Paula Litvachky: "El Poder Judicial nunca controló el sistema de inteligencia"

Desde la detención de Marcelo D’Alessio hace ya casi tres años, la actividad ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos apareció como un tema urgente para la intervención de los tribunales y de la política. No son pocas voces las que reclaman una reforma que siente las bases para cambiar el sistema de inteligencia en la Argentina y garantizar un “Nunca más” del espionaje político y de la promiscuidad entre espías, fiscales y jueces.

La de Paula Litvachky es una de esas voces. Directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue una de las expertas que trabajó en una de las propuestas para reformar la Ley de Inteligencia. La abogada dialogó con Página/12 acerca de cuánto se reconstruyó en los tribunales, las dificultades de una justicia federal para investigarse a sí misma y la falta de una política clara para perseguir penalmente estos delitos. 

--¿Para qué han servido hasta ahora las investigaciones sobre el espionaje durante el macrismo?

--A mí me parece que las causas judiciales permiten correr la cortina de ese funcionamiento ilegal que tenía la AFI, que se superpone con una historia atada al espionaje político. Lo que hace el conjunto de estas causas judiciales es mostrar la profundidad del armado asociado al espionaje político y la relación muy promiscua con el Poder Judicial, sobre todo el federal. Todo este entramado tenía una fisonomía bastante particular por lo que se conoce de la mesa judicial. Ahí había una estrategia de gobernabilidad. Existía un solapamiento entre hacer inteligencia sobre las hipótesis de tus opositores políticos y tener inteligencia sobre las hipótesis de la conflictividad social porque son herramientas para gobernar más tranquilo.

--¿Cómo construye el macrismo este entramado vinculado al aparato de inteligencia?

--Hay una decisión de desembarcar en la AFI y eso explica por qué ponen a (Gustavo) Arribas y a (Silvia) Majdalani. Majdalani tenía una experiencia importante sobre cómo funcionaba la Agencia por haber pasado tanto tiempo en la Comisión Bicameral. Me parece que se armó un dispositivo bien complejo para gobernar estructuras sobre las que no tenía gobierno o las que gobernó históricamente el stiusismo. Todo ese armado tiene a (Juan Sebastián) De Stefano en Jurídicos, que funcionaba como una AFI paralela y pretendía tener el monopolio de la relación con Comodoro Py y con el resto de la justicia federal en contraposición de lo que se conoce como la estructura de “La Casa”. La construcción tiene continuidades sobre la utilización de Comodoro Py y de la justicia federal como herramienta para hacer política, aunque no como los años anteriores, y con una lógica muy clara de desembarco con características muy propias y muy brutales. Sin duda, hubo una decisión de desarrollar esa política, de hacerlo bajo cualquier consecuencia y con una sensación de impunidad. Esto estaba decidido como política de gobierno del mismo modo en que (Gerardo) Morales tomó la decisión de que no podía gobernar si no hacía algo con Milagro y con la Túpac. Los primeros DNU de Macri tuvieron que ver con restablecer el secreto absoluto en la AFI y sacarle las escuchas al Ministerio Público Fiscal, a cargo en ese momento de (Alejandra) Gils Carbó, para entregárselas a la Corte.

--Usted menciona a la mesa judicial, pero hasta ahora los únicos avances que se registran en investigaciones tienen que ver con el rol de los espías de la AFI. ¿Solo se puede circunscribir a eso el espionaje?

--Yo creo que la prueba que conocimos en este tiempo no deja dudas sobre la responsabilidad de los funcionarios políticos. El juez (Martín) Bava lo dice en el procesamiento del ARA San Juan: es importante entender el circuito de la información, saber a quién le llegaba esa información porque quien recibía la información producida ilegalmente es parte también de ese mismo funcionamiento. Después están las discusiones de cuánto se va a lograr probar y cuánto las defensas van a lograr embarrar. Además no nos olvidemos que quien investiga es la justicia federal, que es la misma que está involucrada en todos estos hechos. Permítanme dudar un poco de cómo se van a plantear estas investigaciones, además de todos los problemas de investigación que tiene la justicia federal en términos generales aun si uno pensara que están a cargo personas intachables. También es muy importante que el Ministerio Público Fiscal hoy no tenga una estrategia unificada sobre cómo encarar estas causas. A mí lo que más me está preocupando es cómo se permite empantanar ciertas causas por las discusiones de competencia o porque se dividen todas las causas o porque se juntan todas y se arma una causa tan grande que no se puede investigar nada. Hay que pensar una estrategia de persecución penal más clara. Por lo que ya se sabe o por lo que ya identificó la Comisión Bicameral, uno se puede hacer un panorama de lo que pasó. Hay también responsabilidades políticas e institucionales para pensar cómo reformar o hacer funcionar distinto el sistema de inteligencia en su conjunto. Todo lo que conocemos como la comunidad de inteligencia hay que desarmarlo.

--¿Se podría resumir diciendo que las investigaciones penales son importantes pero no alcanzan y que hay que avanzar hacia una construcción de la verdad de lo sucedido?

--Una construcción de la verdad y de los problemas político-institucionales que se advierten y que a veces no necesariamente pueden ser judicializados pero que son muy importantes. Yo no le quito importancia a la cuestión penal. Por ejemplo, después del informe que la Bicameral hizo sobre la intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), de la relación que tenía con el área de Jurídicos de la AFI y de las intervenciones que hubo por parte del Poder Judicial en cuanto a las escuchas y las filtraciones, eso ya da un montón de cuestiones político-institucionales para entender que la oficina de escuchas no puede seguir en el ámbito de la Corte.

--¿Y por qué no se discute ese tema si están esos elementos?

--Hay todavía demasiada reacción por parte de la oposición para sentarse a conversar y generar estos cambios. Si uno ve las reacciones cuando se conoció el video de la Gestapo sindical, se ve que terminaron, de alguna manera, convalidando lo que estaba pasando ahí. Dentro del sistema político, y en algunos casos cercanos al oficialismo, no hay un planteo de modificar el funcionamiento del sistema de inteligencia sino de responsabilizar a quienes tienen que responsabilizar por esto que se conoce pero no necesariamente cambiar la lógica de funcionamiento sino sostenerla porque es una herramienta de gobernabilidad. Es un debate que no es fácil de dar, pero queda a las claras cuáles son las consecuencias de esto: la afectación de derechos de sectores a los que defiende el campo popular porque son los que menos posibilidades tienen de defenderse de estas herramientas estatales. Creo que todo lo que fue la causa del Memorándum o la causa Nisman muestra la capacidad de este entramado de desestabilizar gobiernos populares y ahí hay que pensar mucho qué herramienta es necesaria para que esto no te pase.

--El gobierno dispuso una intervención en la AFI y rompió con la tradición de la Agencia como auxiliar de justicia, ¿por dónde habría que seguir?

--Lo de la reforma de la ley de inteligencia para que no puedan funcionar más como auxiliares de la justicia es un cambio muy puntual pero trascendente. Lo otro es cómo se transparentaron y se disminuyó sensiblemente el caudal de fondos reservados. Hubo también avances en relación con el secreto en la apertura de cierto nivel de información que antes estaba totalmente blindado. Lo que me parece es que el sistema político --no solo la AFI o el gobierno-- quedó trabado a la hora discutir y generar los espacios políticos y la correlación de fuerzas necesarios para refundar el sistema, que es el planteo que nosotros veníamos haciendo desde el consejo consultivo con otras organizaciones y otros referentes.

--¿Por ejemplo qué es lo que hay que cambiar?

--Por ejemplo que no se piense a la AFI como una agencia con facultades policiales, que sea una agencia de análisis de información sobre los temas estratégicos que son definidos en un sistema democrático por el gobierno democráticamente elegido y en algunas decisiones por el Congreso. Hay todo otro componente que nosotros promovemos que tiene que ver con todo el sistema de controles asociados al sistema de inteligencia. Hay que mejorar el control parlamentario. Estamos viendo qué importante es el funcionamiento de una Bicameral en donde oficialismo y oposición se ponen de acuerdo en algunos controles, pero todavía falta un montón discutir: cuáles son las funciones que debe tener esa Comisión Bicameral, cómo es su estructura de funcionamiento, cómo es el staff. Uno lo que ve es que quienes son miembros de la Comisión Bicameral después pasan a la AFI o viceversa. Esa especie de puerta giratoria tiene sentido porque cuando uno es gobierno gobierna y cuando es oposición controla, pero creo que hay que armar un equipo que funcione más con una perspectiva de control. El otro componente de control tiene que ver con el control judicial. Está claro que el Poder Judicial no controló nunca cómo funciona el sistema de inteligencia. Nosotros proponemos que los jueces roten, que no sean siempre los mismos, que no estén atados a los turnos de las causas judiciales. Nosotros sugerimos que se cree un ombudsman o algo vinculado a la afectación de la privacidad. Hay que discutir qué información puede ser secreta o no en todo el Estado y que el Estado tenga sus propias políticas de desclasificación activa.

--Usted habla de la relación promiscua entre Poder Judicial y servicios de inteligencia. ¿Comienza con la investigación del caso AMIA o es anterior?

--Posiblemente antes de AMIA hubiera algún tipo de vínculo o alguna causa en particular, pero AMIA y básicamente la gestión de (Hugo) Anzorreguy es como el punto de inflexión que decide que ésa es una práctica que les va a dar una herramienta muy potente para sus objetivos políticos. Por ser un atentado terrorista --sin una normativa que lo ampare–, AMIA le da la posibilidad al juez de la causa a decir "no me alcanza con la policía para investigar esto". AMIA y la excusa del terrorismo internacional es la puerta de entrada perfecta para meter a la SIDE en el juzgado de (Juan José) Galeano y que tuviera a su cargo la investigación del atentado. Una vez que mete a la SIDE en la investigación junto con la Policía Federal --porque lo pone Jorge "Fino" Palacios a investigar en paralelo-- se empieza a construir este entramado que no se separó nunca más.

--Anzorreguy también significó el desembarco de los grandes estudios en la SIDE.

--Por supuesto. Lo que hay que entender es que él estaba pensando en su experiencia en la justicia federal y decide que con los fondos reservados iba a manejar a la justicia federal, que es la que le podía generar algún tipo de problema ante determinadas decisiones políticas que se tomen. No es una cuestión de corrupción meramente de lo que estamos hablando, es una cuestión de gobernabilidad que a lo largo de los años se fue viendo con claridad. Cuando se discutió la Ley de Inteligencia en 2001, se dejó por presión de la propia "Casa" la posibilidad de que los jueces convoquen a la Secretaría de Inteligencia a hacer investigaciones criminales y esa fue la convalidación de esa puerta de entrada que abrió AMIA y que se fue extendiendo a partir de los años ‘90. Esto se terminó de cerrar en 2020, muy positivamente, con el decreto de Alberto Fernández.

-- Desde el CELS ustedes señalaron que actualmente la Corte Suprema tiene algunos de los vicios que históricamente tuvo la justicia federal --como la presencia de operadores o las discusiones que dispara la presencia de la oficina de escuchas--, ¿cómo caracterizaría el presente del máximo tribunal?

--La Corte tiene un rol político muy importante en los mensajes que da hacia adentro del Poder Judicial. En los últimos tiempos venimos conociendo nuevos detalles de este funcionamiento muy irregular de la justicia federal y conocíamos lo que pasaba con las investigaciones de (Claudio) Bonadio --incluso el chiste de que el juzgado era la embajada porque no regía la ley argentina--, pero ningún tribunal superior intervino para que rigiera la ley argentina. Mantenerse ajeno a esos debates lo hace parte de ese sistema que hay que modificar. Tener a la DAJuDeCO, haberla hecho crecer con las filtraciones de escuchas que hubo y haber aceptado que se la den después de un DNU que no tenía ninguna razón de ser, es parte del problema. Hay decisiones que la Corte Suprema tiene que bajar como hizo con el caso de las subrogancias y los traslados. Pero ese tipo de intervención a través de un per saltum, ¿da el mensaje correcto?

--Ustedes lo que dicen es que la Corte interviene con el termómetro político, ¿no?

--Exactamente. Sin tener una posición ingenua --y como decía (Enrique) Petracchi, todo juez es político--, el tema es si está en la coyuntura política para dar un mensaje correcto o si está interviniendo por oportunismo político. 

¿Por qué Paula Litvachky?

“En el CELS desde Cemento”, dice la biografía que la revista Crisis ofrece de Paula Litvachky, una de sus columnistas en temas de justicia e inteligencia. La abogada ingresó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 2004 después de un paso por la Fiscalía de Política Criminal y Derechos Humanos de la Procuración. Desde febrero de 2020, se convirtió en la primera mujer en llegar a la dirección ejecutiva del organismo fundado en 1979. En el último tiempo integró el consejo consultivo convocado por la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) junto con otros expertos y expertas para pensar una reforma de lo que el presidente Alberto Fernández denominó “los sótanos de la democracia”. En la academia, su tema de trabajo es la relación entre el sistema de justicia y el sistema de inteligencia. En diálogo con Página/12, relata que esas relaciones se volvieron el foco de su interés después de trabajar con dos causas especialmente sensibles para la democracia argentina: el atentado a la AMIA y su encubrimiento así como el asesinato de Mariano Ferreyra.