SALUD
La pastilla que hace falta
Dos pedidos interpelan al Estado para que autorice el uso obstétrico del misoprostol y que esta droga, considerada esencial por la Organización Mundial de la Salud, sea producida por laboratorios públicos. En 2014, el LIF de Santa Fe hizo intentos, pero sólo encontró obstáculos. Actualmente, “no tiene en agenda” fabricar este medicamento que salva vidas de mujeres.

De vida o muerte. De eso se trata. La provisión de misoprostol salva vidas de mujeres. En el sistema público de Salud, en la ciudad de Rosario, la aplicación de un protocolo de abortos no punibles desde 2007 llevó a 0 las muertes por aborto. Pero tanto el Estado, como cada una de las mujeres que no llegan al sistema público a pedir su derecho a abortar por las causales previstas por el artículo 86 del Código Penal, y aquellas que llegan y no reciben respuestas, dependen todxs del precio que impone el laboratorio Beta, que tuvo un crecimiento explosivo. Y además, deben comprar el oxaprost (tal la presentación comercial) como regulador de la acidez gástrica, ya que el Anmat no lo habilita como medicamento obstétrico. Una carrera de obstáculos para millones de mujeres en el país, donde se hacen entre 379 y 600 mil abortos por año. Mientras la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aplica la marcha atrás para los derechos de las mujeres, y la delegación argentina ante la Cedaw dice que no tiene datos sobre abortos legales (y Las 12 publicó que hubo 500 interrupciones legales del embarazo en 2015), las organizaciones de la sociedad civil están dispuestas a reclamar lo que corresponde. El CELS, Nuevo Encuentro y Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto presentaron en septiembre pasado un pedido para que la administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Médica (Anmat) reconozca al misoprostol como medicamento obstétrico. En tanto, el 2 de noviembre pasado, Católicas por el Derecho a Decidir presentó un “pronto despacho” del pedido realizado en diciembre del 2015 ante el Ministerio de Salud de la Nación para que el Ministerio de Salud produzca y distribuya misoprostol y mifepristona, los dos medicamentos identificados por la Organización Mundial de la Salud como la forma de acceder a un aborto seguro. Mientras tanto, sólo nueve provincias aplican cabalmente el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo publicado en abril de 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación, de acuerdo con las directivas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de marzo de 2012. 
La fabricación pública de misoprostol fue una iniciativa que llegó a tomar la provincia de Santa Fe, en 2014, cuando comenzó los trámites para fabricarlo en su Laboratorio provincial (LIF). Incluso, podía realizar a escala nacional, para que fuera posible. Sin embargo, en aquel momento, durante una conversación con Anmat, supieron que no iba a haber autorización para uso obstétrico. “Quedó en estudios previos, no tenemos indicaciones de avanzar en eso por parte de nuestro órgano tutor que es el Ministerio de Salud”, explicó Guillermo Cletti, director del LIF, que a través del plan Remediar proveyó 150 millones de comprimidos de diferentes medicamentos al Ministerio de Salud de la Nación. “Investigamos a nivel bibliográfico, nos nutrimos de mucha información, después no avanzamos en ningún sentido. En algún momento pensamos en trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero después, con el cambio de gobierno quedó trunco. Es un tema que quedó totalmente aislado, sin que alguien lo coordine”, se sinceró el director del laboratorio provincial de Santa Fe.  Según lo que dijo a Las 12, desde el LIF, tuvieron “indicios de que el Anmat no iba a aprobarlo”, al hacer “alguna averiguación con autoridades de Instituto Nacional del Medicamento, que ya no están. Nos dijeron que no se iba a sacar alguna certificación para el uso ginecológico. Eso fue antes de que se retirara el gobierno nacional anterior. Después no se avanzó más en nada, quedó en esas averiguaciones. Después del cambio de gobierno no se ejecutó nada”. Para más datos, Cletti dijo que “no está en la agenda de trabajo”. 
Aquella iniciativa de Santa Fe estaba vinculada con el fuerte impulso de Daniel Teppaz, entonces Director de Géneros e Interculturalidades del Ministerio de Salud de la provincia. Hoy, Teppaz es coordinador del área de Salud Sexual de la Municipalidad de Rosario. Desde allí, consideró “casi inentendible que en el país no esté aprobado el uso obstétrico del misoprostol, porque sabemos los beneficios que viene trayendo, porque se consigue igual y el estado lo compra. Pero se paga lo que estipula un solo laboratorio, que es el que tiene un monopolio. El misoprostol es una droga que está declarada como esencial, hay sobrada evidencia de la importancia y la seguridad, de cómo el misoprostol ayuda a salvar vidas, evidencias que certifican que es una droga segura”. El médico, que también integra la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, apuntó: “Me consta que la provincia se movió y mucho. Todo el conjunto del LIF hizo todo lo posible pero era una carrera de obstáculos, nunca logramos que esto se pudiera efectivizar, siempre pasaba algo, siempre había una  cosa detrás”.
El paso necesario es que Anmat autorice el uso obstétrico. A eso apunta la presentación del CELS, Nuevo Encuentro y Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, que hace hincapié en disposiciones internacionales de derechos humanos. Desde el CELS, Edurne Cárdenas, sostiene que venían “desde hacía un tiempo atacando la posición dominante de beta en el mercado, se habían iniciado acciones administrativas y presentaciones en la Dirección de Comercio”. “Nuestra estrategia es por dos vías: atacar el monopolio de Beta, los aumentos de precios son escandalosos.  Y luego, la presentación del Anmat la hicimos en el marco de que el Comité de la Declaración de Derechos Sociales y Culturales (DESC) de ONU sacó su observación general 22, donde habla de la salud sexual y reproductiva y establece como estándares para los estados en los que se incluye el acceso a las medicinas esenciales. Entonces, la visión jurídica en nuestro país en la que la Constitución reconoce ciertos pactos, entre ellos el de derechos sociales y culturales, y esos pactos son letra constitucional, para nosotros esa observación general 22, en el caso del acceso a misoprostol, en la Argentina no está garantizada”.
La presentación lo desarrolla. “En mayo de 2016, el Comité de DESC de las Naciones Unidas distribuyó la Observación General número 22”. ¿Qué dice esa Observación? Que “se debe disponer también de medicamentos esenciales, incluida una amplia gama de métodos anticonceptivos, como los preservativos y los anticonceptivos de emergencia, medicamentos para la asistencia en casos de aborto y después del aborto”. Y agrega que “se deben proporcionar sin costo alguno o sobre la base del principio de igualdad a fin de evitar que los gastos de salud representen una carga desproporcionada para las personas y las familias. Las personas sin medios suficientes deberían recibir el apoyo necesario para cubrir los costes del seguro médico y el acceso a establecimientos de salud que ofrezcan información, bienes y servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva”. 
Esta Observación plantea además que “no incorporar o rechazar los avances y las innovaciones tecnológicas en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, como los medicamentos en relación con el aborto [...] pone en peligro la calidad de la atención.” Y también –teléfono para el gobierno nacional y Vidal– “reconoce que la ilegalidad y negación del aborto y las restricciones a los medicamentos abortivos son prácticas, políticas y legislación discriminatoria”.
Basándose en toda esta normativa, CELS le pide al Anmat que “revise las condiciones de expendio y que reconozca el uso obstétrico del misoprostol. Sobre todo lo más importante es que revise las condiciones de expendio, que no sea importante receta archivada”. Cárdenas puntualizó los objetivos: “Nosotros estamos trabajando claramente para generar las condiciones para garantizar el acceso al misoprostol. Hay una discusión que es que se tiene que fabricar y poder acceder a la mifepristona, que es la droga abortiva por excelencia, pero teniendo en la canasta el misoprostol, es una barbaridad que no se pueda acceder, por cómo las condiciones del mercado permiten lucrar de esa forma con la vida de las mujeres”.
Justamente, en enero de 2015 CELS, Nuevo Encuentro y Lesbianas… fueron a la Comisión de Defensa de la Competencia para “iniciar un proceso sancionatorio en contra del Laboratorio Beta por abuso de su posición dominante en la producción del medicamento Oxaprost”.
En la presentación última detallan cómo un laboratorio juega con el derecho a decidir de millones de mujeres. “En 2014 el Laboratorio lanzó al mercado una presentación de 20 pastillas a un precio de $1070 pesos, el doble de la caja de 16 ($451,84)”. Es que la de 16 había sido incluida en el programa Precios Cuidados del anterior gobierno nacional. “Al mismo tiempo, durante 2014 el Laboratorio discontinuó la distribución de la caja de 16, forzando la compra de la caja de 20. Sin retirar de circulación la caja de 16 no se podría sustentar económicamente la caja de 20, ya que sería más barato comprar dos cajas de 16 pastillas (32 unidades por $900 pesos) que una caja de 20 ($1070 por sólo 20 unidades). Luego de la presentación de la denuncia, el laboratorio se vio forzado a restituir la caja de 16 pastillas a las farmacias y, progresivamente, retirar la caja de veinte”.
Pero ninguna denuncia amedrenta a Beta en sus prácticas abusivas. “Aunque se retiró la presentación de 20 pastillas, el laboratorio aumentó de tal forma el precio de la caja de 16 (que en la actualidad supera los 1500 pesos), que en definitiva las barreras económicas de acceso persisten”.
Con otros argumentos, Católicas por el Derecho a Decidir exigió al gobierno nacional la producción pública del misoprostol. “Nosotros al pedido lo hicimos a fines del año pasado, no tuvimos ninguna respuesta y por eso presentamos el pronto despacho, que ya lleva 15 días”, puntualizó Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir. La abogada tucumana, que patrocinó a Belén –encarcelada durante 29 meses por un aborto espontáneo– recordó que “la ley 26688 de fabricación nacional de medicamentos autoriza al estado nacional a asumir la fabricación nacional de algunos medicamentos, a partir de una escala de prioridades, entre ellas los medicamentos esenciales”. El misoprostol está dentro de los medicamentos esenciales para la OMS. Nosotras hicimos este planteo porque hay una cuestión de política sanitaria que mezcla burocracia y derecho administrativo, que nosotras pensamos que no puede afectar el derecho a la salud de las mujeres”, dijo Deza, sobre la decisión de Anmat de tener “trabado el uso obstétrico del medicamento”. 
Además de lo que significa para las miles de mujeres que cada día precisan interrumpir un embarazo y que por distintas razones no lo hacen, o no pueden hacerlo, en el sistema público, el misoprostol es un insumo esencial a partir del fallo FAL, porque el estado debe contar con ese insumo para garantizar el derecho de las mujeres incluidas en las excepciones del código penal (cuando estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo fuera producto de una violación). Según los datos recogidos por la periodista Luciana Peker en el Ministerio de Salud de la Nación, en 2015 se hicieron 500 abortos legales en todo el país, aunque esa cifra es incompleta porque faltaba informar siete provincias. 
En Santa Fe desde 2009 existe un protocolo de aborto no punible, que en abril de 2012 se adaptó al fallo de la Corte Suprema. Si bien la provincia es heterogénea, la ciudad donde mejor se cumple el protocolo es Rosario, donde se puede decir que “todos los centros de salud tienen algún profesional que garantizan las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE)”, consideró Paula Botta, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Botta fue al laboratorio que nutre a los 50 centros de salud municipales (atención primaria) y allí descubrió que en 2015 hubo 239 pedidos de provisión de oxaprost. La médica entendió que esa era la forma más certera de acercarse a los datos, por el subregistro que existe dado las dificultades para cargar la información. Además, ese mismo año, en Rosario hubo 207 abortos hospitalarios (no quiere decir que hayan sufrido complicaciones, sino que debieron internarse para hacerlos). Esto da un total de 439 abortos en el sistema público, en una sola ciudad,  de poco más de un millón de habitantes. “Lo que estamos usando es oxaprost, que no es la droga recomendada. Todos los estudios en relación a la eficacia del misoprostol no incluyen el diclofenac. Lo usamos creyendo que es lo mismo que el misoprostol puro y en realidad no es el ideal”, apuntó Botta. “Estamos usando la aspiración manual endouterina (AMEU) para las fallas que estamos teniendo”, agregó. La autorización del uso obstétrico y la producción estatal permitirían contar con la droga indicada por la Organización Mundial de la Salud, en 2012, como la forma más segura de interrumpir un embarazo.
Si Rosario es una ciudad donde este derecho se cumple, el informe sombra realizado por unas 20 organizaciones de la sociedad civil para presentar ante el Comité de la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación hacia la mujer (Cedaw), enumera que “son muchos y diversos los obstáculos que enfrentan mujeres y niñas para ejercer sus derechos: el uso abusivo de la objeción de conciencia de los efectores de salud; la excesiva judicialización de una práctica sanitaria para dilatar y obstaculizar los abortos; los requerimientos dilatorios previstos en protocolos dictados en cumplimiento de la exhortación de la CSJN, pero que no cumplen con los estándares de la Corte; los sistemas de salud discriminatorios que repelen a mujeres y niñas a través de comentarios reprobatorios del personal hospitalario, la mala fe de los proveedores de salud y funcionarios públicos; la violación de la garantía del secreto profesional; el hostigamiento y persecución a mujeres y niñas; la influencia de la iglesia sobre los gobiernos nacional y locales; la falta de reconocimiento normativo expreso de las prestaciones sanitarias que demandan los casos de ANP como prácticas esenciales del servicio de salud. Todas estas son estrategias dilatorias que operan en contra del derecho al aborto legal y someten a las mujeres y niñas a situaciones de violencia institucional”. 
Tras el fallo de la Corte, sólo nueve de las 25 jurisdicciones poseen protocolos que se acercan a esa disposición. Se trata de Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Río Negro y Tierra del Fuego. Otras ocho (Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires y Salta) dictaron protocolos que incluyen requisitos que dificultan el acceso de mujeres a servicios de aborto seguro y nueve provincias (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán) no han dictado protocolo alguno. Es decir, más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con una normativa que asegure, de modo efectivo, el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen desde 1921.

Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ