El tribunal ordenó indemnizar a los ex accionistas de Aguas Argentinas
Fallo contra la Argentina en el Ciadi
Los accionistas de la ex Aguas Argentinas consiguieron la ratificación de un laudo que ordena al país a resarcirlos con 405 millones de dólares por la anulación de la concesión. El Gobierno negociará las condiciones de pago.
Aguas Argentinas no cumplía con las inversiones y presionaba por aumentos de tarifas.Aguas Argentinas no cumplía con las inversiones y presionaba por aumentos de tarifas.Aguas Argentinas no cumplía con las inversiones y presionaba por aumentos de tarifas.Aguas Argentinas no cumplía con las inversiones y presionaba por aumentos de tarifas.Aguas Argentinas no cumplía con las inversiones y presionaba por aumentos de tarifas.
Aguas Argentinas no cumplía con las inversiones y presionaba por aumentos de tarifas. 
Imagen: DyN

El Ciadi, tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, rechazó un pedido del Estado nacional para que anule una sentencia contra el país en la disputa por la terminación de la concesión de Aguas Argentinas. Con esa decisión quedó firme un laudo de abril de 2015 que obliga al país a pagarle 405 millones de dólares a los tres demandantes: el grupo francés Suez, el holding Vivendi del mismo país y la española Aguas de Barcelona. El cuestionamiento a la decisión había sido presentado dos años atrás por el Gobierno anterior y la resolución del tribunal ad hoc conformado para el caso se conoció recién el viernes pasado. Como no existe un mecanismo directo para forzar el cumplimiento de las decisiones del Ciadi, el país no está obligado a pagar. Sin embargo, desde el Ministerio de Finanzas aseguraron que Argentina cancelará el fallo. “Ahora hay que sentarse a negociar”, indicaron a este diario desde la cartera que conduce Luis Caputo. 

El Ciadi es el tribunal del Banco Mundial donde se dirimen controversias entre países y empresas. Argentina aceptó su competencia durante el gobierno de Carlos Menem como parte de una estrategia de inserción internacional. Además, se firmaron 55 Tratados Bilaterales de Inversión. Ese recorrido implicó la cesión de soberanía jurídica ante tribunales internacionales y restringió la capacidad de regulación del Estado. Argentina acumuló un número significativo de sentencias en contra tras el estallido de la convertibilidad, pero Néstor Kirchner y Cristina Fernández rechazaron pagarlos. El gobierno mantuvo esa postura hasta agosto de 2013 cuando, para destrabar el flujo de financiamiento de los organismos multilaterales, alcanzó un acuerdo con cinco accionistas de concesionarias de servicios públicos privatizados -Azurix, CMS Gas, Continental Casualty, National Grid y Vivendi- que tenían laudos con sentencia firme. Las empresas renunciaron de forma definitiva a las disputas por un total de 677 millones de dólares y, luego de una quita de capital e intereses, el país les entregó bonos en dólares. 

Un segundo hito se registró a comienzos de 2014 con el cierre de la disputa con Repsol por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF. La firma española inició una demanda en el Ciadi por 10.500 millones de dólares, pero la abandonó cuando recibió los 5000 millones de dólares en bonos acordados con el Gobierno como compensación. El más reciente de los acuerdo con litigantes en el tribunal arbitral del Banco Mundial sucedió durante la gestión de Mauricio Macri. En el marco de las negociaciones con los fondos buitre, las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo con los bonistas italianos con títulos en default. A diferencia de los buitres concentrados en las cortes de Nueva York, las demandas de los italianos fueron canalizadas a través del Ciadi en un caso sin precedentes que todavía no tenía una sentencia definitiva. El gobierno accedió a pagarles 1350 millones de dólares en efectivo para que desistieran de sus reclamos judiciales.

Las concesionarias del servicio de agua y cloacas en la región metropolitana de Buenos Aires iniciaron su demanda en abril de 2003. Con el grupo francés Suez a la cabeza, las compañías reclamaban una compensación de 1200 millones de dólares. Aducían, entre otras cosas, que el Gobierno se negaba a conceder ajustes de tarifas. Ese era su argumento para no invertir en la expansión del servicio. La estatización de la empresa sucedió en 2006. A la falta de inversiones se sumaba  el riesgo de que la firma distribuyera agua contaminada en el sudoeste del conurbano. Desde entonces el servicio de agua y cloacas es provisto por el Estado a través de AYSA que, inversiones públicas mediante, comenzó a revertir la deficiente concesión a cargo de Suez.