El agente de inteligencia de Ejército retirado Mario Ocampo tendrá la posibilidad de decir lo que quiera este jueves frente al Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín antes de que los jueces que lo integran emitan su veredicto sobre los crímenes de lesa humanidad contra militantes de la Contraofensiva Montonera durante la última dictadura cívico militar por los que fue juzgado desde principios de 2020. En mayo pasado otros cinco represores, que integraron la jerarquía de la inteligencia del Campo de Mayo, recibieron condenas a prisión perpetua por esos crímenes.

Ocampo quedó fuera del primer juicio de lesa humanidad por los crímenes contra la Contraofensiva montonera ya que se mantuvo prófugo hasta 2019, cuando fue finalmente detenido. Tras un año y medio de audiencias y cuatro jornadas de lectura de alegatos, la fiscal auxiliar Gabriela Sosti solicitó al tribunal que lo condenen a prisión perpetua por hallarlo coautor penalmente responsable de los secuestros, las torturas y los homicidios de 47 personas, además del allanamiento ilegal de dos casas. Los hechos tuvieron lugar entre 1979 y 1980 y a militantes que participaron de los operativos enmarcados en la Contraofensiva de Montoneros como víctimas. Para la fiscal es fundamental que en el veredicto sean definidos como genocidio.

Las querellas que completan la acusación --Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, subsecretaría provincial y dos grupos particulares-- también solicitaron la pena máxima para Ocampo.

En su alegato, la fiscal solicitó que Ocampo cumpla condena en una cárcel del Sistema Penitenciario Federal, ya que hasta ahora permanece beneficiado con un régimen de prisión domiciliaria. Además, pidió que, de ser condenado, el veredicto sea informado al Ministerio de Defensa para que se avance con su destitución y su baja de la fuerza.

Ocampo hizo carrera en el Ejército. Llegó a Campo de Mayo en 1979 desde Mendoza, donde se había desempeñado en la Compañía de Ingenieros de Montaña de Campo Los Andes, con el objetivo de integrarse a la escuela de Inteligencia del Ejército. Entre el 21 de diciembre de 1979 y el 31 de noviembre de 1981 Ocampo ocupó el cargo de jefe de la Segunda Sección de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia con asiento en Campo de Mayo.

Para la Fiscalía, el agente retirado “ejecutaba los procedimientos para la reunión de información y para proporcionar refuerzos y apoyo a otras unidades”, postuló durante su alegato, resumido en el sitio de información del Ministerio Público. Allí, en tanto, indica que la actuación del acusado “fue relevante para la ejecución de las actividades de inteligencia, para proponer el reclutamiento y despliegue del personal y para la realización de las actividades de investigación que expresamente se ordenaran”.

La primera vez que Ocampo fue involucrado judicialmente en crímenes de lesa humanidad fue en 2011, cuando la Justicia lo citó para dar declaración indagatoria en el marco de la investigación por la desaparición de Félix Ordenes, un soldado conscripto que fue visto por última vez en agosto de 1976 cuando cumplía servicio militar obligatorio en Campo de los Andes.

Al año siguiente fue citado nuevamente para dar explicaciones por los secuestros del delegado gremial Marcos Antonio Valdéz y del empleado Lucio Olmedo Arizu, hechos por los que solicitaron su detención. No acudió a esa citación y se profugó. Recién en 2017 fue localizado en un barrio privado de Pilar, y detenido dos años después, en 2019.

El tramo que lo juzga es el segundo que es desarrollado en el marco de un juicio oral y público de la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que sufrieron los y las militantes de Montoneros que participaron de operativos de la Contraofensiva, entre 1979 y 1981. El primer juicio culminó el pasado mayo, con las condenas máximas aplicadas a los jerarcas de Inteligencia del Ejército Luis Angel Firpo, Roberto Dambrosi, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Norberto Apa y Marcelo Cinto Courteaux.

El expediente continúa abierto y avanzando en la justicia de primera instancia. Hay un nuevo tramo que ya fue elevado a debate oral, y que tiene al comisario retirado de San Martín Roberto Álvarez como acusado. Álvarez fue reconocido por la sobreviviente Aixa Bona mientras declaraba como testigo en el primer tramo del juicio, en agosto de 2020. En tanto, aguarda su elevación a juicio la acusación contra el gendarme retirado Oscar Olari.