queda expuesta en la reiteración de viejas fórmulas, que sólo incentivan la difusión de un malestar profundo en la sociedad argentina, tanto más intenso cuanto más rápido se evaporen las ilusiones generadas por presentar un mero subsidio al capital como política de empleo.
* Sociólogo. Profesor de Relaciones del Trabajo. Investigador del Iealc. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Señal peligrosa
Por Ariel Geandet *
Durante el Día del Trabajador, el presidente Macri anunciaba el “empalme” para incentivar a los empresarios a contratar personal. Sin embargo, es la primera vez que se incluye abiertamente a los programas de empleo y de cooperativas de Desarrollo Social como parte de los programas del Ministerio de Trabajo. Esa inclusión podría hasta ser interpretada como una señal de que han entendido que detrás de las cooperativas y de los programas del Ministerio de Desarrollo existen trabajadores organizados, luchándola todos los días y que se tuvieron que inventar su propio trabajo.
La intencionalidad no es mala, la señal que se envía a la sociedad desde el Estado es muy peligrosa, o bien, funcional a buscar consensos en sectores de la población contra “los vagos que no quieren trabajar”. Se puede interpretar ahora que el gobierno les da la oportunidad “a estos vagos” para que trabajen y dejen “los planes”, si esto no sucede entonces convalidamos socialmente: “viste que son vagos, le tiras una pala y salen corriendo!!”. Ahora bien, ¿y si el programa está mal diseñado o es anacrónico en términos de cómo está compuesto el mercado laboral argentino?, la culpa no sería de los “vagos”, ¿no?
Los datos de encuestas realizadas por el Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes-Unsam) para el programa Argentina Trabaja hacia finales de 2015, indican que cerca del 74 por ciento de los AT realizan changas, como complemento de sus tareas dentro del programa, que sumado a la Asignación Universal por Hijo, más la moratoria jubilatoria, se configura un ingreso familiar cercano a los 8 mil pesos de 2015. No son vagos y pelean un ingreso que los saque de la pobreza.
Si no discutimos cómo colaborar con los sectores populares a mejorar sus formas productivas, su comercialización, su inclusión financiera productiva y personal, y sus derechos como trabajadores, entonces, todo ese esfuerzo no se termina de capitalizar dentro de los sectores populares porque su interacción individual, productiva y de consumo con una economía extranjerizada y concentrada como la Argentina se termina por apropiar de todas sus rentas excedentes. Además, pensar que todos los trabajadores de la Economía Popular están en condiciones de, o desean, transformarse en proletarios industriales es un error.
El programa especifica que los empresarios deben mantener el mismo personal que en 2016. El subsidio de salario es de 24 meses y se tiene garantizado el pago del Salario Mínimo, Vital y Móvil de 8.060 pesos por mes. Sin embargo, ¿acaso es suficiente?, pareciera que no. Desde el punto de vista del empleador, el subsidio de 4 mil pesos por mes con la obligación de pagar las cargas patronales, incluyendo al subsidio, sólo puede ser un incentivo importante en actividades de bajos ingresos. Justamente esas actividades son las que más están sufriendo la caída de actividad y el aumento de la luz, agua y gas. La mayoría de las PyMEs están viendo cómo evitar despedir a sus empleados.
Desde el punto de vista de los “vagos” de los programas, se debe renunciar al programa. Si eso es el costo por obtener un trabajo formal y con derechos completos, suena lógico y bueno. Sin embargo, no se pone ninguna restricción sobre el tiempo que se debe sostener dicho empleo, el empleador podría despedir a todos sus trabajadores y cerrar en cualquier momento, perdiendo el subsidio. Lo anterior implica que ante un contexto económico con despidos, aumentos de costos industriales, elevadas tasas de interés, un dólar no competitivo según los industriales, y con la caída del consumo y de la actividad económica, perder la posibilidad de mantener tu lugar en la cooperativa puede desincentivar a muchos a pasarse a un trabajo formal incierto e inestable.
Sería mejor que con el Ministerio de Trabajo se refuercen programas como el Salario Social Complementario y se agreguen a los trabajadores de las cooperativas del Ministerio de Desarrollo para que logren alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, incluyendo otros derechos laborales que los trabajadores formales poseen. Como dicen los trabajadores de la CTEP, “queremos que los subsidios se transforme en salario”, habría que agregar: el salario no sólo se produce con un esquema de empresa privada.
* Mesa Economía Movimiento Evita y docente UBA.
