Elina Steinerte, de Letonia, y Sètondji Roland Adjovi, de Benín, fueron los dos integrantes del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas que participaron de la visita oficial al país. La última vez que habían viajado a la argentina fue en 2003. Si bien habían iniciado gestiones para regresar cuatro años atrás, recién recibieron una invitación formal en diciembre pasado, dos meses después de que ese organismo que responde al Consejo de Derechos Humanos de la ONU instara al gobierno argentino y al de Jujuy a liberar a Milagro Sala. En diálogo con PáginaI12 rechazaron hacer referencia al caso puntual de la líder de la Tupac Amaru, aunque entendieron que esa invitación es promisoria de “un compromiso” del Gobierno. Además, remarcaron que los pactos internacionales son “leyes de valor dentro del territorio”. “Los tratados internacionales son fuente de legislación en este país y así es como deben tratarse y entenderse”, remarcó Steinerte.  

–En 2003 habían insistido en el respeto de las autoridades sobre el derecho a manifestarse públicamente de los ciudadanos. ¿Ven mejoras, ven empeoramientos?

  Elina Steinerte: –Primero que nada, es necesario que se comprenda que ésta no es una visita de seguimiento respecto de la anterior. Debió haber habido una visita de seguimiento de aquella de 2003, pero pasaron 15 años y ahora se torna difícil hacerlo. En ese sentido, nuestra visita buscó establecer nuevas bases desde las cuales empezar a establecer estándares. De todas maneras, debemos decir que lamentablemente hay muchas cuestiones que se vieron entonces que siguen estando presentes. 

Sètondji Roland Adjovi: –En cuanto a las protestas sociales, vemos que siguen siendo criminalizadas, pero hubo algunas mejoras en el encierro de pacientes en instituciones mentales, un número que se ha reducido, por ejemplo. 

E. S.: –Vemos con serias preocupaciones el decreto 70/2017 que modifica la Ley de Migraciones y pensamos que sería bueno que hubiera debate más amplio con participación de la sociedad y en el Congreso en torno a este tema. 

–¿Cuál es la situación más grave que encontraron en el país?

E. S.: –Lo que presentamos hoy son observaciones preliminares. Para poder comentar y valorar unas sobre otras y hacer comparaciones incluso con otros momentos, es necesario más tiempo de reflexión. Los pasados diez días han sido intensos para nosotros: visitamos diferentes provincias, diferentes lugares, nos reunimos con autoridades, sociedad civil y detenidos. No estamos en condiciones de hacer ese análisis ahora, pero una cosa que nos es muy clara es que la sociedad necesita prestar atención a esta situación. No miren para otro lado. 

–¿Cuáles son las consecuencias que enfrenta la Argentina si sigue sin responder a los mensajes de la comunidad internacional? 

E. S.: –Es importante enfatizar dos puntos. Estamos acá porque el Gobierno nacional nos invitó. Nuestra visita no hubiera sido posible si no hubiera existido esa invitación. Para poder mantener un diálogo con las autoridades de los países necesitamos tener una puerta abierta y eso es lo que por ahora el gobierno argentino ha hecho. No hemos recibido invitación desde 2003. Ahora sí lo hicieron aún sabiendo que nuestro mandato es pesado, que hay problemas muy arraigados en la sociedad que debíamos analizar y evaluar. Apreciamos mucho que aún así lo hayan hecho, lo vemos como una disposición al diálogo, algo que no ha pasado en los últimos 15 años. Pero eso es el pasado. Nosotros queremos mirar al futuro y queremos ver en él un compromiso constructivo. Hoy (por ayer) nos enteramos de que fueron propuestos los tres miembros civiles para integrar el comité del Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura, algo que se venía exigiendo desde hace años y es muy importante que empiece a funcionar ese comité. Por otro lado, es necesario decir que la Constitución argentina incluye las leyes internacionales como leyes de valor dentro del territorio. Los tratados internacionales son fuente de legislación  y así es como deben tratarse y entenderse.