Con wipalas, acompañadas por banderas de los movimientos sociales, la voz de los pueblos indígenas se hizo escuchar alrededor del Congreso. Dentro del recinto en tanto, se iniciaba la sesión que consagraba a un nuevo cuerpo legislativo. “Les hacemos un llamado a los diputados, para que asuman su responsabilidad cívica y política” explica entonces Luis Pilquimán, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Así comienza el acto por las políticas de reconocimiento y reparación que las comunidades peticionan con un histórico acampe, hace 50 días, frente al Congreso.

Que dejen de legislar “para los que negocian con las tierras”, y apoyen “a los pueblos que defienden la vida”, afirmó Pilquimán, antes de convocar “a trabajar en unidad, para organizarnos por nuestros derechos”. Lo escuchaban integrantes de unos cuarenta pueblos indígenas, que representan a 2.000 comunidades, que por primera vez unifican sus reclamos. Esto corona una lucha persistente, por sostener una legislación que si bien es deficitaria, protege de los desalojos, la Ley 26.160, de Relevamiento Territorial Indígena, ya prorrogada por decreto presidencial. 

También hablaron en el acto, referentes de las organizaciones sociales, el MTE, Movimiento Evita, UTEP, Barrios de Pie, la CCC, Vía campesina-MOCASE, Agricultores familiares, entre otros, quienes también marchaban junto a las comunidades en otro giro inusual que reposiciona a la demanda indígena.

“Somos parte de una misma lucha, la lucha por el buen vivir” sostuvo una portavoz del pueblo Kolla frente a los movimientos sociales. Y destacó que los pueblos originarios se reconocen como protectores de la biodiversidad y como “actores productivos”. Un perfil que recién comienza a ser visible para la sociedad civil que asume “como natural” la discriminación contra el indígena.  La representante del INADI, Ornella Infante lo puntualizo: “acciones como esta marcha, como este acto, permiten generar conciencia, sembrar, para que la clase política reconozca la necesidad de frenar los desalojos, titularizar las tierras, y lograr posesiones comunitarias", entre otras demandas, señaló. 

La conjunción entre movimientos sociales y pueblos originarios despliega una nueva posibilidad para esta traza de conflictos. De hecho, el referente de la UTEP Esteban "Gringo" Castro acompañó este proceso de reivindicación desde su inicio. "Lo central, es fortalecernos, que se reconozca el genocidio indígena, y se avance en leyes de reparación”, señaló Pilquimán. "Y que avance la justicia en el esclarecimiento de los crímenes que siguen impunes: Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y el más reciente, Elías Garay”, expresó.

Esos asesinatos, ocurridos alrededor de conflictos territoriales, motivaron al resto de los oradores: “La lucha de ustedes es nuestra lucha, porque los muertos en estos conflictos los ponen los pueblos originarios, o los movimientos sociales, nunca los terratenientes, ni las trasnacionales”, reflexionó una joven de la Red Ecosocialista. Al concluir el evento volvían a reunirse, para debatir “futuras estrategias, y continuar la lucha”, las comunidades indígenas y las organizaciones sociales.