Los policías de Tucumán, Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca, fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de Facundo Ferreira, el niño de 12 años cometido el 8 de marzo de 2018. Además se dictó la prisión preventiva para ambos por el término de seis meses o hasta que la condena quede firme. El tribunal de la Sala I de la Cámara Conclusional -integrado por Wendy Adela Kassar, María Fernanda Bahler y Emilio Páez de la Torre- consideró a ambos coautores de homicidio, doblemente agravado por alevosía y por el ejercicio abusivo de la función de los miembros de la fuerzas de seguridad, agravado por el uso de armas de fuego e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El tribunal rechazó hacer lugar a una investigación por encubrimiento a Diego Darío Lescano. El entonces oficial principal, hoy subcomisario, fue señalado por la querella como quien dirigió las maniobras para alterar la escena del crimen. La fiscalía había pedido la pena máxima por el crimen de gatillo fácil del niño tucumano.

El gobierno provincial había respaldado la versión policial de un enfrentamiento donde los menores iniciaron los disparos y los uniformados actuaron en defensa propia. El ministro de Seguridad provincial Claudio Maley fue el vocero de esta versión que contrastaba con los testimonios y las primeras pruebas, afirmando que “no se trató de un caso de gatillo fácil, ya que los agentes actuaron contra un claro ataque y contra una agresión; como es su deber y obligación”. Maley coincidió en los mismos términos con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que habló en los medios de menores armados y disparando, volviendo a su “doctrina Chocobar” para justificar la violencia policial. Sin embargo, en las imágenes de las cámaras de seguridad se ve cómo los policías manipularon la escena del crimen mientras Facundo agonizaba sin ser asistido. Durante el juicio se mostraron las pruebas de que los policías dieron aviso a la justicia una hora y media después y el niño fue ingresado a un hospital con un nombre falso y como mayor de edad. Los peritajes confirmaron que los tiros habían provenido del lado de los policías --Díaz Cáceres realizó seis tiros y Montes de Oca tres-- y fueron realizados a corta distancia.

El entonces gobernador Juan Manzur nunca se pronunció públicamente sobre el caso pero los abogados de los policías continuaron siendo pagados por el estado provincial. El juez Facundo Maggio --nombrado por Manzur pese a ser abogado de genocidas-- negó las prisiones preventivas, por lo que Díaz Cáceres continuó cumpliendo otras funciones en el 911 y Montes de Oca solo fue detenido tras robar una cartera. En febrero del 2020, Malvina Ferreira, tía de Facundo, denunció: “el gobernador nos quiere hacer callar con casas, poniéndonos una panadería” y durante el juicio Mercedes, la abuela de Facundo, ratificó ese ofrecimiento durante una reunión con Maley.

"El tribunal resolvió que para un policía disparar por la espalda es uno de los delitos más graves del Código Penal", expresó la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que durante el desarrollo del juicio oral acompañó a los familiares y se desempeñó como observadora del proceso "con el objetivo de garantizar la búsqueda de Verdad y Justicia". A pesar de lo que se difundió el día de su asesinato, Facundo estaba desarmado. 

Al finalizar la audiencia, familiares de los policías quisieron pegarle a la mamá y a la abuela del niño. A los pocos minutos de dictada la sentencia, la familia fue amenazada de muerte. Bautista González Montes de Oca, hermano uno de los dos policías condenados, le dijo a Rita Ferreira, tía de Facundo: "Mi hermano está preso pero ya va a salir. Facundo está 3 metros bajo tierra y no sale más. Y a vos te voy a dar un tiro en medio de la frente”. 

Malvina, otra de sus tías, expresó que al fin tienen "algo de paz, después de 3 años y medio, al fin se hace justicia. Todo fue una pesadilla. Perdimos a Facundo y tuvimos que soportar las amenazas de la policía, las extorsiones del Gobierno y que difamen a nuestro pequeño". Su madre, Romina, recordó que "le dispararon a quemarropa a un nene que no cometía ningún delito, insisten en ensuciar su nombre". Y denunció: "El hermano de Montes de Oca amenazó a mi hermana en plena sentencia y todos miraron para otro lado".