Desde Santa Fe

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario volvió a reclamarle esta semana a la justicia que comience a investigar los ataques del terrorismo de estado a 16 niñas y niños, en 1980, cuando el más chiquito de ellos tenía un año y meses. Los hechos quedaron a la vista ante el Tribunal Oral de Santa Fe en el reciente juicio de lesa humanidad por la persecución al último referente político del PRT Catalino Páez, su esposa y su hijo Mario de 14 años, y ocho compañeros de militancia. Los testimonios revelaron que la cacería incluyó también a los dos hermanos de Catalino, a sus parejas y a sus hijos, con lo cual el grupo de tareas convirtió en blanco a 16 niñas y niños de las tres familias, que padecieron secuestros, vejámenes y abandono. En septiembre, ante los nuevos hechos, la APDH –que fue querellante en el proceso- pidió la indagatoria y la prisión preventiva de los siete represores condenados en el juicio, pero también sumó a la denuncia al ex juez Víctor Brusa, a quien acusó por “privación ilegal de la libertad agravada”, “tormentos” y “abandono de persona”, entre otros cargos. Brusa era operador del el ex juez federal de Santa Fe Miguel Ángel Quirelli –ya fallecido- que judicializó la persecución a los Páez y las declaraciones tomadas bajo torturas en centros clandestinos.

“Exigimos el comienzo de la investigación”, dijo la APDH de lo que llamó “la causa Laguna Paiva II”, conocida también como “causa Chartier”. “Cada día de libertad de un genocida es un día más de impunidad”. “Exigimos nuevas indagatorias y prisión preventiva en cárcel común”.

El Tribunal Oral de Santa Fe –recordó- “ya liberó a cuatro de los siete genocidas condenados, a algunos les concedió el beneficio de libertad condicional y a otros por cumplimiento de las ínfimas penas impuestas”. Los demás cumplen el resto de la condena en su casa.

“En repudio a semejante acto de impunidad, los organismos de derechos humanos de Santa Fe se manifestaron el 10 de septiembre en una convocatoria del Foro contra la Impunidad y la Justicia, el Colectivo de la Memoria, La Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Santa Fe, Hijos Santa Fe, la APDH Rosario y el Colectivo de ex presos políticos filial Laguna Paiva.

“A partir del juicio surgieron más de 30 casos nuevos que no fueron juzgados y que nos dieron fundamentos para solicitar el inicio de un nuevo proceso sobre los mismos genocidas condenados y del ex juez Víctor Brusa”, agregó.

A principios de septiembre la querella de APDH pidió las indagatorias y prisión preventiva en cárcel común de los siete policías condenados: Eduardo Riuli, Fernando Mendoza, Rubén Insaurralde, Antonio González, Omar Molina, Germán Chartier. Más, Víctor Brusa. Pero hasta ahora, “nada cambió. Los genocidas continúan en libertad a pesar del gran caudal de pruebas testimoniales y de los hechos aberrantes cometidos durante la dictadura cívico militar".

El juicio reveló la "magnitud del ataque del terrorismo de estado a los 16 niñas y niños de las familias Páez y Medina, que luego de más de cuatro décadas de silencio e impunidad, relataron con mucha valentía el terror que vivieron en la niñez durante la dictadura y hoy buscan reparación y justicia”.

Incluso, varios de esos niñas y niños “fueron secuestrados, junto con sus padres y trasladados a centros clandestinos –como el Departamento de Informaciones de la Policía (D2) y la Guardia de Infantería Reforzada (GIR)-, permaneciendo cautivos en condiciones infrahumanas”. Mientras que otros “fueron privados de su libertad en el secuestro de sus padres, presenciaron los allanamiento a sus hogares, padecieron el despliegue de terror (que configura el delito de tormentos) en horarios nocturnos, con gran cantidad de efectivos armados que integraron el grupo de tareas". Eran operaciones que provocaban terror, amenazas, destrozos, que culminaron con el secuestro de sus padres y/o hermanos y dejaron a los niños y niñas más chiquitos abandonados a su suerte”.

“La utilización de familiares (madres, padres, hermanos, hijos) en los interrogatorios en los centros clandestinos era parte de la metodología represiva. Pero lo llamativo en esta causa es la gran cantidad de niños y niñas que sufrieron el terrorismo de estado y el accionar genocida”, concluyó la APDH.