Villa Gobernador Gálvez es la primera ciudad en la Región Centro en contemplar la inserción laboral de personas sobrevivientes del delito de trata, en todas sus variantes, con la sanción de una ordenanza que le impone al municipio el cupo laboral para estas. Todos sus concejales aprobaron la norma esta semana, y establecieron así que de ahora en más, al demandar personal, toda administración municipal en VGG deberá contemplar que no menos del 1 por ciento del total de sus trabajadores se encuentren en esta situación: haber sido víctima de explotación laboral o sexual, o de cualquier otra de las variantes del delito federal de trata de personas.
"Cuando decimos cómo los gobiernos locales pueden involucrarse en la lucha contra la trata, este es un ejemplo. No es una acción aislada, forma parte del plan nacional de lucha contra este delito federal que es el tercero de mayor rentabilidad en el mundo. Trabajamos para reconstruir el horizonte de vida de personas que son captadas en contextos de explotación, sobre todo niños, niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, trans. La única manera para recomponerlo es el trabajo, el techo y es lo que trabajamos con las provincias, gobiernos locales y organizaciones de la comunidad", dijo Nicolás Del Mastro, delegado de la Dirección Operativa del Comité de lucha contra la Trata en la Región Centro, área que depende de Jefatura de Gabinete de la Nación.
Las ciudades de San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, Rawson, Corrientes y Orán ya tienen una ordenanza como la que acaba de sancionar VGG. Rosario y Santa Fe van en ese sentido. Aquí la concejala Norma López ingresó un proyecto que espera su turno parlamentario.
Villa Gobernador Gálvez es la primera ciudad en la Región Centro en contemplar la inserción laboral de personas sobrevivientes del delito de trata.
La ordenanza, presentada por el edil del Frente de Todos Diego Garavano, continúa una anterior por la que este año se reactivó la Mesa Municipal de Prevención y Trabajo contra la Trata de Personas. El gobierno nacional está promoviendo estas instancias de articulación con gobiernos locales y organizaciones sociales. "Fue una tarea de reconstrucción, porque nos encontramos con un área que había sido desmantelada, recortada, sin presencia territorial", explicó Del Mastro.
La estadística disponible marca que en 2020 se rescataron 933 personas en el país como víctimas de trata. Y en 2021, hasta el 30 de setiembre, se recibieron 1276 denuncias y se rescataron a 1072 personas.
En cuanto a Santa Fe, de las 9 víctimas rescatadas en 2020, los primeros meses de 2021 contaron 39 personas en esa condición. La mayoría (69%) fueron advertidas en situación de explotación laboral. El 22% correspondió a explotación sexual, 3% fueron casos de mulas (narcotráfico) y un 10% restante otras situaciones diversas del delito.
La pandemia también en esto hizo mella. Durante la temporada de mayores restricciones a la circulación, muchos trabajadores golondrina se vieron impedidos de regresar a casa. En muchos casos, familias enteras quedaron varadas en latitudes lejanas y hostiles cuando su fuerza de trabajo ya no resultó necesaria. Por eso, la mayoría de los casos de trata detectados tienen su origen en la explotación laboral y, generalmente, vinculada con alguna actividad agropecuaria y rural.
Los procedimientos en la zona contra la trata de personas suelen ganar la agenda periodística de tanto en tanto: uno sobre las fincas de frutilleros en Coronda, días atrás, otro en Pueblo Esther sobre trabajadores de quintas en situación de esclavitud, una familia rural rescatada en Las Bandurrias, otras en el monte forestales de Villa Minetti, y así. También intervino días atrás en la investigación del fiscal federal Claudio Kishimoto que desembocó en la detención de un hombre en Villa Constitución, que captaba adolescentes por Facebook y terminaba forzándolas a prostituirse.
Las ciudades de San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, Rawson, Corrientes y Orán ya tienen una ordenanza similar.
La ordenanza en VGG establece el cupo laboral para víctimas de trata, con el requisito de ser residentes por tres años como mínimo en esa ciudad. Lo bueno es que no hará falta sentencia judicial en firme para acreditar a la persona en cuestión como víctima de trata. Bastará con la investigación abierta. Y rige tanto para contratados como para personal de planta permanente. Pero su nivel de instrucción escolar o de grado, o la falta de antecedentes, no será impedimento para ejercer el derecho a trabajar según el cupo asignado por la ordenanza.
La Mesa Municipal contra la Trata será el organismo que articule entre el caso judicializado y la administración municipal que promueva la reinserción laboral de esa víctima.
"Es una forma de recuperar territorio en este tema que había sido abandonado, estas ordenanzas forman parte de un plan de acción general, una política destinada a reconstruir vidas, y para ello hay programas conexos, trabajamos con otras áreas del Estado como el Ministerio de Trabajo, los municipios, y las organizaciones civiles", redondeó Del Mastro
