La Auditoría General de la Nación emitió un informe lapidario contra el bono a 100 años emitido durante la gestión de Luis Caputo en el Ministerio de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Afirma que Caputo se habría beneficiado personalmente con la operación. Con esa operación se garantizaba a los inversores una tasa de 7,9 por ciento por un siglo. El saldo de esa operación fue que le permitía a los financistas "que en 13 años de plazo pudieran recuperar la inversión inicial y tener 87 años de ganancias netas", señala la AGN.

El informe cuestionó la emisión del ese bono por 2750 millones de dólares a 100 años, colocacio en 2017. En junio de ese año, el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó a Caputo por sospechas de "conductas delictivas" en perjuicio del Estado Nacional y le pidió al juez federal Ariel Lijo que investigara la operatoria. En marzo de 2018 Lijo decidió desentenderse del expediente, en una evidente decisión política para no incomodar al gobierno de Macri.

El informe sobre la gestión del endeudamiento de este bono menciona que “carece de estrategia de financiamiento”. Esto implicaría que por alguna razón Caputo eligió esta forma de financiamiento pese a que había mejores condiciones de financiamiento. Se recibieron más de 25 ofertas alternativas por parte de bancos internacionales, todas a menores plazos y tasas. No se presentaron registros que alguna de ellas haya sido analizada.

Martín Tetaz, actual candidato a diputado nacional y uno de los referentes de Juntos por el Cambio en el debate económico nacional, decía que “lo primero que quiero explicar es que no es cierto que a esa deuda la vayan a pagar nuestros nietos. La verdad es que, dentro de 100 años, crecimiento económico mediante, ese dinero que hoy representa el 0,5 por ciento del PIB, será probablemente el 0,0025 por ciento de nuestra economía”. A los pocos días, el Financial Times definió al bono del siglo como lo “más delirante” del mercado internacional.

El informe de la AGN especifica que “se permitió participar de la operación a un fondo de inversión creado por el entonces ministro de Finanzas que diseñó el instrumento de endeudamiento”. Se favoreció a Noctua Asset Management LLC, fundado por Luis Caputo en 2009. Caputo se colocó así de los dos lados del mostrador, como emisor del bono y como comprador.

En una conferencia de prensa en 2017, el diputado Darío Martínez explicaba que "se trata de una clara maniobra para perjudicar al Estado y para beneficiar a algún tomador de bonos que seguramente tiene su futuro asegurado"

Argentina aceptó por 100 años una tasa de 7,9 por ciento anual, "sin posibilidades de rescate anticipado en caso de que las condiciones internacionales cambiaran, producto de impracticables cláusulas incorporadas en el prospecto de emisión", cuestionaron los auditores. En 2017 la tasa de interés de Estados Unidor era de 1 por ciento.

El informe fue presentado por el auditor general Javier Fernández y, entre las observaciones, se destacó que “la emisión del bono del siglo no estaba contemplada en el programa financiero anual". “No se incluyó un análisis de alternativas de colocación y se fijó un endeudamiento oneroso por 100 años. Había otras posibilidades, como avanzar con bonos ya existentes. Tampoco se eligió la moneda ni la tasa de interés recomendada por los bancos”, indicó el trabajo de la AGN.

El informe finalmente aprobado con disidencia del presidente de AGN y del bloque opositor detalló que “se trató de un endeudamiento a un plazo exagerado y oneroso para el Estado, que se tramitó en un tiempo exiguo sin existir constancia de un análisis técnico adecuado”. El tratamiento del informe sobre el “Bono del Siglo” derivó en un debate entre los Auditores Generales. Graciela De la Rosa fue la primera en tomar la palabra luego de la exposición de Fernández. “En 2017, la deuda externa se incrementó en 35 mil millones de dólares. No hubo evaluación previa y eso es gravísimo. Te lo piden hasta para solicitar un préstamo y poner un quiosco”, analizó.