Todos goles en contra, ninguno a favor. La acusación en el juicio por la obra pública en Santa Cruz sufrió otro gol en contra en la jornada del martes. El integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Alejandro Nieva se desdijo de todas las imputaciones que hizo en 2016 contra la adjudicación de rutas en el sur, no acusó de nada ni a Cristina Fernández de Kirchner ni a Lázaro Báez: dijo que no recordaba haber hecho ningún estudio sobre las obras de Santa Cruz, que las modificaciones presupuestarias se hicieron de acuerdo a la ley, lo mismo que la redeterminación de las obras y, tácitamente, dejó en claro que no hubo sobreprecios. La fiscalía, a cargo de Diego Luciani, tenía enormes expectativas sobre ese testimonio, pero Nieva, sin inmutarse, con una asombrosa tranquilidad, desechó las acusaciones.

Todas las defensas se preparaban para una batalla porque en su momento Nieva fue a los medios de comunicación y dijo que las licitaciones se direccionaron a favor de Báez y que había un 25 por ciento de sobreprecios. Pero, además, Nieva se presentó en la causa de manera casi secreta, sin que nadie fuera notificado de su testimonio. Lo hizo ante el fiscal --alineado con el macrismo-- Ignacio Mahiques, quien junto con Gerardo Pollicita armaron la acusación sin que exista una mínima pericia. Sorpresivamente, ahora Nieva dijo ante los jueces que no recordaba que se hubiera hecho un estudio sobre las rutas de Santa Cruz y tampoco tenía memoria de auditorías en otras provincias. 

¿Quién es Leandro Despouy?

El fiscal le preguntó por el libro que escribió su referente, el fallecido Leandro Despouy, también radical, que fuera titular de la AGN. La obra, titulada Una década al cuidado de los fondos públicos, menciona supuestas irregularidades en las adjudicaciones en las rutas santacruceñas como acciones propias del “capitalismo de amigos y la cartelización de la obra pública”. Sin embargo, Nieva dijo que nunca leyó el libro y que no conoce lo que escribió Despouy. Los defensores se quedaron anonadados.

El juicio ya lleva dos años y tres meses --empezó en mayo de 2019-- y es otro expediente en el que se desnuda la matriz de las causas armadas en Comodoro Py: no hubo una pericia que estableciera que se direccionaron las licitaciones o que hubiera sobreprecios. La acusación inicial era directamente irracional: que se habían adjudicado demasiadas obras a Santa Cruz, el 12 por ciento del total del país, un porcentaje "desproporcionado" -según la denuncia de Javier Iguacel, interventor de Vialidad- en función de la escasa población. Lo concreto es que las obras son votadas por el Congreso Nacional en el Presupuesto y, como es obvio, responden a decisiones políticas no judicializables. Santa Cruz, además, tiene el 13 por ciento de la superficie de la Argentina. 

Julián Ercolini, el juez que decide sin pericias

La otra acusación fue que empresas vinculadas a Lázaro Báez, con distintos socios, se quedaron con 51 de las 81 obras de rutas en la provincia santacruceña y que en esas adjudicaciones hubo sobreprecios. El Tribunal Oral Federal número 2 mandó a hacer las pericias que no hizo el juez Julián Ercolini, pero resolvió que no podía analizar las 51 obras, por lo tanto eligió cinco. Pero tampoco esas cinco se pudieron peritar, de manera que sólo se trabajó sobre tres tramos. Como es obvio, hay funcionarios de Vialidad imputados que no tuvieron nada que ver con esas tres obras, de manera que se preguntan cómo podrían condenarlos en base a tramos que se hicieron incluso cuando no eran funcionarios.

Lo que ocurrió con Nieva viene ocurriendo con todos los testigos de la fiscalía: terminan declarando a favor de las defensas. Son goles en contra. Hubo dos ingenieros y un contador que hicieron una auditoría al comienzo de la gestión macrista y dejaron en claro que las obras se construyeron, que no se pagó nada que no hubiera sido construido y que las rutas estaban bien hechas, incluso por encima de las exigencias de los pliegos. Entre lo pagado y lo construido sólo hubo una diferencia, según los especialistas, del 0,01 por ciento.

El juicio no terminará en 2021. Todavía faltan 51 testigos, entre ellos varios que insumirán más de una jornada. El cálculo es que habrá fallo antes de julio de 2022. Hasta ahora, Cristina Kirchner ni siquiera es nombrada en las audiencias. Sucede que las obras se licitaron, adjudicaron y controlaron en Santa Cruz. La Nación sólo pagó lo construido y en base a lo aprobado por el Congreso Nacional y lo verificado por las autoridades provinciales.