“No puedo creer que pasó un año de este evitable femicidio. Parece que fue ayer. Es un abrir y cerrar de ojos y una sigue sangrando. No tengo consuelo, sí mucho dolor. Con 53 años siento que me estoy secando en vida”, expresa a Página/12 Patricia Nasutti, mamá de Ursula Bahillo, la joven asesinada en la ciudad de Rojas por su expareja, un policía bonaerense condenado a prisión perpetua. A un año del hecho se realizarán en la plaza San Martín de esa localidad "una juntada de mamás y papás del dolor" y una misa. Los padres de Ursula piden ahora la destitución de dos jueces y responsabilizan a la Municipalidad y el personal de Seguridad local por el crimen.

El femicidio de Ursula Bahillo

Ursula fue hallada el lunes 8 de febrero cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a 13 kilómetros de Rojas. Un tío del imputado se comunicó con el 911 porque el asesino, Matías Ezequiel Martínez, le había confesado en un llamado que "se había mandado una cagada". Al llegar al lugar, la Policía encontró a la chica asesinada y a Martínez herido, ya que después de cometer el crimen se clavó el arma homicida en el abdomen. Trató de escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó detenido. El 22 de febrero de 2021 lo condenaron a cuatro años de prisión por los delitos de "lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas" en el marco de una causa iniciada por otra expareja. En diciembre, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín lo sentenció a perpetua por "homicido doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio" por el asesinato de Ursula. La causa fue instruida por el fiscal Sergio Terrón, titular de la UFI 5 de Junín.

El caso conmocionó al país por varias razones, especialmente por tratarse de un femicidio claramente anunciado: tanto Ursula como su mamá se habían acercado varias veces a la Comisaría de la Mujer de Rojas para hacer denuncias. El policía, que estaba de licencia psiquiátrica, arrastraba un historial de violencia. Ursula también gritó en las redes su padecimiento. Además, la historia colocó en la agenda mediática la importante proporción de femicidios "de uniforme" --los cometidos por agentes o exagentes de fuerzas de seguridad-- en la totalidad de femicidios que ocurre en el país: son el 20 por ciento según cifras de la Correpi.

Patricia adelgazó 45 kilos luego de que mataran a su hija. Se mueve con custodia de la Policía Federal. No sale de su casa ni para ir al supermercado. No tiene ganas de nada. "El santo padre me mandó un rosario, te da la palabra justa, pero ni el papa te da el consuelo. Todas las noches la lloro. Veo si llueve o sale el sol por las cámaras. Perdí hasta el perfume, el olor a la vida. Siquiera puedo oler las flores que le ponemos a Ursula... Fue una nena muy buscada durante diez años con un tratamiento. Era hija única y muy mimada. Hay mamás a las que les quedan otros hijos. No es que reemplazás a ese hijo que te falta... pero pueden llenar el vacío, quizás", dice. La habitación de la joven, en una casa ubicada en el centro del pueblo, continúa intacta. Su papá, Adolfo Bahillo, cuenta que prenden el televisor toda vez que juega River, equipo del que ella era fanática. "En el lugar donde fue asesinada hicieron una casita, en el camino de tierra. En la ciudad había un monumento donde los chicos ponían velas y otras cosas, pero hubo problemas con el intendente que ahora es diputado (Claudio Rossi). Tuvo su premio. Un día sacaron todo; se armó kilombo con los chicos. Otra chica pinta murales alusivos a Ursula", comenta el hombre.

Al comparar su situación con el calvario que viven otros padres para quienes la Justicia no llega, Patricia se siente "bendecida": "Alguien puede preguntarse ¿qué está diciendo esta mujer? Lo digo porque hay víctimas que lamentablemente no tienen una sentencia". No obstante, los papás de Ursula se mantienen firmes en la idea de que a Ursula no la mató sólo Martínez, sino que "la mató el sistema". Esperan que se investigue a dos jueces y piden su destitución. También responsabilizan al personal de Seguridad local y al de la Municipalidad. 

La responsabilidad de los jueces

Los papás de Ursula ponen el foco en el accionar del juez Marcelo Romero, subrogante del Juzgado 1 del Departamento Judicial de Mercedes. "Le habían hecho una cámara gesell a una criatura con capacidades diferentes (por abuso sexual de parte de Martínez, en diciembre de 2020). Le salió positivo. El fiscal ordenó su detención, pero Romero estaba de vacaciones, en la pileta, hacía calor. No quiso abrir la fiscalía y no lo detuvo", explica Patricia. El juicio oral y público por este caso está pendiente.

También señalan al juez de Paz de Rojas, Luciano Callegari, quien "nunca escuchó las denuncias, las desestimó, miró para otro lado". "Desestimó las violaciones de perimetrales. Decía que Martínez no era peligroso; me la dejó a la merced. La Municipalidad de Rojas es responsable también. El mail con la orden de dar un botón antipánico del juez de paz llegó un día después del crimen". De acuerdo a información publicada por Télam, sobre Callegari pesa actualmente un pedido de juicio político impulsado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (Copreviol), por considerar que "el magistrado mostró negligencia e incumplimiento de sus deberes".

"Martínez venía, además, con una causa por maltrato y amenaza con el arma reglamentaria cargada a la expareja. Si el sistema funcionara como debería funcionar no tenía que estar libre y no hubiera llegado a hacer lo que hizo. Esto fue una asociación ilícita", dice Adolfo. 

"Los dos jueces tienen denuncias jury. Y tengo 15 denuncias penales hechas a gente involucrada. Ya se llamó a varias personas a declarar. Van declarando y nombrando a otras que no están denunciadas. No puedo decir quiénes son porque le rompo la causa al fiscal", agrega Patricia. Adolfo grafica con un recuerdo la red de complicidades. El tenía una confitería-heladería frente a la plaza principal, a tres cuadras de la comisaría. Estaba trabajando cuando notó que quienes pasaban por la puerta del local lo miraban con desconcierto: al parecer, todos ya sabían que Ursula estaba muerta, menos él y su esposa: "No se dignaron a ir a buscarme la Policía, nadie de Seguridad ni de la intendencia. Fui a la comisaría y me di cuenta de lo que había pasado. En general no existe ni una persona que te reciba y de repente había 50, 100 personas. Dije: 'perdiste, Bahillo'. Le di una trompada a una ventana. Me dieron ocho puntos en el brazo". "Policías removieron un montón, pero los cambiaron de comisaría. Fue para calmar un poco a la gente. Asuntos Internos inició una investigación, pero no sé en que estado está. Se los investiga porque Ursula fue un domingo a hacer la denuncia y le dijeron que volviera el lunes. El lunes la mataron", informa a este diario Emiliano Basso, abogado de los padres de la víctima.

Petitorio en Change.org

Por otro lado, la mamá de Ursula está juntando firmas en un petitorio de Change.org para pedir al Estado que promueva medidas para evitar que se repitan casos como el de su hija. Algunos de los puntos principales del documento son: la adopción de medidas de protección "oportunas, efectivas e idóneas acorde con la situación de riesgo que afrontan la víctima y sus familiares" y con un "adecuado seguimiento judicial de su implementación y ejecución"; implementar patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género "de forma inmediata y urgente" en toda la provincia; establecer fiscalías especializadas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal provincial y oficinas de violencia de género dentro del ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. También, asegurar "en tiempo y forma" la provisión de botones antipánico y otros dispositivos electrónicos de geolocalización (tobilleras electrónicas) para el efectivo cumplimiento de medidas de restricción y promover la creación de un registro nacional de denuncias de violencia de género y su seguimiento por parte de equipos interdisciplinarios.

Encuentro en Rojas

Este martes a las 18 en Rojas habrá una "juntada de mamás y papás del dolor" y luego una misa. Patricia, para quien es muy nítido el recuerdo de la represión el día en que Rojas se movilizó por lo ocurrido --ella fue esposada e incluso la patearon en la espalda y la pierna; pide que el ministro Sergio Berni actúe sobre los responsables de esa respuesta policial--, no usa la palabra marcha. "No vamos a caminar. No vamos a quemar. No vamos a hacer nada", aclara. Acompañarán a Adolfo y Patricia amigos, vecinos y organizaciones, como Atravesados por el Femicidio, Matanza Duele y Víctimas y Familiares de Femicidios. Puede que se acerquen Graciela Sosa y Fernando Báez, los papás de Fernando Báez Sosa. Precisamente, una de las últimas veces que Patricia salió de su casa fue para ir a Villa Gesell a participar del acto en conmemoración del segundo aniversario del homicidio del estudiante de derecho en manos de una patota de rugbiers. "Me trajo el dolor de perder a tu único hijo, en nuestro caso, nuestra única hija", decía entonces, con la remera con la foto de Ursula.

Qué cambio después del caso

"Pensamos que (el femicidio de) Ursula iba a marcar un antes y un después. Pero en enero de este 2022 tuvimos 38 femicidios. Es una locura. Esto no terminó. Y en Rojas siguen pasando un montón de cosas que se tapan", se lamenta Patricia. Según datos de la Correpi, después del crimen de Bahillo hubo otros 25 femicidios de uniforme, es decir, en manos de agentes o exagentes de fuerzas de seguridad. "En nuestros números representan el 20 por ciento de los femicidios. Es decir, una de cada cinco mujeres que es víctima de violencia machista y patriarcal es víctima de violencia estatal. El dato importante es que el 90 por ciento de los femicidios de uniforme se comete con el arma reglamentaria, por eso jodemos con que saquen su uso cuando el miembro de la fuerza está fuera de servicio. Se reducirían también en un 50 por ciento los casos de gatillo fácil", detalla María del Carmen Verdú, titular del organismo.

Desde el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad aseguran que el caso "marcó un punto de inflexión". Informan que hicieron una denuncia penal para la investigación de funcionarios judiciales y policiales que intervinieron en las advertencias realizadas por Ursula previamente y expresan que "hace falta una reforma judicial en clave feminista". Destacan que en los últimos años se haya avanzado en la creación de áreas de género municipales y provinciales, equipos interdisciplinarios, dispositivos de protección y redes territoriales de asistencia. En el plano estatal, el femicidio de Rojas dejó su huella en la creación por decreto del Consejo Federal de Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. 

Ileana Arduino, abogada especializada en violencia de género, directora del área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), hace esta lectura: "Las formas de trabajo no tuvieron transformaciones significativas. Hay algún énfasis en el uso de pulseras electrónicas. De todas formas, el caso de Ursula, por lo que circuló en los medios, no es un caso de falta de llegada por la vía de la denuncia, sino una demostración cabal de cómo la dinámica del expediente transforma los conflictos y su dinámica en un 'caso'. La lógica de la burocracia sigue los pasos del trámite pero se desentiende de los resultados concretos, confundiendo 'tramitar' papeles con gestionar un conflicto". Una tarea pendiente es "avanzar en la detección oportuna de riesgos, en particular del riesgo letal". "Las respuestas siguen centradas en la prohibición de acercamiento, que está sujeta siempre a límites temporales y a la voluntad de las personas cauteladas. Todo el esfuerzo se agota en medidas de restricción sin pensar en la gestión de factores asociados al conflicto", concluye la especialista.