“Esta imputación apunta al tema de que no hay consentimiento. En todas las presentaciones obran cosas muy claras de que sí. Pero si no la quieren ver, es otro tema” De esta forma, el gerente del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Santiago Payo, coincidió con el argumento de la abogada defensora de la médica Miranda Ruiz, imputada por realizar un aborto legal; el de organizaciones de mujeres y, sobre todo. Y también es lo que muestra la documentación que fue aportada a la causa en manos del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) Gonzalo Ariel Vega.

Ayer el funcionario del Ministerio Público Fiscal (MPF) decidió ampliar la imputación contra la médica residente del Hospital de Tartagal, Miranda Ruiz, acusándola de haber realizado el aborto sin consentimiento de la gestante. Sin embargo, por la documentación incorporada al expediente, el aborto se enmarcó en la Ley 27.610, que dispone el procedimiento para la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE e ILE).

Del comunicado oficial que dio el MPF surge que en el decreto de ampliación de la imputación se argumentó que la médica “habría intervenido en el procedimiento de interrupción voluntaria de un embarazo de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años sin su consentimiento, ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento”. 

El MPF también recordó que “la denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante”, tras la práctica de la ILE, realizada el 24 de agosto, cerca de las 15. Y agregó: “distintos elementos aportados como prueba indican que la acusada habría llevado adelante el procedimiento sin el consentimiento voluntario de la gestante en tiempo y forma”. 

Insisten con el sobreseimiento

Paula Tkaczec es una de las abogadas que representa a Ruiz. La semana pasada había solicitado el sobreseimiento de su defendida, entendiendo que de todas las pruebas colectadas en la investigación, tanto documentales como algunas transcripciones de audios, surge que la joven que pidió la ILE lo hizo con consentimiento informado, e incluso lo firmó. A ello se añadió nuevamente que el procedimiento que se prescribió fue “autoadministrado”, dado que se entregan a la gestante dos pastillas sublinguales cada tres horas hasta lograr la interrupción del embarazo. 

En este caso, se pudo conocer que la joven tomó las pastillas por sí sola más de una vez mientras estaba internada en el Hospital. La interrupción sucedió, incluso, cuando Ruiz ya no estaba en la institución sanitaria, y la gestante había quedado a cargo del médico ginecólogo Marcelo Cornejo, quien había sido anteriormente denunciado por profesionales del Hospital, entre quienes estaba Ruiz, por presunta realización de abortos a cambio de sexo o dinero. Actualmente se encuentra suspendido por el Ministerio de Salud, pero por haber pedido licencia médica en la institución pública mientras aún se desempeñaba en la parte privada. Las acusaciones restantes aún están en manos de la fiscala tartagalense Lorena Martínez.

Para Tkaczec, la lectura que realizó Vega en la investigación es totalmente distinta a la de las abogadas pese a que ambas partes tienen acceso al mismo expediente. Frente a las novedades, sostuvo que se va a insistir con el sobreseimiento de Ruiz “sin tener en vista una elevación a juicio”. Ratificó que al realizar la ILE se cumplieron todos los pasos, y recordó que el protocolo exige además la intervención de un equipo interdisciplinario. Ese equipo actuó junto a Ruiz al momento de tomar la decisión de autorizar que la joven accediera a la ILE. Pero añadió que ni en la primera ni en la segunda imputación, Vega sopesó el hecho de que Ruiz es residente y, por lo tanto, actúa según las autorizaciones de sus superiores.

“Uno ve que se sigue insistiendo y habrá que ver que se está buscando”, sostuvo Payo por su parte al hablar con Salta/12. Insistió en que el Hospital acercó la totalidad de los avales y el consentimiento firmado por la paciente. Añadió que “hay personas que están malinformando” sobre los hechos y cómo acontecieron por lo que “la investigación que se hace debería ser profundizada y buscar la verdad”.

Un absurdo

“El ensañamiento contra la médica (…), a quien se señaló en numerosas oportunidades de haber obligado a la paciente a realizarse la práctica, es absurdo”, dijeron por su parte las organizaciones de mujeres que a través de un comunicado solicitaron el sobreseimiento inmediato de la profesional. 

Recordaron que Miranda Ruiz “es la única profesional no objetora del hospital de Tartagal, y una de las pocas no objetoras del departamento San Martín. Esto significa que es la única médica que cumple con los derechos de lxs pacientes al acceso a la Interrupción Voluntaria (IVE) y Legal del Embarazo (ILE) en esta zona”. “¿Será que se la persigue porque se compromete con el cumplimiento de los derechos que el sistema patriarcal reprime?”, interrogaron. 

"La desigualdad que nos convoca a salir a las calles por la violencia de género es la misma que está violentando a Miranda", aseguraron. Es "La misma desigualdad por la que tantos médicos hombres acusados de violación, maltrato, tratos inhumanos, abusos se mantienen impunes ante la complicidad de un sistema biomédico y judicial patriarcal y machista que amedrenta a las víctimas”. 

Las organizaciones afirmaron que Ruiz “es una defensora de derechos humanos, es una médica comprometida con la salud pública y con el cumplimiento de los derechos a la salud, a la salud sexual y reproductiva sin violencia y con libertad. Es una médica que no juzga, sino que respeta y acompaña la decisión de sus pacientes”. Anoche iniciaron una petición del sobreseimiento solicitando la firma de adherentes al link https://chng.it/fH5VqFKX.

Mientras, ayer se supo que Ruiz continuaba con sus funciones atendiendo a la población de Santa Victoria Este (SVE), del departamento Rivadavia, una de las más vulnerables ante la falta de recursos económicos y de necesidades básicas de Salta y del país.