El Gobierno dejó sin efecto un concurso que beneficiaba a la empresa satelital DirecTV
Anulan una licitación pública a medida
La convocatoria era para instalar acceso wifi en 200 localidades con un servicio que sólo ofrece DirecTV. PáginaI12 denunció la maniobra la semana pasada y dieron marcha atrás.
La licitación armada por Andrés Ibarra era un negocio de 12,2 millones de pesos para DirecTV.La licitación armada por Andrés Ibarra era un negocio de 12,2 millones de pesos para DirecTV.La licitación armada por Andrés Ibarra era un negocio de 12,2 millones de pesos para DirecTV.
La licitación armada por Andrés Ibarra era un negocio de 12,2 millones de pesos para DirecTV. 

El Ministerio de Modernización dejó sin efecto ayer una licitación para la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de puntos de acceso wifi en 200 localidades del país con transporte de datos satelital en banda Ka. La decisión se tomó luego de que PáginaI12 revelara el martes 8 de noviembre que la convocatoria había sido armada a medida de DirecTV, ya que la firma estadounidense es la única que puede brindar servicios satelitales en el país en esa banda debido a una autorización experimental que le otorgó el gobierno en septiembre. El contrato iba a ser por 12,2 millones de pesos, pero los fondos imputados al proyecto quedaron desafectados.
La apertura de ofertas estaba prevista para ayer a las 11 horas. Sin embargo, el Ministerio de Modernización finalmente decidió dar marcha atrás. Luego de la denuncia de este diario, la cartera que conduce Andrés Ibarra había dejado trascender informalmente que iba a anular la licitación y lo oficializó a través de la resolución 34 publicada en el sitio de Internet comprar.gob.ar con la firma de Raúl Martínez, responsable de la secretaría País Digital, y sin dar ninguna explicación.  
DirecTV incluso ya había tomado la decisión de no presentarse luego de que el llamado a licitación quedara sospechado públicamente de corrupción. La estadounidense AT&T, controlante de la firma, cotiza en la bolsa de Nueva York y si finalmente su filial ganaba la cuestionada licitación, algo que se daba por hecho, los directores podían ser alcanzados por las sanciones previstas en la Foreign Corrupt Practices Act, una ley que prohíbe a las compañías de Estados Unidos o a cualquiera de sus subsidiarias, independientemente de dónde estén ubicadas sus operaciones y sus empleados, propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios públicos en el extranjero con el fin de beneficiarse de esta acción.
La licitación había generado polémica en el sector porque exigía que el servicio satelital fuese brindado en banda Ka y la única empresa en condiciones de cumplir esa exigencia era DirecTV. Además, todas las especificaciones técnicas coincidían con las que la firma les ofrece actualmente a sus clientes, las cuales incluso había detallado el 5 de julio cuando le solicitó por escrito al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, autorización para llevar adelante la prueba experimental en banda Ka. El pliego de bases y condiciones especificaba en sus páginas 5 y 6 que la velocidad de cada estación remota debía ser de 15 megabit por segundo (Mbps) de bajada y 3 Mbps de subida y que el proveedor debía soportar tres tipos de límites mensuales: 10 GB, 20 GB y 50 GB, exactamente las mismas características que la empresa promociona en su web para el servicio de Internet satelital en banda Ka.  
La banda Ka es una porción del espectro radioeléctrico que hace un uso más eficiente de las frecuencias que transporta. Por lo tanto, es ideal para brindar servicios de internet por banda ancha y, a su vez, permite utilizar antenas de recepción de menor tamaño. Hasta mediados de este año no había oferta en esa banda, pero el 5 de julio DirecTV presentó una solicitud en el Ministerio de Comunicaciones firmada por el director de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales, Francisco Barreto, para poder brindar banda ancha satelital de manera experimental por el plazo de dos años a un universo de hasta 5000 suscriptores. Allí Barreto aseguró que era un proyecto estratégico y buscó presentar la demanda como una concesión al gobierno. “La decisión de realizar la prueba piloto en Argentina no solo refleja la confianza en DTV como prestador de servicios, sino también las expectativas que el grupo ha depositado en nuestro país a partir de la nueva etapa que está iniciando el gobierno nacional”, aseguró.
El gobierno le dio luz verde al pedido a través de una resolución publicada el 16 de septiembre donde se le otorga una autorización “precaria y experimental (…) para desarrollar una prueba piloto, utilizando 216 MHz de la capacidad del satélite geoestacionario denominado Spaceway 2, con operación en banda de frecuencias Ka”. El avance de DirecTV generó polémica en el sector porque utiliza un satélite que no tiene aprobados los derechos de aterrizaje en el país y porque el Gobierno en ningún momento explicitó qué es lo que quiere probar a través de esa autorización y a través de qué metodología.
Además, el permiso otorgado entra en contradicción con el decreto 267 de necesidad y urgencia que el propio Mauricio Macri firmó a fines del año pasado para reformar artículos claves de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Originalmente, el inciso A del artículo 45 de la ley había establecido que los operadores de servicios satelitales no podían ser titulares de ningún otro tipo de servicio de comunicación audiovisual, pero el decreto 267, que flexibilizó los límites a la concentración de mercado, en este punto fue todavía más restrictivo y agregó que tampoco podían ser titulares de “servicios TIC regulados por la ley Nº 27.078”, conocida como Argentina Digital. De este modo, fue más explicito al momento de dejar en claro que DirecTV ni siquiera podía brindar banda ancha, aunque luego retrocedió sobre sus pasos y le otorgó la autorización experimental.

fkrakowiak@pagina12.com.ar