"Evidentemente, esta vez me metí con el poder real, real y actual. Me encomendaron una de las tareas más difíciles del Ministerio, estar a cargo de la Agencia de Control Policial, junto con Diego Rodríguez, y ahora nos quieren imputar una cantidad de delitos delirantes". Nadia Schujman reapareció ayer en la escena pública para honrar el numeroso y firme apoyo de organizaciones de Derechos Humanos, de base y políticas, que se convocaron en plaza 25 de Mayo para condenar la persecución judicial y política contra quien condujo la Agencia de Control Policial durante la gestión de Marcelo Sain como ministro de Seguridad.
"Habíamos renunciado y era nuestro último día en el Ministerio. Al mediodía entró personal del Organismo de Investigaciones de Santa Fe con los fiscales (Mariela) Jiménez y (Ezequiel) Hernández atrás, a los gritos. Después me enteré que ya en el pasillo gritaban mi nombre, venían a buscarme", contó Schujman a Rosario/12 al recordar ese allanamiento sin orden judicial del viernes 26 de noviembre, dirigido por dos fiscales con la venia de su superior, el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti.
"Se abalanzaron en mi oficina –continuó–, me sacaron los teléfonos inmediatamente, a todos los que estaban le hicieron dejar sus teléfonos sobre la mesa. Fueron a otras dos oficinas de dos compañeros de gestión. Un atropello tras otro. Pregunté a los fiscales por la orden de allanamiento, me dijeron que no había porque es una oficina pública. Pregunté por los testigos, los mismos policías me dijeron que los fiscales habían dado órdenes de no llevar testigos. Me revisaron la cartera, objetos personales, cosas que de ninguna manera se deben hacer sin orden judicial o una orden escrita del propio fiscal acerca de qué buscaban. Fue un atropello tras otro, nos tuvieron incomunicados un montón de tiempo. Tuve que hacer un escándalo para que me dejen una copia del acta, y pusieron ahí que se llevan varias carpetas relevantes para la causa. Un acta se hace dejando detalle de qué se llevan, porque si no se corre el riesgo de que pongan cualquier cosa. Luego busqué abogado y me presenté a la Justicia a ponerme a disposición y pedir que me exhiban las pruebas. Acá estamos esperando. Después me hicieron ir a la Agencia de Investigación Criminal, lugar adonde la única vez que había ido era para allanarla. Me hicieron ir con mi abogado para notificarme los derechos de imputado. Conozco perfectamente mis derechos y hacer eso no está en ningún lugar del Código. Ahí me avisaron que seré imputada por una cantidad de delitos delirantes".
Eso fue el relato de Shujman acerca de una ofensiva en su contra que no experimentó ni cuando intervino como abogada de víctimas del terrorismo de Estado en juicios por delitos de lesa humanidad. "Una piensa que se mueve dentro de determinadas reglas de juego, y de golpe resulta que no hay garantías y somos víctimas de semejante operación mediática y judicial. Cuesta rearmarse, pero me formé con la generación del '70 que tuvo determinados valores y coherencia, con compañeros y compañeras dispuestas a dar la vida por un proyecto colectivo. Hay valores que yo no voy a claudicar", afirmó.
Cada referente de la política que ayer se dio cita en la plaza coincidió en deducir que este remedo de lawfare santafesino es la reacción y represalia de estructuras mixtas de corrupción. "El círculo rojo", le llamó el diputado nacional Eduardo Toniolli; el PUS (Partido Único Santafesino), acuñó el diputado provincial Carlos Del Frade.
"Sorprende esta falta de límites. Evidentemente, esta vez me metí con el poder real, real y actual. Me encomendaron una de las tareas más difíciles del Ministerio, estar a cargo de la Agencia de Control Policial, junto con Diego Rodríguez compañero de mil batallas. Él también está imputado. Lo hicimos con mucho compromiso y coherencia, en el marco de la ley, y fuimos implacables. Tratamos de transformar (la ex Dirección de) Asuntos Internos, que es un lugar de muchos expedientes y pocas investigaciones, sobre todo de las grandes. Encaramos muchas investigaciones grandes y no por delitos menores ni por policías de bajo rango", deslizó Schujman a este diario, como para señalar el origen de intereses afectados que ahora desembocan en su persecución judicial.
"Hay detalles que me guardaré para mi defensa en el expediente, pero hay investigaciones de jefes policiales que molestaron mucho y no solo a policías. En breve habrá una imputativa que merece prestarle atención, es una investigación de la Agencia de Control Policial junto con los fiscales (Matías) Edery y (Luis) Schiappa Pietra. Hay altos mandos policiales para imputar", adelantó.
Su gestión, además, permitió conocer que el Ministerio de Seguridad en tiempos de Maximiliano Pullaro usó fondos reservados para pagar la defensa de policías acusados de desaparecer, torturar y matar a Franco Casco. También develó en la investigación del crimen del financista santafesino Hugo Oldani la desaparición de una gruesa suma de dinero que deberían haber custodiado la Fiscalía y la Policía a cargo del caso.
Schujman destacó el detalle de que dos militantes con trayectoria en la defensa de Derechos Humanos –como ella y Rodríguez– hayan sido asignados a la Agencia de Control Policial. "Eso habla mucho del proyecto de seguridad que se quería llevar adelante, y lo hicimos con enorme dignidad y compromiso", dijo.
A la gente reunida en el centro de la plaza, un jueves de ronda de Madres como siempre, Schujman le retribuyó el respaldo. "Gracias por todo este amor, este apoyo me da mucha fortaleza, que no es solo por mí, sé que ustedes entienden la gravedad de lo que está pasando, es un atropello enorme. Cuesta rearmarse, pero me formé con la generación del '70 que tuvo determinados valores y coherencia, con compañeros y compañeras dispuestas a dar la vida por un proyecto colectivo. Y hay gente que por un puesto, un sueldo, se queda callada y acepta cualquier cosa. Hay valores que yo no voy a claudicar".
