La prórroga de la ley de emergencia territorial indígena, fue aprobada ayer en el Senado de la Nación por 43 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones y pasó ahora a la Cámara de Diputados nacional para que haga lo propio. De los tres senadores por Salta, Nora Giménez (autora del proyecto) y Sergio Leavy votaron a favor y Juan Carlos Romero se abstuvo, con críticas al gobierno nacional y a organizaciones indígenas. 

En general, la media sanción fue bien recibida en las comunidades de la provincia, que ayer siguieron con mucha atención lo que ocurría en el recinto del Senado nacional. 

Ahora la ley 26.160, que ya tuvo otras prórrogas, tendrá vigencia hasta finales de 2025. Esta norma declaró la Emergencia Territorial Indígena, suspendió los desalojos de comunidades originarias y ordenó realizar un relevamiento de la ocupación territorial ancestral en todo el país. 

El proyecto de ley de prórroga prevé en este caso que se otorgue un presupuesto de 290 millones de pesos para poder completar el relevamiento territorial, que está pendiente todavía y es el paso previo para avanzar en la regularización del territorio en el que habitan comunidades indígenas de todo el país, que hoy enfrentan una mayor presión del agronegocio. 

Nora Giménez (FdT) informó en un comunicado que, a sugerencia de senadores de la oposición accedió a introducir modificaciones en el proyecto original, involucrando a las provincias y los municipios en la realización de los relevamientos territoriales de las comunidades; y obligando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a rendir cuenta anualmente del avance de esa tarea.

Añadió que en los últimos años el INAI y los mismos pueblos originarios relevaron 998 comunidades indígenas en todo el país; mientras que otros 253 relevamientos están en trámite. "Sin embargo, se han identificado 762 Comunidades Originarias que tienen pendiente el Relevamiento Territorial previsto por la ley. De las comunidades identificadas, un 51% se encuentran en el NOA, un 16% en el Sur, 8% en el centro, 2% en Cuyo, y 22,3% en el NEA", informó la senadora.

Al defender el proyecto Giménez recordó que la ley 26.160 fue aprobada en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner. “Desde entonces viene garantizando la paz social, posibilitando la convivencia de titulares registrales y comunidades originarias”, afirmó. Y aseguró que su prórroga es esencial para poder completar el relevamiento y avanzar luego en el debate de una ley de propiedad comunitaria indígena.

También destacó que hay interés del Gobierno Nacional en lograr la prórroga, y recordó que el tema fue mencionado por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones legislativas. Agregó que los gobernadores también apoyan la extensión de la vigencia de la ley, ya que recientemente el INAI firmó convenios para completar los relevamientos con Neuquén, Jujuy, Santa Fe, Chaco y Misiones; y se encuentra en tratativas con Santiago del Estero y otras provincias.

"Reconocer los derechos de las comunidades es un acto de estricta justicia, que además nos permite cumplir con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y con varios tratados internacionales”, aseguró la legisladora. Recordó asimismo que en la cosmovisión de los pueblos originarios, la tierra no es un bien económico o transable, sino que los trasciende y sintetiza su conexión con la Pachamama, la Madre Tierra, y "es parte esencial de su forma de vida”.

“Tenemos que hablar de una profunda desigualdad económica y social y una presencia muy importante de los pueblos originarios organizados", sostuvo la senadora, y señaló que la provincia de Salta "reconoce más de 80 mil descendientes de pueblos originarios”.

"Es una ley que habla de la justicia social" porque "va directamente con los más débiles, con los más vulnerables”, sostuvo a su turno el senador Leavy, que también destacó que en Salta "se relevaron más de 200 comunidades".

“Hay muchos intrusos, muchos intereses”, reconoció, por otra parte. Y consideró que esta debería ser la última prórroga de esta ley, para que se concluya el relevamiento y se entreguen los títulos a las comunidades. 

Limpieza étnica y otras críticas 

El senador nacional Juan Carlos Romero (ala peronista de Juntos x el Cambio) se diferenció de los otros dos representantes de Salta. "Esta (la nueva prórroga) es la muestra de la ineficacia, de la ineficiencia de los que gobernamos”, aseguró y, si bien dijo que no iba a culpar a ningún gobierno, enseguida aclaró que no confía en el INAI "y las autoridades". Calificó la extensión de la vigencia de la ley como "una vuelta más (...), sin ninguna garantía de que la cumplamos”.

Luego su discurso pasó por el conflicto territorial en el que está inmerso el Pueblo Mapuche en el sur (cuyas acciones el legislador ha calificado de "terroristas"), criticó al gobierno nacional, reinvindicó su acción cuando fue gobernador de Salta en relación a la entrega de títulos a comunidades indígenas y cuestionó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado nacional a entregar el título comunitario del territorio que ocupan a las comunidades reunidas en la organización Lhaka Honhat, en el norte salteño. 

En cuanto a lo primero, señaló que "por un problema de esta ley" podría pasar que haya jueces que no intervengan “ante las ocupaciones violentas" como dijo que se dan en el sur. "No quiero que una interpretación equivocada genere un justificativo, una tolerancia para los jueces y su inacción. Acá el problema no es el texto legal, acá el problema es político. Hay tolerancia de los poderes centrales respecto de un problema que nos parece tan lejano y bucólico que no le damos importancia”, sostuvo. Entonces atacó al INAI, a Parques Nacionales, al ministro de Seguridad de la Nación, y hasta al Presidente de la Nación, "hay tolerancia", aseguró reclamando que haya represión en el sur porque “La tolerancia es lo peor que nos puede pasar ante estos conflictos no resueltos”.

Aseguró que durante su gestión como gobernador (por tres períodos, desde 1995 a 2017) “hemos podido resolver la entrega de muchísima tierra a los pueblos originarios” y “quedaron dos pequeños conflictos”, el que involucra a Lhaka Honhat (que comprende más de 640 mil hectáreas) y en los Valles Calchaquíes, y dijo que esto se debió a "interferencias externas", por las que culpó al CELS, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Católica.

Y afirmó que el fallo de la Corte IDH "es una limpieza étnica de los criollos” que conviven ahí desde hace 120 años. La sentencia confirma, como ya habían acordado indígenas y criollos, que 400 mil hectáras quedarán en manos de las comunidades y 243 mil serán para las familias criollas y para la realización de obras por parte del Estado; como el título a las comunidades es único, las familias criollas deben relocalizarse. “Limpieza étnica de la frontera argentina de cientos de familias criollas”. “Para mí es un fallo vergonzoso”, aseguró Romero. 

Y agregó, parafraseándose, que “el problema ahí es la pobreza”. Ahí, dijo, falta “el esfuerzo nacional y provincial para sacar a esa gente de la pobreza, que además como son pueblos nómades es muy difícil darles educación, salud, ruta, electricidad” porque “tienen el hábito de moverse”. Aunque no lo dijo, pareció que atribuyó a esta característica (que en la actualidad prácticamente ha quedado en desuso) la falta de resolución del conflicto territorial en esta zona durante sus gestiones, porque agregó que, en cambio, en los pueblos de montaña, que son sedentarios, “hemos acabado con varios feudos, el feudo de Palermo, en Cachi; el feudo de Luracatao, en Molinos, y el feudo de San Andrés, en Orán” y se entregó la tierra a sus ocupantes. 

De todos dio una lista de comunidades del norte salteño a las que sí les entregaron sus títulos: Misión San Francisco, en Pichanal; Lapacho, Misión La Mora, Kilómetro 6, Tranquita, en Tartagal. Pozo El Chañar, Misión Pozo El Chañar II, Villa Primavera, Misión Cortada, Pluma de Pato, Misión Wichí, Pozo Salado, Agua Muerta “y diez localidades más”.

“Yo no voy a aparecer como alentador del desalojo”, por criticar esta ley, “por eso no la voy a votar en contra, me voy a abstener”, aclaró sobre el final.