El próximo 20 de diciembre el gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Desarrollo Social, pagará un bono a los trabajadores que están inscriptos en el programa Potenciar Trabajo. Se tratará de una suma total de ocho mil pesos, es decir, la mitad del dinero que perciben los beneficiarios de ese programa de forma mensual –monto que a su vez representa medio Salario Mínimo Vital y Móvil–. El mismo día que se efectivizará el pago, se cumplirán 20 años de las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001 que terminaron con el gobierno de Fernando de la Rúa. 

Más allá del aniversario, el Gobierno espera un fin de año tranquilo. “Seguramente el 20 y 21 de diciembre habrá movilizaciones y actos en conmemoración a esa fecha tan terrible, pero no pasará de eso. El escenario es muy diferente y el clima es todo lo contrario a uno de violencia y desestabilización, como lo fue el de aquel momento”, puntualizaron en la Casa Rosada. Además, agregaron que desde sectores de la oposición “se está agitando ese fantasma, pero no pasará nada, como tampoco pasó nada cuando se cumplieron 10 años del 2001 en 2011”.

Más de un millón de personas recibirán el bono que llega justo antes de las fiestas de fin de año. “El Ejecutivo analiza siempre mejorar, asistir y estar al lado de los argentinos que la están pasando mal”, expresó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta poco después de mantener un encuentro con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Más trabajo por planes sociales

Por otra parte, Zabaleta aseguró que el bono que se efectiviza en diciembre es parte un un conjunto de decisiones que el Gobierno va a anunciar de manera progresiva. El funcionario también recordó que continúa el trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, para el diseño de puestos de trabajo que reemplacen a los planes sociales y, con ese objetivo, ya se firmaron convenios en el área de la construcción y los gastronómicos.

Sobre la conversión de planes sociales en empleo –uno de los ejes centrales de la campaña del oficialismo– desde el Gobierno expresan que el objetivo es lograr transformar en el corto plazo aproximadamente unos 100 mil. Además, añadieron que esperan que, durante la temporada de verano que se aproxima, la conversión “funcione bien” y se trabaje de forma articulada con las cámaras hoteleras. Enumeran que los planes que se convirtieron en trabajo dentro del sector rural “vienen bien”, y adelantaron que están trabajando para sumar en esa línea a la Cámara de Transporte. En las oficinas de Casa Rosada confían que los números que de a poco van mejorando en la macroeconomía, comiencen a notarse en la vida cotidiana de las personas y estiman que, con la reactivación que hay en marcha, cada vez se generarán más puestos de trabajo.

La implementación del bono es una buena noticia pero entre los movimientos sociales continúa el reclamo de que se implemente un salario universal. En esa línea, el referente de Patria Grande, Juan Grabois había afirmado en declaraciones televisivas que “frente a un plan plurianual de garantías para el FMI, tiene que haber un plan plurianual de garantías para el pueblo pobre de la Argentina en el que debe incluirse un salario básico universal para los 9 millones de argentinos que no tienen ingresos regulares para sostener una vida”. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo esa posibilidad está distante de ser una realidad al señalar que “no se podrá discutir este año el salario universal”, y añaden que tampoco tienen en claro cuál sería el universo al que estaría dirigida una medida de ese tipo.

Así como la reconversión de los planes en trabajo genuino es uno de los principales eje de gobierno, la negociación con el Fondo Monetario Internacional es otro. En ese sentido y buscando más respaldo a la negociación, este miércoles el ministro Martín Guzmán, que según colaboradores del Presidente “no pierde de vista lo que sucede a nivel social”, se reunirá con los triunviros de la CGT, Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña. La presencia de Guzmán está en línea con la construcción del presidente Fernández del denominado “peronismo territoria” con el que busca afianzar el respaldo político a la segunda parte de su gobierno y con vista a la reelección en 2023. En ese sentido, la CGT se convirtió para Fernández en una de las patas de ese armado que integran los gobernadores y los intendentes del conurbano.