Organizaciones indígenas y de criollos de la jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este coincidieron en criticar al gobierno de Salta el miércoles último. Por un lado, le reprocharon la continuidad de la tala ilegal en la zona de los ex lotes fiscales 55 y 14, que están siendo divididos entre las familias originarias y criollas en el marco de una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Por el otro, recriminaron la falta de información clara y comprensible, y la no realización de la consulta previa en relación al proceso de revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
Estos reclamos fueron expuestos en un taller organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia en el contexto de la revisión del OTBN. Organizaciones de habitantes de ese lugar habían pedido la suspensión de esta actividad por entender que el proceso no era transparente, que no se les había dado información previa y que tampoco había traductores interculturales bilingües, un requisito que es importante porque la mayor parte de la población de esta zona es integrante de pueblos indígenas que hablan sus lenguas propias.
Asistentes al taller, realizado en el galpón de la Organización de Familias Criollas (OFC), emitieron un comunicado en el que señalaron que hubo "un clima de tensión". "El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, Alejandro Aldazábal, recibió críticas de las organizaciones, tanto criollas, como de comunidades originarias, no sólo por la falta de transparencia e información del proceso de OTBN, que acordará los mapas de desmontes, según obliga la Ley de Bosques, sino también, por los escasos controles de ese organismo, ante los desmontes ilegales de palo santo que padecen los pobladores de la zona", resumieron.
Por su parte, Aldazábal dijo a Salta/12 que precisamente, el taller era informativo, como paso previo a empezar la discusión de la revisión. Y sobre la tala, dijo que aumentarán los controles.
Que se cumpla la sentencia
El presidente del Concejo Deliberante de Santa Victoria Este, Dante Andrada, le entregó al secretario un proyecto de declaración por el que ese cuerpo solicita al Poder Ejecutivo Provincial que “arbitre las medidas necesarias a fines de controlar y hacer cesar con carácter de urgente la tala ilegal de madera de los ex lotes fiscales 55 y 14” debido a la “alarmante actividad” que “afecta sobremanera el desarrollo sustentable de las generaciones presentes y futuras de nuestro pueblo".
La declaración también recuerda que el gobierno de Salta creó en 2020, mediante el decreto 538, una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) para “dar cumplimiento con las disposiciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en su sentencia sobre los ex lotes fiscales 55 y 14, y ruega a los funcionarios de la provincia que "de manera urgente tomen todas las medidas necesarias a fin de dar real cumplimiento con el fallo” y advierte que la tala pone en peligro este proceso.
El poblador criollo Arturo Barroso, integrante de la OFC, solicitó a Aldazábal una “urgente auditoría" al área de Ambiente, ya que hay “muchos funcionarios involucrados en el tema de la madera”, en referencia a la tala ilegal en la zona. Exigió que se “tomen las cosas en serio” porque “el gobierno sabe la corrupción”, y advirtió que si no se pone fin a esta situación “nosotros nos vamos a convertir en policía”.
"Un palo que cae afecta a 50 metros cuadrados de terreno, porque se rompe el duraznillo, el garabato, hace pedazos los nidos”, explicó Barroso para cuantificar el daño que provoca la tala. Denunció que 83 equipos salieron de los ex lotes 14 y 55, con alrededor de 50.000 postes, recordó que en mayo la Policía realizó siete procedimientos en los que decomisó alrededor de 5 mil postes, pero “un senador de Rivadavia hizo gestiones y entregó los postes”.
Ya el 7 de septiembre, en una nota al gobernador Gustavo Sáenz, referentes indígenas y criollos informaron de la tala, lamentaron que no se tomen medidas, a pesar de que “se conocen con nombre y apellido los motivadores de estos ilícitos, y algunos con pasado judicial alarmante” y aseguraron que se debería auditar al área de Ambiente por “los permisos y guías truchas” que se usan para transportar la madera.
También recordaron que el fallo de la CorteIDH “establece la prohibición total del corte de madera hasta tanto, no se termine con la relocalización o reubicación de familias criollas a sectores seguros y definitivos, para el desarrollo de esas familias”. La tala está prohibida también el decreto 1498/14, del gobierno provincial.
A pesar de esta normativa, “La tala ilegal se viene realizando, ya en todas partes sin ningún control, poniendo literalmente en peligro el proceso de reubicación de familias criollas, porque tienen que ir a lugares totalmente desérticos, sin posibilidad alguna de supervivencia, sin agua, sin caminos, sin recursos para desarrollar su actividad”.
Sobre estos reclamos, Aldazábal contó que asumió el compromiso de "articular con otras áreas del gobierno y de la Justicia para que podamos hacer efectivo el incremento en esos controles", recordó que a principios de año tomaron medidas en tal sentido, aumentaron los controles, pero no fue suficiente.
Sin traductores
En el encuentro el presidente de la Unión de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza, leyó otra nota enviada a comienzos de septiembre al gobernador, en la que le solicitaron la “suspensión y anulación” de los talleres organizados por la Unidad Ejecutora de la Secretaría de Ambiente, a cargo del OTBN, y advertían que el proceso de convocatoria y realización de estas actividades está violando sus “derechos a la interculturalidad”, la “Ley de Bosques 26.331" y la Ley 25.831, de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, además de otras leyes nacionales e internacionales "inherentes a los derechos de los pueblos indígenas”.
Esa nota requería que se brinde “a todas las comunidades originarias de la provincia la información completa, bilingüe y con la debida antelación, donde conste: objetivos, metodologías, fechas y lugares de los 'Talleres', como también, el soporte cartográfico, capas utilizadas y metodologías", con el fin "de garantizar nuestra participación como actores verdaderos de nuestras decisiones soberanas”. Al finalizar el taller, Mendoza le entregó la nota a Aldazábal mientras le comentaba que este reclamo se suma a otros realizados, sin recibir respuesta.
“No podemos tener participación si no ponen facilitadores indígenas, no tenemos traductores, asesores legales, para que podamos debatir en este encuentro", sostuvo Mendoza en declaraciones a medios locales. "A nosotros nos han tomado el pelo como originarios, cada vez más discriminados", añadió antes de informar que pidieron una prórroga y que las actividades se reinicien "como corresponden". "Nosotros como pueblos originarios y pueblos criollos queremos tener la previa consulta", explicó, y resaltó que no tienen respuestas a sus pedidos: "Ya hemos enviado notas al gobernador Gustavo Sáenz solicitando que haya previa consulta, pero están violando nuestros derechos, hasta ahora no hay ninguna respuesta", insistió.
Aldázabal dijo que tomó nota de las consideraciones de Mendoza y recordó que se presentó una propuesta de metodología de consulta libre e informada, que incluye la presentación en lengua indígena con traductor en las comunidades. Sin embargo, destacó que la comunidad que presentó la nota es parte de una organización que participa de la Mesa Asesora. "Vamos a trabajar para ir mejorando la consulta", añadió y aclaró que estas reuniones no son para presentar un mapa nuevo del OTBN, sino para "explicar los alcances de la ley nacional y el mapa que tiene actual en vigencia la provincia y lo que se puede hacer en cada una de las categorías del mismo y la posibilidad del acceso a los fondos de bosques". El paso previo a la revisión.
Las organizaciones subrayaron que también hubo cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, sociales, universitarias, de pequeños productores, y de funcionarios de organismos nacionales, que integran el Consejo Asesor del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que es de consulta “permanente y obligatoria” por parte del gobienro para definir las bases cartográficas para la revisión del OTBN, que determinará qué zonas pueden desmontarse.
En la última reunión virtual del Consejo Asesor, el viernes 10 de setiembre, también se escucharon cuestionamientos al proceso, entre otros, hubo críticas referidas a la falta de la debida comunicación e información, tanto a las comunidades locales como a los pueblos originarios, sobre los “talleres” que están realizando, y recomendaron metodologías consultivas e interculturales.
