El juez Juan Francisco Pisa está siendo sometido a un juicio político en Tucumán por incumplimiento a sus deberes de funcionario público al no haber protegido a la docente salteña Paola Tacacho y por haber sobreseído a quien luego la asesinó, Mauricio Parada Parejas. El magistrado presentó su descargo ante la comisión que lo juzgará. Estaba prevista la lectura pública de ese documento esta semana pero no se hizo, sin embargo, se ofreció una copia por escrito a la parte demandante.

Tacacho tenía 32 años y era docente de inglés. Oriunda de Salta, como muchxs jóvenes de esta provincia fue a estudiar el profesorado en la Universidad Nacional de Tucumán, se recibió allí y estaba ejerciendo su profesión en esa provincia vecina. 

En el ejercicio de su actividad docente, en 2015, tuvo como estudiante a Mauricio Parada Parejas, quien se obsesionó con ella y la acosó durante más de 5 años. Tacacho realizó decenas de denuncias ante la Justicia tucumana y también su familia había radicado dos denuncias contra este hombre en Salta. Los organismos que debían impartir justicia y protegerla no lo hicieron, el viernes 30 de octubre de 2020 la joven fue asesinada y su atacante luego se suicidó. 

La prima de la víctima, Nilda Zerpa, contó el largo camino que recorrieron también como familiares desde el año pasado para que el juez Pisa fuera sometido a un jury de enjuiciamiento. En este juicio se prevé que en un mes sean los alegatos y la sentencia. "Venimos con siete pedidos de juicio desde noviembre. Este es el octavo. Podemos llegar a sentenciarlo. Buscamos la destitución de Pisa", contó la joven.

El pedido de la familia para que el juez sea destituído apunta a la responsabilidad que tenía como funcionario de justicia de haber abordado la causa que tuvo en sus manos con perspectiva de género y valorar el peligro en que se encontraba Tacacho, ya que si hubiera tomado medidas de protección, podría haber evitado el femicidio. Zerpa indicó que a su prima no le pusieron consigna policial ni le dieron un botón antipánico. Tampoco se tomaron medidas contra el acosador para frenar su conducta violenta. 

Pisa había presentado su renuncia condicionada a la jubilación 15 días antes del femicidio de Tacacho. Zerpa recordó que habían presentado varios pedidos al gobernador de Tucumán (ahora jefe de Gabinete de Nación) Juan Manzur para que no acepte la renuncia del juez ya que esto implicaba que no podría ser sometido al jury porque para ello se requiere que los funcionarios estén en ejercicio. Entre las compañeras docentes de la víctima y un legislador tucumano, juntaron 50 mil firmas avalando ese pedido. En febrero "cuando se vencía el plazo para que la comisión de juicio político formule la acusación. Manzur dos horas antes aceptó la renuncia", sostuvo la prima de Tacacho.

Zerpa explicó que tenían entonces que esperar 60 días, tiempo en que la comisión que debía juzgar el juez por procedimiento tenía que suspender el trámite. Finalmente por cambios en los requisitos de Anses para la jubilación de funcionarios, Pisa no se jubiló, ya que le solicitaron la renuncia definitiva y esta vez Manzur no la firmó. Al enterarse de que Pisa no se había jubilado, los familiares y las organizaciones sociales hicieron un pedido público a la comisión para que se expida, "nos damos con que estaba archivada la causa. Lo que tenían que hacer era suspender, no archivar. Pero entró otro pedido de juicio político. La comisión tenía que elegir si desarchivaba corrigiendo un error sustancial en la resolución de archivar la causa o correr traslado al octavo pedido de jury. Decidieron esto último", explicó. Este último pedido fue realizado por dirigentas Belén Ortíz,  de la agrupación Kolina, y Laura Sánchez, de Campora.

La acusación contra el juez es por incumplimiento de los deberes a su cargo: por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva para Tacacho; por no haber observado las condiciones de vulnerabilidad de la víctima y por no abordar la causa con perspectiva de género". En agosto se hizo la audiencia en la que se le comunicó formalmente la acusación que pesa en su contra. 

La madre de Tacacho prefirió no estar en esa audiencia, pero fueron otros familiares acompañados por las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. "Fueron tres horas de lectura de más de 80 páginas. Pisa se levantó tres veces al baño, empezó a gritar, y decía que todo es culpa del periodismo (...). Dio una entrevista donde dice que no podía hacer nada, que (Parada Parejas) era inimputable, dice que no tiene la culpa de que Paola haya fallecido", recordó Zerpa. Y agregó que la madre de Tacacho le respondió al juez aclarando que su hija no falleció, "la asesinaron". "Él lo que hace es ponerse en lugar de víctima", sostuvo Zerpa.

La defensa del magistrado planteó que no corresponde que se iniciara un juicio político cuando ya había una resolución que lo archivaba. Indicó que 6 de los 9 legisladorxs que integran la comisión del jury también integraron la anterior, y habían decidido archivar la causa. En este sentido, la defensa de Pisa sostuvo que no varió la plataforma fáctica ni hubo elementos nuevos para modificar la primera clausura y archivo, por lo que aseguró que el juez no puede ser sometido a otro proceso por el mismo hecho. Además cuestionó la legitimidad de dos mujeres que se presentaron como parte del Colectivo Feminista de Tucumán. 

Las denuncias de Tacacho contra Parada Parejas comenzaron en 2016. Ante las desobediencias judiciales del hombre, en 2017 Pisa reconoció que actuó en 14 causas y dictó el sobreseimiento del imputado; ahora su defensa responsabilizó al Ministerio Público Fiscal por no haber apelado su decisión judicial. Además, Pisa argumentó que en las desobediencias judiciales la víctima era "la administración pública" (a pesar de que las consecuencias las sufrió Paola Tacacho) y que "la perspectiva de género se aplica a una mujer, y no cuando la víctima es la administración pública".

La prima de Tacacho contó que también la Corte de Justicia tucumana había iniciado de oficio una investigación por todas las oficinas que recorrió la víctima. "Encontraron que en dos juzgados había bastantes irregularidades. En uno había denuncias que dormían en escritorios y mal archivadas. Había irregularidades en el juzgado de Pisa, no decían cuáles. Son 6 expedientes de la auditoría", señaló Zerpa. "Pisa no aplicó perspectiva de género cuando tenía la obligación de aplicarla en todas las causas", insistió.

Dijo que la lectura pública del descargo de la defensa de Pisa tenía que hacerse esta semana pero no se concretó, consideró que fue "por el contexto en que asumía el vicegobernador Osvaldo Jaldo" como gobernador de Tucumán. Ahora comenzarían a producirse los testimonios. 

Zerpa indicó que la familia de la joven también presentará una demanda civil contra el Estado tucumano por la actuación de lxs fiscales de la causa. Precisó que se reunió con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, cuando estuvo en Salta y le pidió que intervenga. 

"El Ministerio (de Mujeres) hizo una presentación en Tucumán pidiendo explicaciones por los distintos fiscales que actuaron en el caso. Le pedimos a la ministra que hagan un seguimiento. El Ministerio Público Fiscal no les respondió", dijo Zerpa. Luego el Ministerio logró una audiencia en la que el secretario del Ministerio Público Fiscal tucumano, Tomás Robert, informó que "se iniciaron dos sumarios, uno para Fernando Isa, auxiliar de Fiscalía, y otro en general para investigar a todos los fiscales que intervinieron. A Isa, debido a que archivó una causa porque estaba sin resolverse y por falta de espacio físico. Era un expediente de más de 800 fojas que podía haber prosperado, había pruebas y pericias que demostraban el peligro en el que estaba Paola", sostuvo Zerpa.

La familia también pidió un juicio político para la fiscala Mariana Rivadeneira pero no prosperó y se archivó, "nos dijeron que no podían juzgar a un fiscal por las decisiones que tomaron en el marco de una investigación", contó Zerpa.