Con la aceptación de la renuncia por parte del presidente Alberto Fernández, Elena Highton de Nolasco concluyó su ciclo de 17 años como jueza de la Corte Suprema de Justicia, que a partir del lunes funcionará con cuatro varones. Highton fue la primera mujer en asumir como ministra del máximo tribunal y junto con Carmen Argibay tuvo un rol destacado para garantizar los derechos de las mujeres. Presentó su renuncia a principios de octubre, en el marco de la bochornosa renovación de autoridades. Su última etapa como cortesana, tras burlar con un amparo y la vista gorda del macrismo el límite de 75 años que la Constitución establece para ejercer el cargo, quedará signado por el voto a favor del 2x1 para los genocidas, rechazado en todas las plazas del país, y por su solitaria abstención ante la pretensión del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta de imponer la presencialidad escolar durante la pandemia.

La aceptación de la renuncia Highton, de 78 años, fue oficializada hoy y se hará efectiva el lunes. El decreto lleva el número 747 y además del Presidente lo firmó el ministro de Justicia, Martín Soria. El destinatario de su dimisión fue paradójicamente quien la había propuesto como candidata en 2004 cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. La vacante que se genera abre un escenario complejo para el gobierno, que necesitará los votos de dos tercios del Senado para designar a quien la reemplace. La dificultad para alcanzar un acuerdo con una oposición intransigente y en campaña permanente ya quedó en evidencia en los frustrados intentos de reemplazar al eterno procurador interino Eduardo Casal. Tal como informó en Página/12 Irina Hauser, hay quienes creen que el nuevo escenario podría inaugurar la oportunidad de debatir la ampliación de la Corte y en ese marco negociar más cargos.

Tal vez el único aspecto que no amerita discusión en el contexto actual es que el lugar de Higton deberá ser ocupado por una mujer. El decreto 222/2003 de Kirchner estableció que la composición cortesana debe contemplar “diversidades de género”. La ausencia anunciada de la única cortesana tras el fallecimiento de Argibay llevó al nuevo presidente de la Corte, Horacio Rosatti, a reunirse tres veces con Analía Monferrer, a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica, y con la Oficina de la Mujer que encabeza María Delia Castañares, en un intento por llevar tranquilidad y alentar el trabajo.

La demorada renuncia de Higthon cierra una larga carrera en el fuero civil, coronada con su designación en la Corte en 2004 por parte de Kirchner. Católica, ideológicamente de centro, como le gusta definirse, aunque bromea que está “a la derecha” de su excolega fallecida Argibay, se graduó con honores en la UBA en 1966 e ingresó al micromundo judicial en 1973 como defensora de incapaces y ausentes. La recomendación para ese cargo, que ocupó hasta 1979, la hizo el escritor y dirigente peronista Arturo Jauretche, tío de su marido Alberto Nolasco. En los ’80 fue designada como jueza en lo Civil y Comercial y en 1993 ascendió a camarista. Es autora de más de 30 libros y tuvo una larga carrera docente desde 1984, cuando fue nombrada titular de la cátedra de Derechos Reales de la Universidad de Buenos Aires.

Quien marcó un rumbo en cuanto a políticas con perspectiva de género para el sistema de justicia desde la Corte fue Argibay. Highton, con luces y sombras, fue su continuadora obligada. Siempre estuvo a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica, creada en 2006, e implementó por primera vez un registro formal de femicidios en función de datos originados en causas judiciales. Tras la muerte de Argibay también quedó a cargo de la Oficina de la Mujer.

En sus primeros años en la Corte, renovada por el kirchnerismo, protagonizó junto con Raúl Zaffaroni, Enrique Petracchi y Ricardo Lorenzetti, entre otros, una gran transformación institucional que incluyó fallos con sello histórico, desde los que convalidaron la reapertura de los procesos por delitos de lesa humanidad hasta los que ampliaron derechos de mujeres, trabajadorxs y personas privadas de la libertad. Con la llegada de la noche macrista fue una de las que cambió de rumbo: en 2017, junto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad y también tuvo una postura regresiva en materia de derechos de trabajadorxs. Pudo haber cerrado su ciclo seis meses antes, cuando sobrepasó el límite constitucional de 75 años para integrar la Corte, pero decidió entablar una acción de amparo que la habilitó a continuar en carrera y que el gobierno de Macri decidió no apelar.