Por tercer año consecutivo, se hará esta tarde, desde las 16, "La marcha de la gorra", contra la represión policíal y el gatillo fácil. La concentración será en la esquina de las calles Córdoba y San Martín.

La primera edición fue en 2019, motivada por cinco muertes que hubo en operativos de la policía. Desde en entonces los casos se incrementaron y, por ejemplo, este año Estéfano Barrios terminó muerto con heridas cortantes en el cuello, luego de ser perseguido por dos policías de Salvador Mazza, y el padre del joven apunta a que estos uniformados asesinaron a su hijo. También en este 2021 se produjo la muerte de Matías Ruíz por la que están imputados cinco policías de homicidio culposo en concurso real con vejaciones agravadas.

La convocatoria la hace la Comisión de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil de Salta, con el objetivo de "denunciar de manera unificada toda esta política represiva". El padre de Jorge "Guri" Farfán Vera y miembro fundador de la comisión, Jorge Farfán, manifestó a Salta/12 que movilizarán para señalar que "el Estado es responsable". "El gatillo fácil es el nuevo genocidio en democracia, una forma de asesinato en los barrios de forma represiva", denunció.

Farfán sigue reclamando justicia por su hijo quien murió cuando fue ingresado en la comisaría de barrio Santa Ana 1 a las 1:45 del 8 de febrero de 2019. El padre viene denunciando que su hijo murió tras ser golpeado primero por vecinos que intentaron robarle sus pertenencias y luego por la policía que lo llevó detenido a él. Farfán además manifiesta que lxs fiscales intervinientes han intentado atribuir la causa de muerte a un edema pulmonar y paro cardiorrespiratorio, atribuido al consumo de alcohol, cocaína y marihuana. 

Ante los cuestionamientos del padre hubo dos juntas médicas en 2019. El perito de parte Benito Mena había manifestado que para llegar a la conclusión de una causa de muerte por consumo de estupefacientes se necesitaba un análisis cuantitativo de droga en la sangre para saber qué dosis tenía el joven y si era letal, pero esto no se hizo porque el Cuerpo de Investigaciones Fiscales no tenía, ni tiene hasta la fecha, la máquina para realizar este tipo de estudios.

El fiscal asignado de forma reciente a la causa de Farfán Vera es Leandro Flores quien decidió enviar muestras biológicas para su análisis al laboratorio de la morgue judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto se hizo con la oposición del padre del joven y de su abogado, Ramón Molina, debido a que el perito de parte Mena, señaló en un informe que a más de dos años de la muerte las muestras ya no cuentan con la misma fidelidad, y están vencidas. Farfán dijo que los resultados estaría el 10 de diciembre y desconfía de éstos. Contó que se reunió con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación pero no encontró las respuestas que esperaba ya que le habrían respondido que no podían hacer nada.

Farfán además señaló cómo se organizaron en la Comisión de familiares y han conseguido obtener herramientas y conocimientos respecto a cómo manejarse ante las investigaciones fiscales, para él es fundamental poder contar con peritos de parte, pero indicó que no todas las familias pueden pagarlos. Reprochó que los organismos de derechos humanos de la provincia y de Nación no brinden una asesoría de este modo a las familias de víctimas de gatillo fácil.

"Que se separe a los policías asesinos. Marchamos en contra del Estado. Pedimos cárcel común a los responsables, y asesinos de las víctimas, y basta de encubrimiento" sostuvo Farfán. Dijo además que se espera que con la persistencia en sus denuncias, los policías implicados en estos casos "tengan una condena social". Aunque también aclaró que no denuncian solo a la policía sino al Estado. Mencionó las responsabilidades de los gobiernos, de los ministros de seguridad, y también de lxs fiscales que deben investigar y del Poder Judicial que debería impartir justicia.

"La Justicia está alineada con la tortura y asesinato de nuestros hijos", sostuvo Farfán. Señaló que pese a las imputaciones que se hicieron a policías en la provincia en los últimos dos años por violencia policial, no existen condenas. Consideró que es "todo un simulacro" porque en su gran mayoría tampoco quedaron detenidos.

El reclamo es también por Martín Carreras, David Alfonzo, Cristian Gallardo, Ramón Matías Zárate, quienes murieron en operativos de la policía salteña en 2019, por Agustina Nieto asesinada en 2018 y cuya familia tiene como hipótesis que fue en un contexto de ajuste de cuentas en el que intervinieron narco policías. También por Nahuel Salvatierra, quien fue asesinado en 2018 por policías.  

El papá del joven Estéfano Barrios, Jorge Barrios, de Salvador Mazza, dijo que espera poder asistir a la marcha en Capital ya que sigue reclamando justicia. Señaló que a mediados de este mes se realizará la reconstrucción de los hechos. Él también contrató al perito de parte Benito Mena, a dos peritos criminólogos y a una psicóloga por la desconfianza que tiene en la investigación fiscal. Las primeras declaraciones del personal policial ante fiscalía fue que Barrios tropezó durante la persecución, rompió la botella que portaba y se habría autolesionado con los vidrios, luego fue trasladado al hospital local, donde murió.

El fiscal interviniente en la causa de Barrios es Gonzalo Vega quien imputó al suboficial subayudante Gabriel Alejandro Pereira y el sargento ayudante Ariel Miranda, en grado de coautores. Barrios (padre) dijo que su hijo tenía un corte en el cuello, otro más arriba y una puñalada en la mano. "Eso se ve en una foto de la policía del Cuerpo de Investigaciones Fiscales" dijo y aclaró que el que le explicó esto fue su perito Mena, luego de analizar ese material

El padre dijo que hay una testigo que ya declaró en la causa que sintió caer el cuerpo de su hijo, "sintió el golpe, esta cerquita de donde cayó él. Después sintió que pedía auxilio como decían los gendarmes (cuyo escuadrón estaba cerca), que él pedía auxilio desesperadamente. La vecina escuchó que un policía le pregunta al otro qué ha hecho con el corta pluma", relató Barrios a Salta/12. Dijo que esto habría sido luego de que asesinaran a su hijo. Además el padre señaló que Miranda cruzó la camioneta del móvil  "un gendarme dice que la camioneta tapaba, estaba oscuro". 

Barrios consideró que su hijo algo había visto o algo sabía que involucraba a la policía. De otro modo dijo que no se explica tamaña persecución que le realizaron aquella noche y que terminó en su muerte. "A las 3.30 lo identificaron a la entrada del pueblo, eso fue escrito por la policía en el 911. Ellos sabían quién era mi hijo. En la YPF lo vuelven a demorar, y después lo salieron a cazar y a matarlo. Algo habrá habido. Le robaron la riñonera  y el celular. Para mi ni para nadie esto es algo normal. Mi hijo vendía pescado en el centro, era querido, no era un delincuente que andaba con cuchillo o pistola, algo ha visto, algo sabía. Además siempre pasan 4 policías en la camioneta y ese día había 2", sostuvo. 

Señaló que luego la policía contaminó la escena del crimen. "La brigada quiso esconder las filmaciones" manifestó el padre respecto a que habrían presionado a vecinxs para que no den a conocer a la familia los contenidos de sus cámaras privadas de seguridad, sin embargo se las aportaron y allí lograron ver a Estéfano correr, al policía Pereyra cuando baja del móvil, entre otras escenas. 

"Ayer sábado 27 de noviembre hicieron los 7 meses desde que mataron a mi hijito", expresó Barrios y apuntó contra los funcionarios que administran la justicia y no la imparten.