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Una investigación del fiscal federal con competencia electoral en el distrito de Salta, Ricardo Toranzos, estableció que en el municipio de Aguas Blancas existen más de 2.000 inscripciones irregulares en el padrón electoral. La localidad, que tiene 3.648 habitantes según el censo 2022, cuenta actualmente con 5.736 electores habilitados para votar, lo que representa un 57,2% más de votantes que de habitantes.
Partiendo de estas inconsistencias, la fiscalía ordenó realizar un relevamiento casa por casa y vía aérea con imágenes de un dron para la verificación domiciliaria del padrón de electores registrados en esa localidad que limita con Bolivia. El relevamiento se hizo el martes último con la participación de 60 efectivos de la Policía de Salta y 40 de Gendarmería Nacional.
“La hipótesis principal es que ciudadanos provenientes de Bolivia gestionan DNI argentino en Aguas Blancas para acceder a subsidios y beneficios sociales, además de quedar empadronados en la localidad. Esto distorsiona la representación democrática y el uso de recursos estatales”, señala un informe elaborado por la fiscalía.
También destaca que hay "más de 3.000 electores en domicilios ambiguos", que en las últimas elecciones presidenciales de 2023, "entre 300 y 400 personas ingresaron desde Bolivia en cada jornada electoral" y que, a partir de esta situación, se infiere que "en elecciones nacionales, el impacto es marginal" pero "en municipales, puede ser decisivo".
"Votos golondrina"
Esta investigación se inició a partir de la denuncia presentada en 2023 por Santiago Alberdi, que entonces era apoderado del PRO, quien pidió que se investigue el supuesto ingreso irregular de personas provenientes de Bolivia por el paso internacional de Aguas Blancas los días de elecciones.
El denunciante sostuvo que en esas fechas se registraban largas filas para cruzar al país para votar a cambio de dinero, y especuló con que estas personas podrían haber obtenido la residencia o la nacionalidad de manera irregular, facilitando de esta forma “votos golondrina”.
En el inicio de la investigación la fiscalía relevó el padrón cotejando datos de la Secretaría Electoral, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Así se estableció que hay diferencias relevantes entre la información aportada por estos organismos: es mucho mayor la cantidad de electores registrados en los padrones nacionales en comparación con los habitantes censados por INDEC.
También se estableció que gran parte de estas personas tienen consignados domicilios sin numeración, y la cantidad de domicilios en una misma calle es significativamente mayor a la cantidad de viviendas que hay en esa vía.
En el censo de 2010 en Aguas Blancas se registraron 2.395 habitantes, y en un relevamiento de 2022, ese número aumentó a 3.648, es decir, que el crecimiento en 12 años fue de 1.253 pobladores, un 52,3%.
El cruce de información también exhibió un aumento exponencial de votantes desde 2015, año en que Aguas Blancas pasó a la categoría de municipio. Mientras en esa fecha había 3.286 electores -una cifra que ya se consideraba elevada-, en abril de este año el número trepó a 5.736 votantes, lo que implica un incremento en una década del 74,6%.
Relevamiento domiciliario
El relevamiento realizado en el marco de la investigación mostró que el crecimiento poblacional se concentró en cuatro calles que desembocan en el río Bermejo, límite con Bolivia. En esas calles se detectó que los registros electorales superan ampliamente la cantidad de viviendas. Por ejemplo, en la calle 20 de Febrero, de una extensión de 619 metros, figuran 793 votantes. Sin embargo, el relevamiento no pudo establecer esa cantidad, dado que en esa arteria hay varios espacios verdes y muchos inmuebles son depósitos de mercadería, hoteles y baldíos.
Situaciones similares se verificaron en las calles 25 de Mayo, donde figuran domicilios de 729 votantes; 9 de Julio, con 700; Rivadavia, con 324; Agua Blancas, con 485, y las intersecciones de 9 de Julio y Rivadavia, con 26, y 25 de Mayo y Güemes, cuya ubicación fue dada por 39 personas registrados para votar.
La fiscalía hizo hincapié en estas calles, principalmente porque en ellas se aglutinan poco más de 3.000 votantes registrados, número que no pudo ser comprobado por los policías que relevaron esa zona el martes pasado, con lo cual se comprobó una grave irregularidad de registro, afirmó la fiscalía.
El informe del relevamiento destaca que esas calles, además de tener una extensión de 300 a 600 metros, con pocas casas de familia, no cuenta con una numeración oficial en los registros públicos, sino que aparecen con las leyendas “sin número”.
La fiscalía indicó que la intervención municipal informó que está en marcha un proceso de regularización para la asignación de numeración de los inmuebles.
Por otra parte, se dio a conocer que los vecinos y vecinas fueron convocados públicamente a renovar el DNI con el fin de consignar sus domicilios con número, pero solo un pequeño porcentaje se presentó.
Para la fiscalía, la falta de numeración en los domicilios declarados refuerza la sospecha de una modalidad ilícita para un empadronamiento ficticio. Además, estas calles terminan en zonas de maleza que conectan directamente con el río Bermejo, lo que para la fiscalía refuerza las hipótesis sobre el posible cruce de ciudadanos desde Bolivia en fechas electorales.
La fiscalía informó que ahora trabaja en la identificación de los posibles responsables de estas maniobras y en determinar si se usó documentación apócrifa para sustentar las inscripciones irregulares en el padrón electoral.
En el reporte, la fiscalía a cargo de Toranzos, enumeró hipótesis u observaciones críticas: ingreso de ciudadanos bolivianos para gestionar DNI argentino y acceder a subsidios; padrón inflado artificialmente; deficiencias administrativas; maniobras políticas en zonas de frontera, alta concentración en domicilios sin número; padrón electoral supera ampliamente la población censada; posibles empadronamientos ficticios; cercanía con Bolivia facilita inscripciones no genuinas.
