Entre las noticias económicas de la ajetreada coyuntura, cayó como balde de agua fría el anuncio oficial del cierre de la planta petroquímica de Dow Argentina ubicada en la localidad de Puerto General San Martín, Santa Fe. Esta no es una más de las empresas que bajan la persiana. Se trata de un caso de referencia que merece especial atención, sea por sus implicancias socioeconómicas como por ejemplificar de manera contundente el proceso de desindustrialización.

Esta planta de Dow es la única en el país que produce polioles para la elaboración de poliuretano, insumo crítico y fundamental en el proceso productivo de una enorme cantidad de bienes. Para dar una idea general de su importancia, esta planta provee insumos irremplazables a la industria colchonera, farmacéutica, automotriz, de refrigeración y electrodomésticos, a la construcción, industria del calzado, a la elaboración de pinturas y solventes y para la actividad minera.

Son pocas las fábricas que producen un insumo tan ampliamente demandado por otras actividades manufactureras en el mundo. Por eso se trata de una “industria de base”. Se trata de una industria indispensable para el desarrollo local, por lo que no contar con ella produciría un aumento de las importaciones, pérdida de divisas y deterioro de la competitividad de las empresas locales dependientes de este insumo para su producción.

¿Por qué cierra una planta industrial estratégica?

En el caso de Dow Argentina no existen argumentos económicos que validen su cierre. Se trata de una empresa que goza de una posición monopólica. Es decir, es el único oferente de este producto a nivel local y no tiene competencia directa del exterior, ya que hace algunos meses el Gobierno nacional otorgó el beneficio antidumping restringido las importaciones de polioles de China, protegiendo la producción de la planta de PGSM. 

Como si esto no fuera suficiente, actualmente la empresa se encuentra en un nivel aceptable de uso de la capacidad instalada, por encima de la media nacional. Además varips son los sectores demandantes de polioles que están mostrando buena recuperación de la demanda y perspectivas de crecimiento. Por ejemplo, la industria automotriz con 99,2 por ciento de crecimiento interanual o la construcción con un acumulado de suba de 61,6 por ciento en 2021.

Queda en evidencia entonces que el problema no es económico, financiero o jurídico, ya que en este caso el mercado nacional y la denominada “estabilidad jurídica” ha jugado en favor de esta empresa. ¿Por qué motivo entonces Dow Argentina decide cerrar, no vender y destruir una planta que es rentable, estratégica y única oferente de un insumo estratégico a nivel global?

La respuesta a esta pregunta la dio el propio gerente de asuntos públicos de la empresa, quien dijo que se trata de una decisión en el marco de una reestructuración global de la compañía y que no tiene ninguna relación con la coyuntura económica o sanitaria del país. "La idea es seguir suministrando el producto en la Argentina a través de otras plantas donde producimos poliuretano como la de Colombia, Brasil o los Estados Unidos", afirmó.

Por lo tanto, se trata de una decisión política de la empresa transnacional que, en el marco de la globalización y el libre mercado, determina en qué países centraliza su producción industrial, dejando a otros con mayor dependencia a la importación y menos empleo.

Las consecuencias en la cadena productiva

El cierre de la fábrica significaría la destrucción de 120 puestos de trabajo directos y muchos más indirectos, con efecto sobre contratistas, servicios tercerizados y otras actividades conexas. 

Impactará en cientos de empresas de varios sectores y actividades productivas que se enfrentarán a la falta de un insumo crítico o a la necesidad de importarlo (aunque difícilmente lo logren si lo hacen en reducidas cantidades). Aumentará la demanda neta de divisas por la importación de los polioles, como propone Dow Argentina, cuando ahora se produce internamente. 

Habrá perdida de competitividad por la exigencia de conseguir este insumo clave en competencia con otras economías del mundo, a lo que se le sumará la dependencia de envíos del exterior para sostener la producción nacional, siendo que no es seguro que la Argentina contará con la cantidad necesaria de este insumo ante un crecimiento de la demanda mundial.

El impacto socioeconómico del cierre de una empresa de esta importancia tiene una magnitud relevante. Es ejemplo del proceso de desindustrialización, el cual tiene consecuencias muy negativas en el empleo disponible, el poder adquisitivo del salario y la calidad de vida de la población.

Reacción del Estado y del sector privado

Las estadísticas son un fiel reflejo de esta destrucción: en 1976, el 80 por ciento de la Población Económicamente Activa tenía trabajo formal, mientras que en 2019 sólo el 40 por ciento. Esto sucede cuando se deja en manos del mercado global las decisiones estratégicas de la economía nacional.

No se puede esperar que una empresa extranjera pondere los intereses nacionales a la hora de decidir donde producir. Sin embargo, se puede exigir que la dirigencia del campo privado como público se interese en el asunto porque no hay razón económica para detener la producción de la planta de PGSM en condiciones de viabilidad técnica y económicas de mercado.

El Estado debe tener un rol estratégico en la planificación de la economía y hacer valer la necesidad pública de mantener la producción de un insumo clave, que puede condicionar la estrategia de desarrollo nacional. Si el Gobierno nacional se ha propuesto como política económica “incorporar valor a las materias primas”, con este caso puede dar muestras contundentes de que eso no es sólo un discurso, sino una realidad que se traduce en decisiones políticas contundentes.

Lo mismo cabe al Gobierno provincial (Poder Ejecutivo y Legislativo) que tiene en sus manos las herramientas necesarias, en el marco de la ley, para dar solución armónica y efectiva. Y los empresarios también tienen que aportar a esta causa porque no hace falta que abandonen su interés gremial y de negocios, sino que comprendan que sin la producción local de este insumo cientos de empresas deberán cerrar, y la economía en la que desarrollan su actividad se empobrecerá aún más.

El sostenimiento de la actividad productiva de la planta de Dow en PGSM es totalmente factible desde el punto de vista jurídico, administrativo, técnico, económico y financiero, sea que la firma Dow Argentina quiera revertir su decisión de cerrar la planta, como que abandone la actividad. Esta es una noble causa nacional porque no hay argentino que pierda con la planta de PGSM produciendo, con sus trabajadores adentro.

La resolución de este conflicto será una clara muestra sobre los intereses y agenda que siguen los gobiernos nacionales y provinciales: la continuidad de la desindustrialización en pos del libre mercado, o la producción y trabajo para el desarrollo de la economía nacional y el bienestar de la población.

* Fundación Pueblos del Sur. [email protected]