A dos años y medio de la desaparición del policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karhanyan, su mamá, Vardush Datyvian (o Rosita), le dijo a Alberto Fernández con su acento armenio intacto que pasó todo este tiempo esperando saber dónde está su hijo en soledad y que padeció la falta de acompañamiento de la fuerza que depende del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Después del encuentro, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció que el Gobierno resolvió elevar la recompensa a 5 millones de pesos (hasta ahora era de 500.000 pesos) para toda aquella persona que pueda aportar información sobre el joven. El ministro de Justicia, Martín Soria, se refirió a un sinfín de anomalías en el expediente judicial donde, según pudo reconstruir Página/12, después de que el fiscal Santiago Vismara imputara a cuatro policías porteños y pidiera que el caso pasara a ser investigado como desaparición forzada, el juez de la causa, Alberto Baños, le quitó el manejo de la investigación y rechazó todos sus planteos, al igual que el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de ser parte querellante. Como broche, el juzgado le volvió a dar participación en el expediente el mes pasado a la misma policía sospechada.

En cierto momento de la reunión en el despacho presidencial de la Casa Rosada salió el tema de la edad de Arshak, que tenía 27 años cuando desapareció y cumple el 26 de octubre. "No sé cómo se dice ¿tiene o tenía 29 años?", dijo Rosita afligida. Le contó al Presidente cómo fueron los primeros días posteriores al 24 de febrero de 2019, cuando no supo más nada de él, y la desesperación de no tener pistas ni conseguir ayuda. Recordó que no lograba que le dijeran "qué estaba pasando". Iba con fotocopias de la foto de Arshak tratando de pegarlas en distintos lugares, negocios, taxis, donde fuera, y nadie se las aceptaba. Incluso en la Comisaría de Caballito, donde su hijo trabajaba, el jefe le dijo "que no conocía a ningún Arshak". Para ella "era una película lo que pasaba". Insistió en que la Policía de la Ciudad ni el Ministerio de Seguridad porteños jamás la convocaron ni la ayudaron. En el encuentro de ayer estuvieron, además de Fernández, Soria y Frederic, la legisladora y precandidata Victoria Montenegro, que acompaña a la familia desde un comienzo en la búsqueda y Leandro Santoro, también legislador y precandidato del Frente de Todos.

"Lo que una siente es mucho dolor e impotencia; nosotros tenemos el Nunca Más como bandera, pero nunca pensamos que ese Nunca Más se iba a aplicar a un policía en plena democracia. Buscamos a un Policía de la Ciudad que la propia policía no busca. Nunca nos pensamos en esta instancia con semejante nivel de impunidad", dijo Montenegro a este diario al terminar el encuentro. "La Policía de la Ciudad eliminó todas las pruebas existentes: los teléfonos celulares, la computadora. Hace poco nos enteramos que fue destruido el disco duro donde estaban las imágenes de la única cámara de seguridad que podía recuperarse. No sabemos por qué desapareció Arshak pero sí sabemos que a Arshak lo desaparecieron. Las personas no desaparecen solas", agregó.

La ministra Frederic contó que las fuerzas que dependen de su cartera participaron en medidas de la investigación que fueron tomadas tardíamente por el juzgado: el rastrillaje más grande se hizo con Gendarmería recién en octubre de 2020 en un predio en las vías del ferrocarril cerca de Rivadavia y Paysandú, el último lugar donde captaron a Arshak las cámaras de seguridad, al salir de un supermercado Easy donde hizo una compra extraña: una pala de pico que colocó en su mochila. También la Policía Federal realizó un segundo peritaje sobre los teléfonos que, llamativamente, el policía había dejado en su departamento. Su celular personal, un Iphone, fue peritado inicialmente por el área de Cibercrimen de la Policía porteña: lo devolvió vacío y con un cartel que decía "desactivado". El peritaje que hizo con posterioridad la Policía Federal logró rescatar todo el contenido, menos el del mes anterior a la desaparición, que era clave para saber con quién y de qué hablaba Karhanyan. El ministro Soria remarcó que la familia estuvo siete meses sin poder ver el expediente porque el juez Baños no los admitía como querellantes y que la Secretaria de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla, aún espera también asumir ese papel en el expediente, algo rechazaron el juzgado y la Cámara del Crimen, y que revisará la Cámara de Casación porteña. Ese tribunal también deberá analizar si el caso debe ser tratado como una desaparición forzada, como plantean la familia, la Secretaría y el fiscal Vismara.

En efecto, cuando Vismara dictaminó en marzo imputó a cuatro policías y sostuvo que la fuerza no sería ajena a la desaparición, por lo que pidió el pase del expediente al fuero federal para que se lo investigue como desaparición forzada. Entre algunas situaciones sospechosas que detectó en la causa, el fiscal precisó que el 29 de agosto de 2019 ordenó varios allanamientos en dependencias policiales (investigaciones Especiales, Delitos Informáticos, Cibercrimen, Delitos Tecnológicos, la Superintendencia de Investigaciones, la Comisaría 7B, la división Exposiciones) y en la casa de Leonel Herba, el último policía que vio a Arshak, horas antes de su desaparición, en la puerta del edificio donde éste vivía. Sorpresivamente, tres jefes policiales y tres funcionarios de Seguridad porteños aparecieron en su despacho, cómo si alguien hubiera alertado. El juez Baños rechazó concretar las medidas.

Vismara imputó a Herba. Las cámaras lo tomaron el día de las desaparición hablando con Karhanyan, a quien se ve nervioso mientras escuchan juntos un audio de celular. Luego de eso Arshak se cambió de ropa y se fue al Easy, se llevó el arma reglamentaria, la tarjeta de débito y su placa. Además de sus celulares dejó su moto amarrada a un poste. El fiscal cree que Herba miente en sus explicaciones: que hablaban de un plan de ahorro para la compra de un auto. Hay conversaciones con su pareja que también lo complican. Y se investigan gastos difíciles de justificar. Los otros tres imputados participaron del peritaje del teléfono que anuló una prueba fundamental. Son Sebastián Daza, Daniel Michel y Ángel Igic.

Después de esos planteos, Baños además de rechazar todo le quitó la pesquisa al fiscal y la reasumió él mismo. El abogado de la familia, Juan Kassargian, informó a Página/12 que el juez "volvió a dar participación en la investigación a la policía de la ciudad, que está sospechada". Antes, el último hallazgo clave de la Policía Federal fue detectar la tarjeta Sube de Arshak y confirmar que al salir del supermercado tomó un colectivo hacia Ezeiza. El letrado viene denunciando la destrucción y falta de imágenes cruciales. Una podría ser la de ese momento que develaría si el policía estaba solo. El juzgado, para colmo --reveló Kassargian--"empezó a investigar a la propia familia, en especial al hermano, Tigran, y sus amigos, con intervención de sus teléfonos".