El Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura (CAT) mostró su preocupación por el crecimiento exponencial de femicidios y casos de violencia de género registrados en Argentina en el último año.

El comité “aprecia la información proporcionada” por el Estado argentino “con respecto al seguimiento que se ha dado a los casos de femicidio durante 2015” aunque aclaró que “lamenta que esta información no se haya extendido al período sujeto al examen”, desde inicios de 2016 hasta 26 de abril de 2017. Y calificó como “alarmante” el incremento “de los casos de violencia física sobre las mujeres detenidas bajo jurisdicción federal”.

El comité hizo referencia a la violencia de género y violencia física hacia mujeres en detención, y expresó que “aprecia la información sobre los programas destinados a mejorar el acceso a la salud de mujeres en detención, particularmente de mujeres embarazadas”, aunque mantiene su “inquietud acerca de la insuficiencia de estos programas a nivel federal y provincial, a la vista de las deficiencias observadas por diferentes organismos de control”.

Además, instó “al Estado a que intensifique sus esfuerzos para combatir todas las formas de violencia de género incluida dentro de los centros de privación de libertad, velando por que se investiguen a fondo todas las denuncias, se enjuicie a los presuntos autores, se les impongan penas apropiadas de ser condenados, y velando asimismo por que las víctimas obtengan reparación integral del daño”. 

El organismo internacional tomó como referencia un informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo para expresar también su preocupación por el impacto de la aplicación de la legislación en materia de estupefacientes en el aumento de la población femenina encarcelada, las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la vía pública, y las condiciones de detención humillantes en dependencias policiales.

En este análisis, el OVG había hecho hincapié en señalar como torturas, malos tratos inhumanos y degradantes a la violencia contra las mujeres, las condiciones de detención de mujeres y personas trans y travestis encarceladas y la violencia policial hacia mujeres trans y travestis en territorio bonaerense. Por eso recomendó al Estado argentino emitir instrucciones claras a las fuerzas de seguridad y adoptar políticas y programas específicos de integración y protección de personas en detención sobre la base de su orientación sexual e identidad de género, a nivel federal y provincial, así como el pleno respeto de la Ley 26.743 de identidad de género.

Además, manifestó su preocupación frente al proyecto legislativo de reforma de la ley 24.660 de Ejecución Penal, que limita el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados y condenadas y el impacto que ha tenido la aplicación de la legislación en materia de estupefacientes en el aumento de la población femenina encarcelada, a la par que destacó el alto número de personas encarceladas bajo un régimen de prisión preventiva, que en el caso de las mujeres en la provincia de Buenos Aires supera el 64 por ciento y en el de las mujeres trans, el 80 por ciento.