Finalmente, 45 años después de cometido este hecho, la Justicia Federal de Salta juzgará a cuatro ex jefes policiales por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas y por homicidio doblemente agravado, por la detención irregular y el asesinato de Calixto Salazar, cometido a principios de septiembre de 1976, cuando imperaba el terrorismo de Estado que impuso la última dictadura cívico militar. 

Aunque es un proceso sobre una sola víctima, esta causa se destaca porque por primera vez se analizará específicamente la actuación de la plana mayor de la Policía de Salta durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Cuando se inició esta investigación fueron acusados seis ex jefes policiales, pero con tantos años de idas y vueltas, el número fue reducido a cuatro, tras los fallecimientos del militar ex jefe de la Policía Miguel Raúl Gentil y el comisario Antonio Saravia. 

En cambio, serán juzgados el militar Virtom Modesto Mendíaz, que fue subjefe y jefe de la fuerza de seguridad provincial, y los comisarios Joaquín Guil (ya condenado por otros crímenes de lesa humanidad) , Roberto Rodolfo Arredes y José Manuel Reinoso, que también ocuparon cargos de jerarquía en la dictadura. 

El debate se llevará a cabo ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal 1 de Salta, integrado para este caso por los jueces Marcelo Juárez Almaraz y Federico Díaz y la jueza Marta Liliana Snopek. 

El TOF ya previó que la audiencia será parte presencial y parte virtual. Los acusados lograron que el Tribunal atienda sus edades avanzadas y asistan a las audiencias por videoconferencias. Asimismo, por la pandemia, se dispuso que solo se permitirá el ingreso de 12 personas en la sala de audiencias, número en el que no está incluida la prensa, y si bien se señaló que para suplir esta falta se transmitirá el debate por YouTube, se adelantó que las testimoniales no serán transmitidas. 

Por otra parte, se prevé que sea un proceso breve, dado que habría solo siete testimonios. Inicialmente eran más, pero fallecieron tres en lo que va del proceso. Sin embargo, el tribunal ya adelantó que difícilmente pueda realizar más de una audiencia por semana porque se encuentra sobrecargado de trabajo. Está previsto que la audiencia de hoy comience a las 10.30 y solo se leerá la acusación fiscal. 

Amenazas para que no se investigue 

Para el momento en que fue detenido Salazar vivía en la ciudad de Salta, en situación de calle, consumía alcohol y realizaba changas en el Matadero Municipal y en comercios de la zona. Fue detenido a comienzos de septiembre de 1976 y fue alojado en la Comisaría Cuarta, donde funcionó un centro clandestino de detención y torturas. Según contaron sus hijos, era peronista, aunque no se han puesto de acuerdo sobre si era un militante o simplemente adhería a esta fuerza política. 

Se estableció que fue asesinado entre el 4 y 6 de septiembre y su cadáver fue encontrado el 6 de septiembre en un terraplén del río en la zona de Villa Primavera, envuelto en una bandera argentina y con una ametralladora en una de sus manos.

El homicidio fue denunciado por su hijo Emilio Gerardo Salazar, recién el 27 de agosto de 2009. En la investigación que siguió se estableció que había sido detenido por miembros de la Policía de la provincia en inmediaciones del Matadero Municipal y había sido llevado a la Comisaría Cuarta. La muerte fue causada por "un fuerte golpe en la nuca” que aparentemente le aplicó un policía de apellido Astigueta.

Esta causa viene siendo objeto de una discusión sobre si se trata de un delito de lesa humanidad o no. En primera instancia, el juez a cargo entendió que la detención y posterior muerte fueron cometidos en el marco del terrorismo estatal. Pero en segunda instancia, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta dijo que era un delito común y que la causa debía ir a la Justicia provincial, lo que implicaba el cierre de la investigación, por el tiempo transcurrido. La Fiscalía apeló y la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso, siguiendo el criterio marcado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el caso llegara al juicio oral y en esa instancia se dilucide si es un delito de lesa humanidad o un crimen común.

La Fiscalía, que en el juicio será representada por los fiscales Carlos Amad y Juan Manuel Sivila, viene poniendo el ojo en el comportamiento posterior que tuvieron "los representantes de la burocracia estatal, en particular de la Policía de la Provincia y las áreas de las que ella dependían administrativa y funcionalmente, con el objeto de encubrir a los autores del hecho" o para "eliminar toda posibilidad de investigación y esclarecimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produjo la muerte de Zalazar", según indicó en su momento el fiscal Eduardo Villalba. 

El fiscal recordó que "no sólo no se sustanció ningún tipo de actuación policial, sumario penal o investigación de cualquier tipo", sino que además funcionarios policiales amenazaron de muerte a los familiares de la víctima cuando intentaron investigar por su cuenta las circunstancias de la muerte. Para la Fiscalía está claro que “Ese abuso del apartato estatal" posibilitó que aún hoy "los hechos no hayan podido ser convenientemente investigados y no se haya podido establecer la responsabilidad de sus autores, cómplices o encubridores”.