Elena Highton de Nolasco firmó sus últimos fallos como jueza de la Corte Suprema, e incluso la acordada que establece la vuelta a los acuerdos presenciales a partir de la semana próxima, cuando ella ya no esté, y la posibilidad de que no tengan un día fijo (los martes) como hasta ahora. Se viene una nueva etapa en el máximo tribunal, donde en los últimos días se vio a sus integrantes buscando dar muestras de actividad y dictando sentencias después del tembladeral generado con la discusión por la presidencia que tomó estado público. Si algo vuelve a quedar claro en las decisiones es que no hay alianzas estancas entre los supremos. Dos de los casos más destacados, que tienen impacto a mayor escala son: un fallo que reconoce que la última ley que estableció los montos de referencia para considerar cuándo se configuran los delitos de evasión y contrabando (27.430) es la más benigna y por lo tanto se aplica en forma retroactiva; otra resolución relevante es la que le dio la razón a la empresa de telefonía AMX (Claro) al declarar inconstitucional una ordenanza municipal en General Güemes, Salta, que regulaba la instalación de antenas por interferir con competencias nacionales.

Mientras los jueces y la jueza iban estampando sus firmas electrónicas en los fallos, fue allanada la Obra Social del Poder Judicial, en una causa penal donde se investigan múltiples irregularidades, focalizadas en el posible delito de peculado --adjudicado al exdirector Aldo Tonon--, mientras la Corte ya comenzó su propia auditoría con una comisión mixta encabezada por el director de Asuntos Jurídicos de la Corte, Sebastián Clericci y otros cinco auditores. El nuevo titular se llama Mariano Althabe, quien fue secretario de Salud del partido de Esteban Echeverría y subsecretario en Almirante Brown. Las denuncias sobre la obra social, que maneja una caja millonaria, estallaron en la antesala de la disputa por la presidencia suprema, y le apuntaban a Juan Carlos Maqueda que la tuvo bajo su órbita, pero en el ámbito judicial es sabido que son muy anteriores a este año.

La partida de Highton tiene implicancias bien visibles, como la ausencia de una jueza mujer en el tribunal, frente a lo cual el nuevo presidente supremo, Horacio Rosatti, ya se reunió tres veces con Analía Monferrer, a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica, y con la Oficina de la Mujer, que encabeza María Delia Castañares, en un intento por llevar tranquilidad y alentar el trabajo. Mientras tanto, queda abierto el enigma sobre qué hará el Poder Ejecutivo con la vacante en cuestión, un asunto que queda en agenda como es esperable para después de las elecciones, del mismo modo que la Corte posterga fallos de peso político.

Uno de las últimas resoluciones firmadas por Highton, en alianza con Ricardo Lorenzetti y el camarista Jorge Morán como conjuez, es uno de los casos donde Carlos Rosenkrantz se había excusado por haber sido abogado de la empresa Claro, entre otras tantas grandes compañías que tuvo de clientas como el Grupo Clarín, Esso/Axion, Pan American Energy, YPF y Día, sólo por citar algunos ejemplos. En el caso de AMX/Claro, finalmente se resolvió dictar la inconstitucionalidad de la ordenanza del Municipio de General Güemes en Salta por la que el Concejo Deliberante había reglamentado el emplazamiento, instalación y habilitación de antenas para datos, telefonía celular y otras comunicaciones. Esto implicaba el traslado de antenas que no cumplía con determinados requisitos (como estar a una distancia no menor a 500 metros de la zona urbana), por lo que AMX promovió una demanda en la que finalmente el alto tribunal le dio la razón, al decir que es una cuestión de competencia nacional. Votaron en disidencias Rosatti y Maqueda.

Pero ese caso traía la huella de la cuestión de las excusaciones de Rosenkrantz y en el acuerdo por Zoom del último martes este anunció que consideraba ya no debería excusarse más en casos donde litiguen sus viejos clientes, porque pasó tiempo suficiente. Por lo pronto, nadie le dijo nada dentro de la Corte, pero había humores repartidos. En la presidencia, por ejemplo, no se oponen y consideran que siempre puede ser recusado por alguna de las partes si cree que no debe intervenir. A Lorenzetti parece no convencerle la postura.

Otra decisión, que también incluyó la firma de Highton (junto con Lorenzetti y Rosatti), dejó firme una condena a tres años y seis meses de prisión contra Germán Kammerath cuando por negociaciones incompatibles con la función pública cuando era intendente de Córdoba, entre 1999 y 2003. Esto haría que deba empezar el cumplimiento efectivo de la condena que recibió en 2015. Maqueda y Rosenkrantz dijeron que se violó la garantía de plazo razonable. Para el exministro Julio De Vido hubo dos rechazos cortesanos ayer también.

La causa sobre normas penal tributarias es muy relevante para el fuero e impondrá una única lectura en un asunto donde los tribunales inferiores tenían posiciones variadas. La última ley aprobada que fija montos previstos para determinar cuándo una infracción tributaria es delictiva (como evasión o contrabando) es la que debe ser aplicada por ser la más benigna. De ahí que en el caso que analizó la Corte, sobreseyó a los imputados, pese a que se les habían iniciado acciones cuando aún no regía la última reforma tributaria. El único que no firmó fue Rosenkrantz.