Esta semana el Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos, a través de su Secretaría de Justicia, anunció que junto al Colegio de Abogados, algunos legisladores, catedráticos, y miembros del Poder Judicial, comenzaron a reunirse para estudiar una posible reforma de las normas procesales laborales vigentes.

Tras el encuentro, el secretario de Justicia, Diego Pérez, contó a Salta/12 que todos entienden la necesidad de modernizar el Código Procesal Laboral salteño “e incluir herramientas que agilicen los juicios laborales”.

El funcionario aseveró que venían hablando “desde hace tiempo” de la necesidad de reformar los códigos, para ello dijo que están pensando en dos vías, la primera vinculada a “potenciar, promocionar y difundir lo que signifique el acceso a la justicia”, lo que va de la mano “con que los procesos tengan un tiempo razonable”.

Añadió que por eso mismo también están avanzando con un proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que fue trabajada por la Universidad Católica y que ya alcanzó estado parlamentario en la Legislatura. Y del Código Procesal Penal, “sobre las pruebas digitales del delito”.

Relató que en el caso de lo laboral, comenzaron con las mesas de trabajo “en donde tenemos pensado involucrar y sentarnos con todos los actores, queremos sumar a las representaciones sindicales, así como faltan encuentros con la Defensoría y la Corte, porque hay que involucrar a todos los actores”.

Uno de los principales puntos a reformar, prosiguió, está vinculado a aggiornar la normativa a lo digital, la posibilidad de realizar audiencias virtuales y las notificaciones utilizando vía digitales. “Después a acotar los procesos, y reacomodar la estructura”, detalló Pérez.

Con respecto al proyecto que ya se encuentra en la Cámara de Diputados, el secretario de Justicia dijo que tenía conocimiento a través del diputado Manuel Santiago Godoy, “lo vamos a poner sobre la mesa para debatirlo y que sume a todo este proceso”. Y añadió que hay muchos intereses en juego, como los de los empresarios, los de los trabajadores, pero también las miradas de los abogados y los jueces, “por eso tenemos que escuchar a todos y sacar un proyecto lo más consensuado posible y que maneje un equilibrio en cada una de las partes”.

Subrayó que para adecuar el Código, “también hay que modificar y readecuar la estructura de la justicia, si no, nos quedamos a mitad de camino, porque no podemos tener un procedimiento que no se pueda cumplir, como no poder hacer audiencias virtuales, por ejemplo”.

Mientras que el presidente de la entidad que nuclea a abogados y procuradores, Pedro Burgos, sostuvo que desde hace tiempo que se viene planteado la necesidad de generar reformas “con la finalidad de dotarlo de mayor celeridad, brindar respuestas y una sentencia en menor tiempo”, y también para incorporar nuevas tecnologías “en materia probatoria, procesos especiales o abreviados en situaciones particulares, mejoras en las actualizaciones de los créditos”.

Burgos explicó que el paso del tiempo “más la inflación siempre existente en nuestro país, pulveriza el valor de los créditos de los trabajadores de carácter alimentario”. Y detalló que de los encuentros participan también el Colegio de Magistrados, la Universidad Nacional de Salta, la Católica, diputados y senadores. Y que esperan se sume el sector sindical, “para concretar una propuesta que recepcione todas las situaciones posible para mejorar”.

En cuanto a los tiempos que se tomarán para presentar un proyecto definitivo, ambos aseguraron que quieren hacer antes de fin de año, “pero priorizando el análisis y la participación de todos los sectores y actores involucrados en el mundo del trabajo”, insistió Burgos.

Un proyecto en marcha

En tanto, un grupo de juristas y catedráticos especializados ya avanzó en la presentación de un proyecto que ya está en manos de los diputados. Una de las integrantes de ese espacio, Mercedes Domecq, dijo a este medio que ese grupo estuvo estudiando el articulado y su reforma “receptando inquietudes, en principio, de orden académico, pero finalmente, tomando opiniones y advertencias de operadores del derecho del trabajo provenientes de diversos sectores comprometidos con la problemática”.

La abogada contó que valoraron desde lo jurídico y lo judicial el anexo segundo de la Ley 5.298 tras más de cuarenta años de su promulgación: “se procuró determinar cuáles institutos había que conservar, cuáles modificar o incluir, qué lenguaje utilizar en un momento en que el expediente digital no está vigente aún en el fuero, y ponderar cómo repercutiría una modificación en litigantes de mucha y poca antigüedad”, explicó.

Detalló que la primera conclusión que obtuvieron fue que “en su gran parte, el procedimiento debía ser mantenido sin grandes cambios”, pero también, siguiendo experiencias de otras provincias, como Santa Fe y Córdoba, “se observó con atención la posibilidad de incorporar una solución expresa ante reclamos para los cuales el trámite del procedimiento de conocimiento puede representar un debate excesivo” y que puede hacer muy extenso el proceso.

“A esto responde la incorporación del proceso declarativo de trámite abreviado”, detalló la jurista. Que permitiría, ante un reclamo “sustentado en documental”, obtener un pronunciamiento dentro de los diez días, “respetando el derecho de defensa y la posibilidad de conversión de la acción en una que permita mayor conocimiento”.

También se modificaron otras cuestiones como cuando el trabajador sufre un accidente y no está de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que determina la comisión médica, o los juicios por herencias. Pero coincidiendo con las modificaciones que plantean desde el Ejecutivo y el Colegio de abogados, Domecq subrayó que “no constituyen más que aristas de herramientas o principios que resultan esenciales en el derecho del trabajo, como la celeridad y concentración de actos”.

Entre los autores se encuentran el profesor universitario Walter Neil Bühler; Matías Benjamín Cardozo; Domecq, y la también docente y actual secretaria técnica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Martha Inés Ugolini. Así como fueron consultadas Alejandra Inés Salim y Ana María Guadalupe Varela, juezas de primera instancia con competencia en derecho del trabajo.