Argentina tiene un gran legado en materia de Derechos Humanos. Por mucho que determinados grupos o personas quieran relativizarlo o negarlo, es una realidad que tampoco escapa a las y los jóvenes. Así lo demuestra un estudio realizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH - UNESCO) implementado en seis universidades nacionales argentinas: el 90 por ciento de les jóvenes apoya las políticas de Derechos Humanos, y destacan muchos avances en temas de identidad de género y acceso a la información. La desigualdad y los derechos económicos, sociales y culturales son las preocupaciones más grandes.

El proyecto “Encuesta sobre percepción de derechos humanos de estudiantes universitarios”, tal y como su nombre lo indica, es un sondeo que se realizó con el objetivo de conocer de forma más precisa cómo la juventud perciben las cuestiones relacionadas a los Derechos Humanos; así como, también, para generar datos y conocimiento que sirva de insumos al momento de formular políticas públicas en relación a estas temáticas. “Es resultado de un acuerdo estratégico que hicimos con las universidades, sobre todo con la Facultad de Derecho de la UBA, para fortalecer todo lo que fueron las políticas públicas de derechos humanos en Argentina”, explicó a Página/12 la directora ejecutiva del CIPDH, Fernanda Gil Lozano.

El trabajo se realizó entre 2018 y 2019, sobre una muestra que ascendió a 2174 casos distribuidos entre facultades y departamentos de las universidades nacionales de Quilmes, José C. Paz, del Centro, de Rosario y la UBA. “Es interesante volver a traer esta encuesta porque en la pandemia no se pudieron hacer muchas cosas, y nos permite poner en evidencia lo que significaron las políticas públicas de Derechos Humanos y qué resultado tuvieron entre los jóvenes”, destacó Gil Lozano.

En este sentido, uno de los hallazgos más relevantes es que el 86,6 por ciento de les encuestades perciben el concepto de derechos humanos como una herramienta positiva vinculada a la dignidad humana y a logros y reivindicaciones sociales. “Consideran las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y de Juicio y Castigo como hechos muy positivos de nuestra historia, y unen mucho los Derechos Humanos con los derechos económicos, con la idea de producción y de trabajo”, profundizó la directora del Centro, considerando que “desde el prejuicio, muchas veces se piensa que no es así”. Del mismo modo, destacó que las y los jóvenes también se refirieron a las políticas relacionadas con temas de género en términos de sexualidades y de salud sexual y reproductiva, mostrando el impacto positivo de las leyes más importantes en este ámbito que fueron sancionadas en 2010 y 2012. “Ellos solos están ampliando el concepto de derechos humanos”, sostuvo Gil Lozano.

Esto es todavía más interesante si se lo contrasta con la proliferación de discursos negacionistas en grupos y personas que, además, intentan llegar a sectores juveniles con estas retóricas, situación que señaló a este diario la directora del CIPDH: “No todos piensan como muchos grupos negacionistas dicen, en el estudio se trabajó para generar un conciencia que, descubrimos, ya está instalada”. “Las leyes y la promoción de derechos están asentadas y hacen mella en los jóvenes, a pesar de que digan que no”, añadió.

La encuesta realizada durante el último año del gobierno macrista también da cuenta de cómo las y los jóvenes percibían la realidad y los debates que se daban en esa época. Así, del análisis emerge la preocupación por la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales, con un 44 por ciento afirmando que éstos son los Derechos Humanos más vulnerados y con 9 de cada 10 encuestados coincidiendo en que existe un grave problema de desigualdad en el goce efectivo de estos derechos --con personas en situaciones de pobreza como el grupo más vulnerado.

Asimismo, la mayoría está de acuerdo en la necesidad de que el Estado garantice la igualdad en Derechos Humanos a pueblos originarios e inmigrantes. Sin embargo, el 53,6 por ciento también señaló que los beneficios derivados de las políticas públicas deberían ser para las y los argentinos; y un alto número de respuestas consideró en algún grado que “el respeto a los derechos humanos dificulta la lucha contra la delincuencia”. “Son datos para trabajar en nuestras aulas, que abren espacios de reflexión”, afirmó Gil Lozano, y añadió que “esta data también te permite ver qué es lo que hay que trabajar socialmente”.

Mientras tanto, el CIPDH trabaja en una nueva encuesta junto a la Universidad de Quilmes, con el objetivo de retomar lo que está sucediendo, lo que sucedió y cómo se siguen percibiendo estas cuestiones en el nuevo mundo postpandemia.

Informe: Sofía Moure