La Legislatura porteña comenzó a debatir en comisiones el paquete inmobiliario impulsado por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que incluye la rezonificación de Costa Salguero para su privatización, el barrio de lujo del Grupo IRSA en Costanera Sur y los "Convenios Urbanísticos" para habilitar once torres en ocho barrios de la Ciudad. Aunque la idea del oficialismo era aprobar el paquete el próximo jueves, desde el Frente de Todos (FdT) advirtieron que no podrá hacerlo porque no cumplió los plazos del reglamento legislativo, que estipula que los proyectos se deben despachar cinco días hábiles antes de su arribo al recinto. Tras la sesión del jueves, al oficialismo solo le quedaría una para aprobarlos. Pese a las históricas audiencias públicas en las que la ciudadanía se expresó masivamente contra los tres proyectos, Vamos Juntos (VJ) buscará darles aprobación definitiva antes del recambio legislativo de fin de año. Por esto, las organizaciones que trabajan en defensa de las tierras públicas se manifestaron a las puertas del edificio legislativo para rechazar "la falta de consideración de las propuestas de los ciudadanos".

"Cachetazo a la herramienta de participación"

El plenario de comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto arrancó pasadas las 10 de la mañana del viernes. Mientras en Perú y Diagonal Sur se escuchaban los reclamos de las organizaciones, Daniel del Sol (VJ), presidente de la Comisión de Planeamiento, habilitaba la lectura de correos electrónicos de la ciudadanía. Se habían leído 40 rechazos cuando Del Sol interrumpió la lectura para comenzar el debate. El FdT y el Frente de Izquierda (Fit) pidieron que se leyeran todos, pero el oficialismo se opuso: en total eran más de 150 mensajes de rechazo.

Cerca de tres mil exposiciones de vecinos y vecinas en audiencia pública se trataron en un solo plenario. Para Costa Salguero, fueron 2058 los rechazos, el 98 por ciento de los expositores de la audiencia más masiva de la historia, que duró dos meses. La segunda más masiva fue por el convenio de IRSA con el GCBA para construir su "Costa Urbana" sobre las 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. En 14 jornadas, 835 personas se manifestaron en contra, también el 98 por ciento. En cuanto a la audiencia por las once torres, que terminó apenas el martes pasado, fueron alrededor de 150 las exposiciones con rechazo unánime. 

"La instancia de participación existe porque tiene que cumplir un rol. Es un cachetazo a esa herramienta de participación avanzar como si eso no hubiera sucedido", dijo el legislador del FdT, Matías Barroetaveña. Por su parte, Javier Andrade (FdT), vicepresidente de la Comisión de Planeamiento, sostuvo que “genera una enorme preocupación la manera en que llevan adelante el tratamiento y el nivel de insensibilidad política al insistir con los proyectos". Finalizado el plenario, desde el FdT anunciaron en un comunicado que el bloque había logrado "que se postergue la discusión en el recinto sobre Costa Salguero al superar los tiempos reglamentarios para el despacho en comisión".

Es que, según el reglamento, para poder tratarlo el jueves, el oficialismo necesitaba despachar antes de las 14, mientras que el plenario finalizó pasadas las 17. "Se pone en jaque el intento del jefe de Gobierno Larreta de acelerar la votación, y ahora contará con una sola sesión ordinaria antes del cierre del periodo legislativo", señalaron. Desde el oficialismo, en tanto, aseguran que el plenario se rigió por un decreto establecido durante la pandemia, que no menciona límites horarios. Al cierre del plenario, la legisladora Lucía Cámpora (FdT) pidió tomar la palabra para argumentar la posición del bloque sobre esa discusión, pero Del Sol dio por terminada la reunión. 

Paquete inmobiliario

El proyecto por Costa Salguero que se debate en segunda lectura es el de rezonificación de ese predio y Punta Carrasco, 32 hectáreas en total, para habilitar nueva normativa constructiva. De la mano de la rezonificación, está la ley que habilitó al GCBA a privatizar el predio. Esa norma es la que la Justicia declaró inconstitucional en dos instancias --al GCBA aún le queda el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)-- porque no fue aprobada con el mecanismo de doble lectura que establece la Constitución para leyes de  enajenación de tierras públicas. "Está claro por la Justicia que no se puede vender ¿Cuál es el motivo entonces de discutir normativa para este predio?", preguntó Barroetaveña. 

De todas las exposiciones de la audiencia pública, el oficialismo introdujo algunas modificaciones que fueron enviadas a los legisladores la noche anterior al plenario. Se incrementa apenas un tres por ciento para espacio público, las alturas máximas bajan de 32 a 24 metros y se establece un camino de la ribera de 50 metros de ancho. "Sigue siendo una propuesta que va en contra del beneficio de la ciudadanía, contradiciendo la Constitución", sostuvo Andrade. "Está claro que la Constitución determina el uso y acceso público a la Costanera", añadió Barroetaveña, en relación al artículo 8. 

"El texto de las modificaciones hace referencia a que supuestamente escucharon. No se puede escuchar selectivamente para fundamentar lo que ya querían hacer. La totalidad pidió en las audiencias la creación de un gran parque público", indicó Cámpora. El FdT y organizaciones sociales y ambientalistas ya entregaron más de 50 mil firmas en apoyo a la Iniciativa Popular para crear allí un parque público. Al superar las 40 mil adhesiones, la Legislatura quedó obligada a debatir el proyecto cuando el TSJ termine de verificar las firmas. Por reglamento, el plazo de revisión es de 30 días. Sin embargo, justo cuando el proyecto de rezonificación del oficialismo volvió a la Legislatura, el TSJ pidió una prórroga hasta marzo, según informó Cámpora.

En cuanto a Costanera Sur, no fue introducida ninguna modificación. De aprobarse en el recinto, IRSA quedará habilitado a construir sus torres de hasta 145 metros de altura en la ex Ciudad Deportiva. Desde que "Costa Urbana" entró a la Legislatura pasaron cuatro meses. En menos de medio año, y sin mencionarlo en la campaña electoral, el oficialismo aprobaría ni más ni menos que un nuevo barrio en la Ciudad. Además, el proyecto se aprobaría sin estudio de impacto ambiental. El predio está ubicado en zona de humedales, frente a la Reserva Ecológica, humedal protegido internacionalmente. "En ese predio hay relleno para construir una ciudad deportiva, nadie controló si ahí se pueden construir más de 50 pisos", advirtió Barroetaveña. 

Aunque el oficialismo promociona que creará un parque público con el 67 por ciento del predio cedido al Estado, las cuentas de la letra fina dan otros números. "Cuando uno retira las calles, lo que queda es menos del 20 por ciento", apuntó Claudia Neira (FdT), presidenta de la Comisión de Espacio Público, por la que llamativamente no pasó el proyecto. Dentro de lo que IRSA pondrá como "contraprestación", además, aparecen 11 hectáreas de un "espejo de agua": agua del Río de la Plata. En cuanto al paquete de once convenios, lo que busca es habilitar excepciones a lo establecido por el CUR para que diversos desarrolladores privados puedan elevar las alturas y construir torres en ocho barrios: Caballito, San Cristóbal, Colegiales, Palermo, Belgrano, Almagro, Villa Crespo y Núñez.

La Red de Organizaciones Barriales, integrada por 33 agrupaciones, envió un documento a la reunión en el que manifestó su "indignación" por "la falta de consideración de las observaciones y propuestas de los ciudadanos que participamos en las audiencias", y denunció que los proyectos son "tratados de modo expreso, carentes de razonabilidad y legalidad". "Es inadmisible aprobar esas leyes. Las rechazamos por tener una gestión improcedente", agregaron.