Los detalles de la denuncia del empresario Joesley Batista, protagonista del escándalo de corrupción en torno al presidente Michel Temer en Brasil, incriminaron ayer aún más al mandatario del país sudamericano.

Batista acusó a Temer ante la Justicia de haberle pedido sobornos desde el 2010, según detalles publicados ayer por varios medios brasileños, después de que el Tribunal Supremo levantara el secreto judicial a la denuncia del empresario. Batista también sostuvo que oyó a Temer hablar de una posible ayuda con influencias políticas a su correligionario Eduardo Cunha, el ex presidente de la Cámara de Diputados, hoy preso por el caso Lava Jato. El empresario, investigado él mismo también por corrupción, sostuvo haberse reunido unas 20 veces con Temer desde el 2010.

Los documentos y los videos de las declaraciones del empresario en su cooperación con la Justicia para obtener beneficios en su propio juicio (“delación premiada”) fueron ampliamente difundidos ayer en Brasil. Batista entregó a la Justicia un audio de esa charla, que mantuvo con Temer a comienzos de marzo durante una visita nocturna a su residencia. En la grabación, se oye a Temer avalando el pago de un soborno a Cunha en prisión, para que éste no revele detalles sobre la corrupción política. Según uno de los documentos, catalogado como “Anexo 9”, entre el 2010 y el 2011 Batista dice que hasta le pagó a Temer una mesada de 100 mil reales (unos 29.500 dólares) a cambio de diversos favores en el Ministerio de Agricultura, y se compromete a entregar pruebas de ello. 

En el mismo anexo, Batista reveló que Temer lo convocó a su oficina en San Pablo durante el proceso de impeachment. El empresario dijo que Temer le pidió, y él accedió, a pagar el equivalente a 100 mil dólares en efectivo para una empresa de marketing en redes sociales para levantar la imagen de Temer.

Las particularidades reveladas ayer aumentaron la presión sobre el líder conservador, que asumió hace apenas un año el poder tras la suspensión y posterior destitución de Dilma Rousseff, y cuyo mandato acaba a fines del 2018. Esta crisis llevó a partidos de la propia base de Temer a exigir su renuncia. Sin embargo, el mandatario considera que la entrada de Batista, dueño de la procesadora de alimentos JBS, a su casa con una grabadora fue una trampa bien organizada. Batista llegó a un acuerdo con la Justicia que incluye el pago de una multa por valor de 72 millones de dólares. 

El testimonio prestado por el empresario de JBS salpica también a muchos otros políticos, tanto del arco oficialista como de la oposición. Batista  denunció al diputado Joao Bacelar, del Partido de la República, quien lo buscó en su mansión el sábado anterior a la votación de la Cámara de Diputados. “Bacelar me mostró una lista de 30 diputados que estaban vendiendo su voto a 1,5 millón de dólares cada uno. Yo negocié bajar el precio y dije que le pagaba a apenas cinco”, comentó. Finalmente, confesó que pagó un millón de dólares a cada diputado y que la acción, según le contó Bacelar, estuvo monitoreada por el ex ministro de Economía Guido Mantega, del Partido de los Trabajadores (PT) de la ex presidenta Dilma Rousseff.

Por otro lado, Batista delató ante la justicia que dispuso de 150 millones de dólares en una cuenta a su nombre, en Estados Unidos, para financiar las campañas electorales del PT de los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff. Batista dijo que puso dos cuentas corrientes personales en Nueva York que eran operadas por Mantega. “El dinero fue usado en gastos de campaña. Guido Mantega me dijo que 80 millones de dólares eran de la era Lula. Y otros 70 millones de dólares eran para Dilma. En el 2014 se terminó la cuenta y no me pidieron más”, dijo Batista, según el vídeo liberado por el Supremo Tribunal Federal.

En comunicados, Rousseff y Lula negaron las acusaciones y dijeron que nunca pidieron dinero al empresario. En el video no queda claro si este dinero era retirado por Mantega o por otro dirigente del PT. Batista dijo que Mantega le decía que Dilma y Lula sabían de esta financiación ilegal depositada en Estados Unidos. Batista dijo que el tesorero de la campaña de Rousseff en el 2014 lo convocó para que use el dinero para financiar las campañas de los partidos aliados al PT y que respaldaban a Dilma.

Esta es una nueva acusación que involucra a Lula, procesado en cinco causas en la Operación Lava Jato. Joesley Batista, que tiene un hermano también delatando a políticos, dijo que pagó sobornos a funcionarios que administraban fondos de pensión en los que la empresa tenía participación y servían como financiación para la expansión de la empresa. Sin embargo, Wesley Batista dijo que nunca pagó sobornos durante la era de Lula o de Rousseff para lograr préstamos en el Banco Nacional Económico y Social (BNDES) para acceder a créditos subsidiados.

El dueño de JBS también reveló que Rousseff le pidió unos diez millones de dólares para la campaña del actual gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. El empresario dijo que no quería aparecer como un gran aportante de la campaña, y entonces la solución encontrada por los políticos fue que JBS le comprara el tres por ciento a los concesionarios del estadio Mineirao, el estadio donde Brasil perdió 7 a 1 contra Alemania en la semifinal del Mundial 2014.

A su vez, al grito de “ladrón”, desembarcó a Brasil proveniente de Nueva York el diputado Rodrigo Rocha Loures, un íntimo aliado del presidente Michel Temer que fue filmado, en una operación de seguimiento de la policía, recibiendo una valija con el equivalente en reales a 150 mil dólares en sobornos pedidos a JBS. Rocha Loures fue asesor personal de Temer hasta marzo y se desempeña como diputado del Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil. Batista montó con la policía federal un operativo para filmar la entrega al diputado del dinero en una valija con chip de seguimiento en una pizzería de San Pablo. 

Según la acusación del fiscal general, Rodrigo Janot, Temer le pidió a Batista negociar con Rocha un asunto en el órgano de regulación de la competencia, por lo que el diputado pidió que ese trabajo, que iba a rendirle mucho dinero al frigorífico, tenía un costo de 500 mil reales (150 mil dólares) mensuales durante 20 años. El diputado volvió de Estados Unidos tras participar de un evento organizado por el alcalde de San Pablo, Joao Doria, considerado un presidenciable para el 2018. El Supremo Tribunal Federal suspendió del cargo a Loures Rocha.